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Si algo ha dejado claro el debate que en la última semana se ha dado en torno al aumento de cultivos ilícitos en el país es que, más allá de la precisión en las cifras, existe una realidad inocultable: la guerra contra las drogas no se está ganando, las estrategias para golpear el negocio del narcotráfico han sido insuficientes y el problema requiere una estrategia integral que involucre tanto a los países productores como a los consumidores.
Y las cifras lo demuestran. La producción global de cocaína -según el Informe Mundial sobre Narcóticos de la ONU- llegó a cifras históricas, alcanzando 1.410 toneladas en 2016 y Colombia sigue siendo el mayor productor registrando además un aumento del 11 % de los cultivos de coca. Mientras en 2016 el número de hectáreas cultivadas llegaba a 146.000, en 2017 alcanzó la cifra histórica de 209.000, lo que representa un incremento del 11 %, según cálculos de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca.
Aunque aún no se conocen los datos oficiales del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU, cuyo informe anual se espera sea revelado en los próximos días, se sabe que los números serán similares y mostrarán la evolución del fenómeno en los territorios con tradición cocalera, la forma en la que se ha transformado el negocio como consecuencia de la salida de las Farc y las dinámicas de la estructura que se disputan ahora el control de las economías ilegales en las regiones.
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En cualquier caso, los números revelados por Estados Unidos sobre hectáreas de coca en el país dejaron en el ambiente un sinsabor respecto al alcance de las estrategias del gobierno de Juan Manuel Santos para impedir el aumento de cultivos, que pusieron sobre la mesa el debate de qué tan efectivo ha sido el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos e incluso llevaron al Gobierno a acudir de nuevo a la aspersión con glifosato, pero esta vez a través de drones.
Una medida que responde, de alguna forma, a las voces que desde diferentes sectores han señalado que el incremento de cultivos se debe a la no aspersión de cultivos y a que las medidas para combatir el problema no han sido lo suficientemente contundentes en los últimos años. Aun así, la idea también tiene fuertes contradictores que no sólo consideran que representa un retroceso en la lucha contra los cultivos de coca e incluso una contradicción en el discurso del presidente Santos, sino que aseguran además que los drones no serán efectivos y a largo plazo llevarán al regreso de la aspersión aérea.
Para Pedro Arenas, coordinador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores declarados ilícitos, la aspersión a través de esta tecnología no representará un gran cambio frente a las metas de erradicación y tiene además varias complicaciones en la práctica. “Han dicho que van a arrancar con 10 drones, eso es tres hectáreas por dron, si les funciona. Los drones tienen una autonomía de vuelo muy corta, es decir, tendrán que estar bajándolos a tierra para tanquearlos de veneno frecuentemente. Implica que tengan tropas alrededor de la zona donde hacen la operación. De todas maneras, ponen en riesgo a los servidores policiales o militares que están ahí, porque se trata de contextos donde hay grupos armados. Lo que van a probar de aquí a diciembre es que los drones son ineficientes y van a reclamar la fumigación con aviones, tal como se hizo antes”, refiere.
Sin embargo, el fenómeno es mucho más complejo y en él confluyen factores que pueden provocar sus variaciones, sobre todo entendiendo que el mercado ilícito de las drogas en Colombia ha estado siempre ligado al conflicto armado y que si bien es cierto que las Farc dejaron de existir como actor ilegal con presencia en el territorio, también lo es que existen otras fuerzas irregulares -cada vez más robustas- que siguen controlando las primeras cadenas del negocio: cultivo y producción.
Un informe de la Fundación Ideas para la Paz, por ejemplo, pone sobre la mesa cuatro hipótesis que podrían dar luces para entender por qué los cultivos de coca continuaron creciendo en 2017: la recomposición del narcotráfico en las zonas que eran de influencia de las Farc, los bajos niveles de erradicación manual y sustitución en enclaves determinantes para la producción, el aumento en la incautación de cocaína y los efectos de la sustitución de cultivos como coletazo del proceso de paz con las Farc.
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En el primer punto, señala la FIP, se trata del reacomodo de fuerzas territoriales tras la dejación de armas de las Farc, pues en muchas zonas la exguerrilla funcionaba como un sistema de regulación, “alrededor del cual se movían otros agentes, que podían comprar pasta de coca a los precios fijados por la organización guerrillera: redes transnacionales, comerciantes de insumos químicos, grupos delincuenciales, entre otros”.
