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Uno de los asuntos que el país no ha logrado dimensionar es la tragedia de perder a un líder social, y más cuando se trata de defensores de la vida, como lo fue Emiliano Trochez. Tenía 64 años, había pasado por casi todos los cargos de representación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y muchos años por delante para enseñar lo que sabía. Era coordinador de educación de su resguardo, Guadualito, ubicado en el occidente de Santander de Quilichao. Una de las misiones más importantes para el movimiento de los nasas: ser el faro de las nuevas generaciones de líderes que controlan el territorio.
Fue gobernador de su resguardo hasta 2011 y luego se convirtió en autoridad ancestral. En ese papel, en junio pasado, fue un líder decisivo a la hora de coordinar la asamblea de armonización en donde se definió qué se hacía con dos armas incautadas por la Guardia Indígena a dos particulares. Normalmente, si la justicia ordinaria no tiene competencia, sucede lo que ocurrió: quemaron el armamento. Igualmente hacen el juicio y condenan a los implicados. En este caso, “el cabildo no encontró mérito, en lo inmediato, para detener a las personas”, contó una fuente de la zona.
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“Esto, por supuesto, no les ha caído muy bien a los actores locales que quieren controlar el territorio. Desde 2013, en nuestros registros aparecen 312 líderes con algún nivel de riesgo. Los han amenazado en un camino, con un panfleto, con llamadas telefónicas o con sufragios. Son docentes, guardias indígenas, coordinadores de programas de la asociación y, sobre todo, autoridades que han dejado sus cargos de representación uno o dos años atrás”, cuenta Edwin Mauricio Capaz, coordinador de derechos humanos de la ACIN.
Esto conecta con la teoría que tiene la justicia indígena de que los líderes que ejercen control territorial y toman decisiones en las comunidades están siendo perseguidos y ajusticiados cuando dejan sus cargos y el anillo de protección colectivo, de la guardia ancestral, deja de rodearlos.
Las autoridades de la justicia ordinaria trabajan de la mano con la indígena. “Estamos muy cerca de los autores materiales del crimen”, dijo una fuente de la Fiscalía General de la Nación. No obstante, el caso de Trochez asusta al movimiento indígena del norte del Cauca, pues se están materializando las amenazas contra sus líderes, aseguran.
De los 312 amenazados que cuentan desde 2013, a la fecha 17 de esos líderes han recibido atentados contra sus vidas, registran los archivos de derechos humanos de la ACIN. Además, en lo que va corrido de 2018, han circulado 42 panfletos firmados en su mayoría por Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Diez panfletos más que los reportados en 2017.
Todo un caldo de cultivo en una región donde hicieron fuerte presencia el frente sexto y las columnas Jacobo Arenas y Dagoberto Ramos de las Farc. Hoy, después del Acuerdo de Paz de La Habana, hay disidencias enfrentadas con la guerrilla del Eln, algunos hombres del Epl y los sicarios a sueldo que andan en camionetas de alta gama por las carreteras planas, entre Santander de Quilichao y Miranda (norte del Cauca).
Trochez fue asesinado a 200 metros de su vivienda el viernes 10 de agosto, con dos disparos de escopeta. Fue sepultado, en medio de rituales de los nasas, el lunes 13. Hay mucho dolor en la comunidad de Guadualito y en todo el norte del departamento. Trochez fue un líder que entregó su vida en la defensa del territorio sagrado que habitan.
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