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El próximo 27 de junio se cumplirán tres años desde que en la vereda Buenavista, en Mesetas (Meta), las antiguas Farc y el Gobierno colombiano sellaron la dejación de armas por parte de la guerrilla. Ese día, en un acto simbólico, empezó la recolección de 7.132 armas por parte de la ONU. Vestido de civil y parado al lado de un fusil AK 47 convertido en azadón, Rodrigo Londoño, Timochenko, dijo que con ello la exguerrilla asumía el compromiso de sacar las armas de la política y que ahora como partido político defendería sus ideas en la legalidad. El otro reto que empezó ese día fue el de mantener la cohesión de los casi 13 mil excombatientes que dieron el paso a la legalidad y seguir en colectivo el proceso de la reincorporación. ¿Cómo le ha ido a la antigua guerrilla con la unidad de sus filas, en tres años en la legalidad?
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Si bien en un primer momento el grueso de los excombatientes se concentró en las entonces zonas veredales transitorias de normalización, luego convertidas en los 24 espacios territoriales, hoy “la geografía de la reincorporación ha cambiado”. Lo dice un excombatiente desde el Cauca, departamento donde antes había tres espacios territoriales y hoy hay por lo menos otros 11 puntos de concentración, que se denominan nuevas áreas de reincorporación (NAR).
Según cifras del Gobierno y las Farc, hoy en los antiguos espacios territoriales no hay más de 3 mil excombatientes, es decir, menos del 30 % de quienes dejaron las armas. Pero eso no quiere decir que los demás se hayan apartado del cumplimiento del Acuerdo, algunos incluso lo hacen de manera individual. El componente Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), donde se sienta ese partido con el Gobierno, ha identificado que un porcentaje importante de quienes han salido de los espacios territoriales están asentados en alrededor de 93 nuevas áreas de reincorporación en 17 departamentos del país, incluyendo ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Popayán y Neiva. El número preciso de quienes habitan esas áreas, sin embargo, es más difícil de establecer, y ni el partido FARC ni el Gobierno tienen el dato exacto.
El caso de la NAR Jimmy Tatamá, ubicada en el corregimiento Santa Cecilia, en Pueblo Rico (Risaralda), es un buen ejemplo de los procesos que han dado origen a esta multiplicidad de nuevos lugares de concentración de los excombatientes que han salido de los ETCR. En este caso, se trata de un grupo de 32 exguerrilleros que en su mayoría provienen de lo que fue el espacio territorial de Vidrí, en Vigía del Fuerte (Antioquia), que el Gobierno clausuró y desmanteló en junio de 2018. Entonces quienes habitaban allí se regaron por distintos lugares y fundaron nuevos asentamientos principalmente en Quibdó y en la comunidad de Jiguamiandó, en Chocó, así como en Frontino y Urrao, en Antioquia. Quienes vinieron a parar a este poblado de Risaralda son quienes antes integraron el frente Aurelio Rodríguez, que operó en el Eje Cafetero, por lo que tenían a sus familias en esta región.
El reencuentro con estas es una de las razones por las cuales los exguerrilleros han salido de los antiguos espacios hacia sus lugares de origen y se han ido organizando en nuevos asentamientos. Pero esa es apenas una de las razones. Laura Villa, representante de FARC en el CNR, las reúne en lo que llama “la complejidad de la implementación del Acuerdo”, luego de más de tres años de la firma. Entre los factores principales que han llevado a esa reorganización de la población exguerrillera, resalta Villa, están los desplazamientos de los que han sido víctimas algunos excombatientes que huyeron por problemas de seguridad en los espacios territoriales. Es el caso, por ejemplo, de los exguerrilleros que están en Ituango, que han denunciado amenazas y asesinatos, por lo que han ido saliendo del espacio sin que hasta hoy haya una solución de fondo sobre su situación.
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Y otra de las razones, según la representante de FARC, es el ritmo en la implementación del Acuerdo. “Se habían generado unas fases de reincorporación temprana, donde deberían estar los proyectos productivos, iniciativas de vivienda digna, entre otras, entonces la demora en esos compromisos ha generado zozobra y desconfianza con el Gobierno”, dijo Villa. Por ejemplo, resaltó el hecho de que la infraestructura de los espacios fue construida para seis meses, y ya han pasado más de tres años sin haberla adecuado, más allá de esfuerzos y gestiones de los propios excombatientes.
