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Este 30 de diciembre se conoció un documento que alista el gobierno del presidente Iván Duque que fijaría un plazo, hasta el 31 de julio de 2020, para que los exintegrantes de la guerrilla de las Farc entreguen todos los bienes que quedaron consignados en un inventario elaborado por esa organización. El borrador de decreto fue rechazado por el partido que conformaron los excombatientes por medio de un comunicado en el que señalan a las entidades estatales de "falta de seriedad a la hora de hacerse cargo y custodiar debidamente los bienes incluídos en el inventario entregado por las antigüas Farc".
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Hablamos con Pastor Alape, integrante del Consejo Nacional de Reincorporación por parte de Farc, quien señaló al Gobierno de tomar una decisión unilateral y "muy agresiva". Además, aseguró que el Ejecutivo no podrá cumplir el plazo fijado en el borrador del decreto, teniendo en cuenta que la entrega de bienes ha sido entorpecida por diferentes entidades del Estado y por la situación de orden público en varias regiones del país.
¿Qué impresiones tienen con respecto al borrador de decreto que se conoció sobre los bienes de las Farc?
Primero, no fue consensuado en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi). Es una decisión unilateral del Gobierno. Se acordó que la Csivi es el espacio donde se consensúan las iniciativas normativas para lo que tiene que ver con la implementación del Acuerdo Final. No es una instancia de definición, pero por lo menos sí de generar consenso. Este es un decreto que es parte del instrumento que el Gobierno ha venido desarrollando para la ejecución de su estrategia de generar opinión contra Farc bajo el argumento de que estamos incumpliendo lo acordado, en una campaña para desmontar la presión por los incumplimientos del gobierno nacional. Es un decreto que tiene un contenido bastante agresivo dado que es incoherente porque el mismo Gobierno no va a ser capaz de cumplir los términos señalados. La entrega de bienes quedó concluída como parte de la dejación de las armas. Nosotros no tenemos ningún instrumento legal, porque estamos en unas condiciones de ciudadanos en reintegración y, de alguna manera, reincorporándonos a la normatividad vigente, entonces no tenemos capacidad para garantizar la custodia de los bienes.
Hay un plazo hasta el 31 de julio para la entrega de esos bienes…
Claro. Ese plazo va a ser imposible cumplirlo en los términos que plantea el Gobierno dado que cuando se entregó el inventario inmediatamente perdimos la responsabilidad sobre los bienes. El Gobierno tenía que asumir esa responsabilidad, como se planteó en el Acuerdo y el decreto anterior. El contenido político del decreto es que nos colocan bajo la amenaza de la JEP y la Fiscalía, es parte de la misma estrategia que estableció Nestor Humberto Martínez en su Fiscalía: atacar permanentemente el Acuerdo de Paz.
Pero el artículo 4 del anterior decreto dice que ustedes sí tenían responsabilidad sobre la entrega
Sí, pero el decreto que después sacó el Gobierno (1535 de 2017) estableció que la responsabilidad quedaba en el Ejecutivo. Nosotros entregamos a Naciones Unidas y la ONU entregó al Gobierno que asumía esa responsabilidad, principalmente, porque no se le puede exigir a un particular que asuma funciones de Estado como custodiar bienes que ya no dependen de una organización que estaba en la ilegalidad.
¿Ya se hizo la entrega material de todos los bienes del inventario?
No todos, dadas las mismas condiciones que presentó el Gobierno. Se le entregó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) esa responsabilidad, pero inmediatamente el Fiscal se atravesó impidiendo que los gastos del fisco se pudieran utilizar para esas operaciones y tocó esperar a que el Gobierno definiera esa situación. Eso nos ha llevado a unas condiciones de atraso. Después se presentaron los otros hechos que todo el mundo conoce: son más de 174 exguerrilleros asesinados, las áreas están con la presencia de otros actores armados y eso ha dificultado. Parte del ganado se lo llevaron tanto de los que se denominan disidentes como otros actores armados.
¿Pero en qué va la entrega de los bienes del inventario?
Entregamos: 255.040 gramos de oro y 197 de platino; 2'114.350.000 de pesos; 229 semovientes; en muebles y enseres más o menos el 12.3% que eso fue monetizado en mil ciento ochenta y 6'319.000 de pesos por SAE; 722 inmuebles y de estos, la SAE ha recibido nueve, pero hasta ahora se han identificado 182 inmuebles, de los cuales 51 han sido gestionados en terreno arrojando que 32 están en baldíos, 14 en proceso de restitución de tierras, 3 son predios que están en parques nacionales, de 50 predios se espera el pronunciamiento de catastro para continuar la entrega de predios y 19 con áreas levantadas en campo.
¿Hay bienes en poder de Farc?
No, porque nosotros al entregar eso y salir de los territorios qué íbamos a tener responsabilidad. Muchos de los predios estaban bajo responsabilidad de particulares que se habían ubicado ahí durante el conflicto para que administraran. Otros muebles e inmuebles, como vehículos y demás, sí han estado en los espacios para que los reciban como radios de comunicaciones, equipos de medicina, todo eso ha estado ahí. El otro tema es que el Gobierno no recibe las vías que se hicieron, los centros de salud, las escuelas y, de igual manera, lo que se reportó como las acciones de brigadas de salud que fueron gastos que generó la guerra. Todo se puso en el inventario porque lo que teníamos que demostrar era que los recursos de la economía de guerra se invertían para la resistencia armada, no eran con el objetivo de capitalizar.
El borrador del decreto dice que la Comisión Transitoria de Verificación de los Bienes se reunirá bimestralmente y no semanalmente como estaba estipulado ¿Qué piensan de eso?
A la comisión nunca nos han llamado a nosotros.
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¿No se han reunido?
No, eso nunca ha operado. Tampoco tengo mucho conocimiento porque a nosotros nos excluyeron de eso.
¿Por qué?
Nosotros solicitamos nuestra presencia, pero el Gobierno nunca nos convocó.
¿La Comisión existe?
Nosotros no sabemos. Eso es parte de las cosas que están sin clarificar porque sólo tenemos relación con la SAE que es la que va y recepciona los bienes.
¿Desde cuándo no tienen participación?
Desde el anterior Gobierno.
¿Desde cuándo tuvo que empezar a funcionar la Comisión?
Desde agosto de 2017
¿No han tenido ni una reunión?
No.