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La violencia se volvió a tomar Nariño. En menos de una semana han sido asesinados dos estudiantes, en el municipio de Leiva; dos disidentes de las Farc, en Magüí Payán, y en la mañana del domingo se confirmó una masacre en Samaniego, donde murieron ocho jóvenes. Según testigos, treinta personas compartían un asado en una casa, a cinco minutos del pueblo, cuando llegó un grupo de encapuchados en una camioneta y dispararon con fusiles de manera indiscriminada.
Cinco jóvenes fallecieron al instante, tres más fueron gravemente heridos y trasladados al hospital de Samaniego, donde murieron minutos después. También hubo heridos, pero, según la Gobernación, no pudieron contarlos porque prefirieron no asistir a un centro médico a causa del pánico. Al cierre de este edición, las autoridades no habían esclarecido quiénes son los responsables.
(Lea también: Estas son las víctimas de la masacre de Samaniego, Nariño)
Las ocho víctimas eran jóvenes entre los 17 y 26 años. La mayoría, estudiantes: Óscar Andrés Obando (17 años), Daniel Vargas (22 años), Laura Michel Melo (19 años), Campo Elías Benavides (19 años), Bayron Patiño (23 años), Rubén Darío Ibarra (24 años), Jhon Sebastián Quintero (24 años) y Brayan Alexis Cuarán (25 años). Además de ellos, también se encontró muerta a Yésica Zúñiga Jaramillo, de 26 años, en otro barrio. La causa de su asesinato no ha sido esclarecida, pero no está relacionada con la masacre.
Después del hecho, el desconsuelo y la angustia no sólo embargaron a Samaniego sino a todo el departamento. Jhon Alexánder Rojas, gobernador de Nariño, la situación amerita un abordaje más profundo. El mandatario advirtió que se vive una de las peores crisis humanitarias. En entrevista con este diario, dijo que la revisión del Acuerdo de Paz, firmado en 2016 con las extintas Farc, y el diálogo con los actores armados son tareas urgentes para acabar con esta nueva etapa de violencia.
¿Cómo califica la situación actual de Nariño?
Estamos en una anarquía, un desorden total en Nariño. Hay un recrudecimiento de la violencia en varios lugares: Policarpa, Leiva, zona rural de Tumaco, especialmente en Llorente. Hay una pérdida de control, porque los espacios que dejó la guerrilla de las Farc fueron ocupados por delincuentes, estructuras de disidencias, el Clan del Golfo y la delincuencia común, que se disputan las rutas del narcotráfico. El Ejército y la Policía no tienen una capacidad resolutiva. Hacen presencia en algunos territorios, como pueden. Estamos preocupados y nos sentimos muy impotentes por lo que está sucediendo. No nos queda más que encomendarnos a Dios para que esto pare.
Usted lleva pidiendo este auxilio al Gobierno nacional toda la semana...
No queremos más impunidad en estos hechos. No queremos más violencia en el departamento. Le hemos pedido al Gobierno que haya una presencia integral del Estado. Necesitamos abrir una mesa de diálogo para saber qué ocurre en Nariño. Aunque también estamos convencidos de que debe ser un diálogo de país. Mire usted la masacre de Cali. Las circunstancias nos obligan a unirnos y a acercar la institucionalidad. Hay que hacer una revisión urgente del Acuerdo de Paz, firmado en La Habana (Cuba). Cuando se firmó, llegó la tranquilidad al departamento. Todo estaba bien. Han pasado tres años, pero ya que no se ha implementado como se debería, pues la situación empeoró.
¿Qué puntos del Acuerdo final cree que no se han implementado y aumentan la violencia?
El tema de la sustitución de cultivos ilícitos. La erradicación forzosa lleva a la confrontación entre la comunidad y el Ejército. Aunque los campesinos han firmado acuerdos de sustitución voluntaria, el Gobierno no ha respondido. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) se quedó para unas cuantas familias en Tumaco. Creemos que el narcotráfico es la principal fuente de violencia y por eso las personas de la cordillera y de la costa, que firmaron y no han sido atendidas, están esperando a que les ofrezcan alternativas. Por otro lado, están la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que en nada han avanzado en Nariño. No han llegado los recursos, la pobreza aumenta, las vías siguen deterioradas, la salud es crítica y está peor con la pandemia.
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¿Hace cuánto se recrudeció la violencia?
Más o menos desde mediados del año pasado comenzaron estos brotes. A finales del año comenzaron los desplazamientos masivos, en el caso de Tumaco, Magüí Payán y Roberto Payán. Ahora con la erradicación forzosa y la fumigación con glifosato la situación va a empeorar. Queremos que el país sepa que los campesinos y las comunidades afro e indígenas no quieres cultivar coca y están a la espera de alternativas del Estado. Pero con el glifosato sobre la mesa no van a concertar.
Usted ha pedido mayor inversión social para combatir la guerra. Dice que para eso necesita que el centro del país dé más dinero y por eso ha estado en contra de la reforma de la ley de regalías...
Para comenzar, Nariño es un territorio que está lejos del centro del país y es muy difícil que atiendan los llamados, entonces una de las disputas es que no tenemos conectividad importante, no tenemos doble calzadas, nuestro puerto de Tumaco funcionó alguna vez en la historia, pero luego fue abandonado. Tenemos unas dificultades grandes y creo que eso es lo que tenemos que mirar con el tema de regalías. La modificación a la ley de regalías perjudica enormemente al departamento. Lo primero es que se reduce el valor del petróleo y nosotros teníamos calculado recibir no menos de dos billones de pesos en el cuatrienio. Ahora quedamos en 800.000 millones de pesos. Es más del 50% de reducción. Lo otro es que con este proyecto de ley, el 50% se lo dejan al departamento y el resto se va a una bolsa regional en donde el Gobierno estipula a qué proyectos le van a apuntar. Esto quiere decir que si nosotros teníamos calculado 330 mil millones, se reduce a 140 mil millones de pesos. Ese va a ser un impacto muy grande para nuestras regiones. Sin dinero, ¿qué podemos ofrecerles a los habitantes de Nariño? Nuestro gran problema ha sido el abandono histórico del Estado.
¿Qué está pasando con los jóvenes y niños del departamento? En los últimos hechos han sido los más violentados...
Sí, esa es una de nuestras grandes preocupaciones. Los niños y los jóvenes caen en el conflicto, son reclutados o asesinados. En Leiva vimos el pasado 9 de agosto cómo dos jóvenes fueron asesinados después de presentar un trabajo se encontraron con la muerte. Eso es lo que pasa en Nariño: en cualquier circunstancia uno se puede encontrar a grupos al margen de la ley, que le quitan la vida a cualquiera persona sin mediar palabra. Ellos argumentan que es por cuidarse o cuidar el territorio. Si no hay una acción conjunta de la parte institucional, se va a perder el departamento. Las autoridades locales hemos hecho todo lo que hemos podido, pero es imposible seguir solas. La violencia nos está consumiendo.
¿Usted cree que el acuerdo de paz fracasó?
Creo que no hubo seguimiento al acuerdo de paz. Los colombianos nos relajamos y no le pusimos atención, y es la hora de volverlos a repensar y llevarlos a la mesa para mirar qué sucedió. Yo aún tengo esperanza. Sé que no es fácil el posconflicto, pero tampoco podemos dejar los compromisos y el esfuerzo que se ha hecho. Hay que retomar los acuerdos y sentar a todos los actores del conflicto para un diálogo.