Un reacomodo que, según Hernando Zuleta, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, se refleja claramente en que en 2017 comenzó a crecer nuevamente la tasa de homicidios en municipios cultivadores. “En particular, esto sugiere que hay un problema de control territorial en varios de los municipios cultivadores, principalmente en Tumaco, en la zona del Catatumbo y en sitios donde hay presencia de uno o más grupos armados”, sostiene.
Sin embargo, señala, para ver si esta hipótesis explica el fenómeno es necesario analizar si esos municipios donde aumentan los cultivos son también municipios a los que están llegando nuevos compradores, un escenario que hace que la competencia por ocupar el espacio que dejó las Farc derive en el incremento de la violencia.
Sobre todo si se tiene en cuenta que en algunas zonas esos nuevos compradores están conectados con reconocidos carteles mexicanos, como el de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación. La clave en estos casos, de acuerdo con Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, tiene que ver con el control del eslabón de la distribución en toda la cadena. “Las disidencias del frente Óliver Sinisterra -que está en el sur- y unas disidencias de las Farc que son las de Iván Mordisco, Jhon 40 y Gentil Duarte, que era el bloque Oriental, son las que se están disputando el negocio en los tres grandes departamentos del sur (Nariño, Caquetá y Putumayo). En Norte de Santander la pelea es entre el Eln, las bandas criminales y los Pelusos”.
En Nariño, por ejemplo, existe algo así como la compra de franquicias del cartel de Sinaloa: “Les compran a los mexicanos el derecho a usar el nombre del cartel. Todo el mundo, con tal de blindarse en seguridad, comenzó a pagar la franquicia. Es una lógica que hace ver el monstruo más grande, pues la gente cree que eso está lleno de mexicanos y no es tan así”, dice Rosanía.
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Lo que sí puede pasar es que los nuevos compradores quieran apropiarse de todas las etapas del negocio del narcotráfico que, según Hernando Zuleta, está caracterizado por intentos de integración vertical. “El eslabón de la distribución internacional se fue de Colombia hacia México, y no obstante toda la producción y manufactura seguía estando en Colombia. Lo que al parecer sucede es que los carteles mexicanos están tratando de controlar los procesos de producción y manufactura desde la raíz”.
Sobre la segunda hipótesis, la Fundación Ideas para la Paz señala que las acciones del Gobierno para cumplir la meta trazada de disminuir por lo menos 50.000 hectáreas de coca a través erradicación manual no fueron suficientes, pues mientras en algunas zonas hubo mucha intervención de la Fuerza Pública y logró casi un 100 % de efectividad en departamentos como Caquetá, Meta, Guaviare y Vichada, en departamentos claves para la producción de coca, como Putumayo, Nariño, Cauca y Norte de Santander, el nivel de erradicación fue muy bajo.
“Tomando los 11 municipios que concentraron el mayor número de hectáreas de coca en 2016, se encuentra que, con excepción de Tumaco, en Nariño, los niveles de erradicación manual fueron muy bajos. El Estado erradicó donde pudo hacerlo, mientras que varios territorios se configuraron como zonas vedadas para la Fuerza Pública”. A eso se suma que la erradicación forzosa lleva, en la mayoría de los casos, a fenómenos de resiembra que, según la FIP, puede alcanzar entre el 25 y 30 % en los primeros tres meses, y superar el 50 % después de un año.
Es lo que, en palabras de Hernando Zuleta, se conoce como efecto globo, es decir, se puede tener éxito local erradicando coca en un área, pero esa coca va a terminar creciendo en una área vecina, de manera que la capacidad de producción se mantiene inalterada. “Eso sucede porque el cultivador de coca suele ser un individuo que no tiene títulos de propiedad, de manera que puede moverse y cultivar en otras partes y no tiene muchas alternativas de generación de ingresos. Si lo único que le genera un ingreso es la hoja de coca, pues la lógica es simple: ‘listo, me acaban mi cultivo acá y yo voy y busco dónde volver a cultivar’”.
Respecto a la tercera hipótesis, sobre el posible efecto del aumento en las incautaciones de cocaína sobre el proceso de producción, la lectura también es interesante. La FIP sostiene que la cifra histórica de incautación de toneladas de cocaína lograda en 2017 coincide con el incremento en los cultivos ilícitos de coca, y que esto podría haber producido un efecto de compensación, es decir, más hectáreas para cubrir el vacío en la demanda que deja la cocaína que cae en poder de las autoridades.
