Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
¿Qué ocurrió con los denominados ‘PDET’, pactados en el Acuerdo de Paz, luego del amplio ejercicio participativo que involucró a más de 220 mil personas en su formulación? Si ya venía siendo difícil poner en marcha lo que las comunidades de los 170 municipios priorizados para esos programas se habían imaginado para sus territorios, la pandemia por Covid-19 ha hecho que se complejice aún más su implementación y ha obligado a revisar las prioridades de lo que quedó allí plasmado.
Esa fue una de las conclusiones del encuentro ‘¿Cómo implementar los PDET en medio de la pandemia?’, promovido por Colombia2020 de El Espectador, en asocio con la Unión Europea y en asocio con el PNUD y Acnur, en el que representantes de líderes sociales, congresistas, centros de pensamiento, alcaldes y funcionarios de Gobierno dialogaron sobre el momento actual que atraviesan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en medio de la emergencia sanitaria.
(Vea: No avanza participación en los PDET y el conflicto se reactiva: líder del Cauca)
“Es muy importante que desde la oficina del consejero para la Estabilización y la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) se continúen los diálogos con alcaldes y gobernadores; pero el diálogo con las organizaciones sociales no avanza. La voz, la palabra de las organizaciones comunitarias y sociales que participamos en la construcción del PDET no se escucha. No se ha dialogado con nosotros. El Programa de Acción para la Transformación Regional (PATR) se terminó en diciembre de 2018 y luego de 19 meses no ha habido diálogo con las organizaciones sociales”, dijo Víctor Collazos, del Espacio Regional de Paz del Cauca, en una postura que resume la sensación generalizada en las regiones donde se implementan esos programas: las comunidades se sienten excluidas.
En ese punto coincidió María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, centro que recientemente publicó un documento sobre los PDET en medio de la pandemia. “Es evidente que se requiere un proceso adicional para irradiar esas comunicaciones y esas interacciones a nivel local desde la ART y la Consejería. Para que vuelva a haber esta sensación de que es un proceso que involucra a las comunidades, es fundamental esa apropiación”.
Sobre ese punto en particular, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, señaló que lo que se está haciendo en el momento es justamente seguir el camino trazado por las comunidades en esos PDET. “Fuimos a las comunidades a identificar sus necesidades, allí nos dijeron vereda por vereda, luego en el nivel municipal y regional, cómo ellos quieren ver los territorios. Pero después de eso logramos que los 170 alcaldes adoptaran el PDET como una política de largo plazo”, dijo.
Agregó que para seguir con la implementación de todo lo que habían priorizado las comunidades, el Gobierno contrató a la firma especializada Deloitte que se encarga de organizar las iniciativas de esos territorios, articularlas con otros programas que se implementan allí y producir la hoja de ruta de cada una de las 16 subregiones, de las cuales hasta el momento se ha entregado la del Catatumbo.
Pero además de la participación, la representante a la Cámara Juanita Goebertus señaló dos desafíos específicos. Por un lado, hizo referencia a los recursos que se están invirtiendo en contraste con los montos estimados del proceso, teniendo en cuenta que es a 15 años. Según dijo, se debería estar invirtiendo en la ejecución de los PDET $4,6 billones al año. Pero, por el contrario, en 2020 el presupuesto de las principales agencias involucradas en este proceso se redujo entre el 10% y el 20%: Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia para la Renovación del Territorio.
Y, por otro lado, la congresista puso de presente la crítica situación de seguridad que enfrentan varios de esos territorios. “En los municipios PDET, tras la firma del Acuerdo de Paz, la tasa de homicidio se había reducido en un 29%, pero de 2018 para acá viene subiendo en un 25%. Es tal nivel de conflictividad que se tuvieron que suspender 16 operaciones de desminado”, resaltó la representante Goebertus.
(Vea: “Con las obras PDET estamos generando confianza”: consejero Archila)
Otro de los llamados hecho durante el encuentro fue la necesidad de flexibilizar la hoja de ruta construida por la firma Deloitte, no solo en el Catatumbo – donde ya se entregó –, sino en todo el país. La representante Goebertus dijo, por ejemplo, que en la del Catatumbo no quedó priorizado el tema de la sustitución voluntaria de cultivos de coca, que es fundamental en una de las regiones con mayor presencia de ese tipo de cultivos. “Apoyé las hojas de ruta y creo en la articulación. Pero con base en lo que pasó en el Catatumbo, esa fase cambió desde Bogotá toda la priorización que se había hecho”, alertó.
En ese sentido, Victor Collazos le hizo al consejero Archila una propuesta concreta desde el Cauca. “Generemos un espacio de participación permanente en el cual concertemos, en donde a nivel regional participen todos los actores, entre ellos las organizaciones sociales. Como la hoja de ruta no debe ser inflexible, hagamos que dialogue con los territorios. Nosotros tenemos una propuesta de priorización de iniciativas que quisiéramos que el consejero y la ART conozcan y forme parte del mejoramiento de la hoja de ruta.” Ello porque, según dijo, “de las 50 iniciativas priorizadas inicialmente no hubo participación y se priorizaron en un equipo técnico de la ART en Bogotá”.
Pero, además, llamó la atención sobre la manera en que se vienen implementando las obras en los municipios priorizados. “El PDET no se puede reducir solamente a pequeñas obras descoordinadas y sin conexión con los otros elementos de la reforma rural”. Algo que también han señalado los líderes de distintas regiones donde se implementan dichos programas.
Sobre eso, el consejero sostuvo que es con esas ‘obras PDET’ que se está generando confianza en esos territorios y que las estructurales vienen en camino. Sin embargo, aseguró que incluso se han entregado algunas de mayor envergadura y puso el ejemplo de los 17 kilómetros de la vía Tibú – La Gabarra, en el Catatumbo, que se entregaron con los ingenieros militares. Reconoció también que es necesario mantener la legitimidad del proceso participativo, mientras avanzan en el componente técnico, encargado a la firma Deloitte.