Pero si esa es la situación en los antiguos espacios, en las NAR el panorama no es mejor. En la NAR Jimmy Tatamá, cuenta Jenny Flórez, coordinadora del área, los 32 excombatientes llegaron por su cuenta y negociaron con el dueño de una finca para que pudieran asentarse en ese predio. Ellos mismos levantaron el caserío como pudieron y por eso aún hoy las paredes de algunas de las viviendas son pedazos de la lona verde que se utiliza en las construcciones. Otros aserraron madera y armaron su rancho. Ninguna de las viviendas tiene piso, tampoco baterías sanitarias. El agua lograron traerla hace poco mediante mangueras de un río que pasa cerca de la finca.
Pese a ese nuevo panorama, el reclamo del partido FARC es que la atención del Gobierno se sigue centrando en los espacios territoriales, y “eso está generando una inequidad entre quienes están en esos espacios y quienes están por fuera”, resumió Villa. Por ejemplo, uno de los reclamos es en materia de abastecimiento de víveres, beneficio que reciben quienes están en los ETCR. Mario Rodríguez, encargado por parte de FARC de la reincorporación en el suroccidente del país, ilustró la situación con lo que ocurre en el espacio territorial de Buenos Aires (Cauca). Allí llegaron en principio unos 390 excombatientes. Hoy quedan 42. Muchos de ellos se han reasentado en NAR en Argelia, Santander de Quilichao, Popayán y Cali. Sin embargo, al espacio de Buenos Aires siguen llegando víveres con datos de junio de 2018, cuando había alrededor de 100 excombatientes. Mientras tanto, en las 11 NAR que hay en el Cauca no se recibe ese beneficio.
Pero el Gobierno tiene una lectura diferente de lo que la FARC denomina como NAR, pues no reconoce estas áreas de forma oficial. Consultados por este diario, desde la Consejería para la Estabilización respondieron que además de lo que en su momento fueron las zonas veredales transitorias y luego los espacios territoriales “no existe ninguna otra figura jurídica definida en el texto del Acuerdo o la normatividad que lo reguló frente a la existencia de espacios o zonas para la implementación de la política pública de reincorporación”.
Por su parte, remitieron los datos oficiales generales sobre el rastreo que tienen de los excombatientes de las Farc. Según esas cifras, en espacios territoriales hoy residen 2.877 exguerrilleros (23 %), mientras que 9.217 viven por fuera. De estos últimos, 3.551 viven en ciudades, 1.313 en municipios intermedios, 2.242 en municipios rurales y 2.111 en rurales dispersos. Una clasificación que no distingue quiénes están en NAR o por fuera de ellas. Sin embargo, aseguraron que ello no ha limitado de ninguna manera la atención que se da a todos los excombatientes, independientemente dónde se encuentren.
(Vea: Excombatientes de Farc en La Julia (Meta) buscan una vivienda digna)
En materia de proyectos productivos, por ejemplo, en los espacios territoriales hay 1.171 excombatientes que han accedido a esos proyectos individuales o colectivos, mientras que por fuera de ellos son 2.904 quienes han accedido a esas iniciativas. En materia de vivienda, de 394 personas con procesos de ahorro voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro, 350 están por fuera de los espacios territoriales. Y de 5.719 excombatientes vinculados a programas académicos, 4.269 están por fuera de dichos espacios.
Sobre el abastecimiento de víveres, el Gobierno aseguró que, si bien solo llega a los ETCR, el apoyo de la asignación mensual (90 % de un salario mínimo) lo reciben la totalidad de los excombatientes en proceso de reincorporación.
Laura Villa aseguró que en las peticiones que le han hecho al Gobierno no está garantizar abastecimiento de víveres para todos los excombatientes en proceso de reincorporación. Dijo que en este momento se trata de atender a la población con especial vulnerabilidad en el marco de la pandemia por COVID-19. “Estamos priorizando madres lactantes, gestantes, menores y adultos de la tercera edad. Hablamos de bono alimentario o de mercados, por ejemplo. En medio de esta emergencia hay que identificarlos, buscarlos y generar unas condiciones que permitan salvaguardarlos”, explicó.
Por ello, desde el componente FARC en el CNR se ha hecho ese rastreo de los excombatientes en las 93 NAR. Ello no quiere decir que necesariamente residan en el mismo espacio. Por ejemplo, la FARC habla de NAR en Bogotá, donde viven más de 800 exguerrilleros, pero no significa que estén asentados ni en el mismo barrio ni en la misma localidad. Sin embargo, aseguran, la cohesión del colectivo permanece. “La experiencia de más de 50 años de convivencia en época de conflicto trasciende la geografía. Son relaciones que se expresan más allá de si estamos conviviendo bajo el mismo techo o no. La realidad es que la gente se busca y está organizada en los territorios”, concluyó Laura Villa.