Eso significa que aunque se pensaba que atacando el proceso de distribución los productores podrían verse afectados, en el negocio de la coca las cosas no funcionan así. Pedro Arenas explica que para compensar lo perdido en las incautaciones se incrementa la producción, incluso tratando de disminuir precios. “Eso se está dando sobre todo en el andén Pacífico, desde el tapón del Darién pasando por Chocó, la Costa Pacífica valluna, caucana y nariñense, donde los costos de producción son un poco más baratos que en la Amazonia y el hecho de estar cerca del mar les permite también abaratar los costos para el transporte”.
Finalmente, está la hipótesis del coletazo del proceso de paz y las implicaciones del programa de sustitución de cultivos. El análisis de la FIP sugiere que hubo una relación entre el aumento de cultivos en 2017 y la expectativa que tenían los pequeños cultivadores de recibir beneficios a cambio de acogerse al programa de sustitución voluntaria y firmar acuerdos con el Gobierno. En últimas, las comunidades creyeron que si tenían más cultivos iban a recibir más ayudas. Según la FIP, la tesis es apoyada por un dato clave: parte de los cultivos que se comenzaron a sembrar en 2015 y 2016, alcanzaron su producción plena en 2017.
Eso se suma a que los resultados de la sustitución voluntaria no son tan inmediatos como los de la erradicación forzosa, pues necesitan tiempo para su implementación y su impacto debe ser analizado a mediano y largo plazo. “Tomando en cuenta lo anterior, el programa de sustitución de cultivos tuvo impactos muy marginales en las hectáreas cultivadas en 2017. A finales de ese año, alrededor de 15.000 hectáreas se encontraban en proceso de sustitución, pero sólo 3.063 habían sido certificadas como erradicadas por las Naciones Unidas”, detalla la FIP.
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Sin embargo, de acuerdo con Pedro Arenas, el problema de fondo radica en que el Gobierno se quedó corto para responderles a las familias que se acogieron voluntariamente a los programas de sustitución, pues aunque decidieron arrancar los cultivos, en algunos casos no recibieron la asistencia prometida. “De las 130.000 familias que en agosto habían dicho que querían salir de la economía ilegal, a la fecha sólo se ha llegando a 77.000 en los pactos y de esas tan sólo unas 43.000 han recibido algún tipo de pago. Hay unos casos dramáticos de gente que ya cumplió el primer año de haber arrancado la coca y a la fecha no hay ni una sola semilla sembrada en reemplazo de la economía de la coca, no hay ningún proyecto productivo ya establecido, ni siquiera sembrado, en función de reemplazar la economía de la coca. Eso pone en graves aprietos la sostenibilidad del programa de sustitución”.
Al ya complejo panorama se suma un factor adicional que también ha sido alertado por expertos como una posible causa del incremento de cultivos, y que vale la pena analizar: el del aumento de la demanda. Néstor Rosanía sostiene que aunque en Colombia se ve el problema como un fenómeno interno, está directamente afectado por las dinámicas del negocio global. “La demanda tiene tres destinos hoy preferenciales. Dos tradicionales y uno nuevo. Los dos tradicionales: Estados Unidos, que sigue siendo el primer consumidor de coca en el mundo, y Europa por la vía Venezuela y por la vía Brasil, por Manaos. La ruta nueva es la de Argentina y Brasil como países consumidores y ya no de tránsito, eso ha sido una lógica nueva”.
Para Rosanía, es a partir de los destinos de salida de las rutas que se crea el vínculo con las zonas en las que hay mayor presencia de cultivos y constante dominio de grupos ilegales. Por ejemplo, una de las rutas fundamentales que tiene salida de droga es por el Pacífico: la costa de Nariño. La droga sale por lo que se llama el Arco del Pacífico, bajando hasta Galápagos para luego abrirse. La otra gran salida es Catatumbo y Arauca, que se da por vía terrestre hacia Venezuela, desde donde sale hacia Centroamérica, en el Arco del Caribe, ampliando lo suficiente la ruta para evitar radares y llegar a República Dominicana, caer a los países centroamericanos y luego a México.
Esta mirada desde el punto de vista de los países consumidores plantea un debate aún mayor: mientras exista una demanda de 600 toneladas de cocaína, en algún lugar se van a producir. Como concluyen los más pesimistas: la única vía para que Colombia sea un país libre de cultivos de coca es que inventen una forma de sintetizar la cocaína en laboratorios de los países consumidores.