"Libres de coca": algunas lecciones del departamento de Caldas

En el proceso de sustitución en Caldas se demostró que los campesinos cumplen su palabra, que prefieren dedicarse a actividades lícitas, que gustan más de los planes en los que ellos son escuchados y escuchadas. / Mauricio Alvarado - El Espectador

El pasado 3 de julio, el gobernador de Caldas Guido Echeverry, en compañía de los líderes comunitarios Uriel Idárraga y Hernán Echeverry, de los municipios de Norcasia y Samaná, recibió de manos de Pierre Lapanque, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), la certificación que acredita a su departamento como “libre de coca” durante los últimos cinco años de manera consecutiva.

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Según el gobernador, se “erradicaron” 3.000 hectáreas aproximadamente. La prensa registró al mandatario seccional diciendo que para superar los cultivos de coca no es necesaria la “fumigación aérea” sino simplemente “apoyar al campesino en lo que necesita”. La fumigación, para él, es una herramienta sobre la que existe mucha duda, causa daños, aleja a las comunidades de sus instituciones y por ello se debe acudir a la erradicación voluntaria. 

Colombia recibe presiones de Estados Unidos por cultivar cerca de 200.000 hectáreas de coca, y el gobierno actual presiona a la Corte Constitucional para que le autorice revivir el plan de aspersiones con glifosato. El presidente Iván Duque insiste en medidas de fuerza. Pero la realidad muestra experiencias de sustitución, algunas de ellas exitosas, como la de Caldas. La sustitución voluntaria debe ser vista como parte de una estrategia de reducción de daños: es menos violenta, se hace sin disparar tiros y sin violar los derechos humanos de las comunidades; es una puerta de entrada a posibilidades de desarrollo y a la inserción en la legalidad de campesinos que fueron marginados de los planes oficiales. 

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El problema no son las plantas en sí mismas. El mercado global de cocaína sigue creciendo y su calidad es cada vez mayor en las calles de los países del norte. El precio final del gramo crece en unas partes del mundo y el consumo se ha  expandido a todos los continentes. Colombia sola no puede librar esa batalla, ha dicho la Comisión Global de Drogas al considerar “perdida” la guerra contra las sustancias proscritas. Aun en el mar de prohibicionismo vigente, experiencias de sustitución que brindan nuevas y/o mejores oportunidades a productores agrícolas de coca, amapola o marihuana, se convierten en noticia refrescante.  

La experiencia de Caldas

Con la caída del pacto internacional del café, la producción del grano afectó a miles de campesinos. Algunos caldenses migraron buscando trabajo al Putumayo y zonas de la Orinoquia y Amazonia donde tuvieron contacto con el cultivo de coca. Pero ante la carencia de infraestructuras, productores campesinos en lugares como San Diego, El Congal, Río Hondo, Encimadas al nororiente de Caldas y en otros municipios como Pensilvania, Victoria, Manzanares, a comienzos de los años 2000 también lo hicieron. Dicen que la semilla de la planta llegó de otras partes, como Norte de Santander y que algunos migrantes que se instalaron en veredas apartadas fueron los primeros en dedicarse a esta actividad. 

Eran los tiempos en que viajar de un municipio del nororiente de Antioquia a Manizales podía tomar hasta ocho horas por carreteras en pésimas condiciones. De hecho, un indicador clave para el gobernador Echeverry y para los campesinos es la inversión en construcción y mejoramiento de carreteras y caminos. Antes de 2006 había apenas unos 256 kilómetros de carreteras construidas y hoy, según datos oficiales, al menos 600 kilómetros han sido construidos en pavimento. El viaje se ha recortado a cuatro horas entre aquellos municipios que tuvieron coca y su capital. 

Pero, además de lo señalado, ¿qué pasó en Caldas durante este periodo? ¿Qué le permitió a las comunidades donde estaba el cultivo superar su dependencia de los ingresos que obtuvieron de la coca? Son varias las lecciones observadas allí:

- Se trata de un “proceso” no de un conjunto de acciones aisladas. En palabras de los líderes comunitarios hubo seriedad en los compromisos asumidos por las entidades y cumplimiento de los acuerdos realizados. En efecto, los voceros campesinos asumieron la promoción de la sustitución pero exigieron inversiones. Hubo concertación de planes de trabajo en los municipios y hubo apoyo no solo en proyectos productivos sino también en educación, salud y carreteras. 

- El proceso lleva unos 10 años continuos, incluyendo un esfuerzo de instituciones territoriales, organizaciones locales y comunidad participante. Esto ha conllevado un componente técnico, monitoreo aéreo constante y articulación de las intervenciones realizadas.

- Los esfuerzos de sostenibilidad impidieron la resiembra y la reincidencia pero al tiempo que se implementaron proyectos de especies menores, café, cacao, ganadería, caucho y aguacate, entre otros, las instituciones mejoraron vías, facilitaron acceso a créditos y abrieron mercados. 

- En el proceso se demostró (igual que en otras regiones) que los campesinos cumplen su palabra, que prefieren dedicarse a actividades lícitas, que gustan más de los planes en los que ellos son escuchados y escuchadas, que son conscientes de los riesgos y daños, especialmente, les preocupa la violencia asociada a las economías ilegales cuando ya tienen familia e hijos.

- Según el gobernador de Caldas, aun en contextos críticos las instituciones pueden trabajar haciendo lo que les corresponde (en su caso, los municipios con cultivos estaban casi incomunicados, aislados de mercados, en bordes fronterizos con departamentos vecinos), incorporando en sus políticas los compromisos hechos con las comunidades, vigilando su cumplimiento, aumentando la inversión social, buscando la transformación de los territorios y una mejor concepción en el abordaje de las problemáticas asociadas a los cultivos. No se trata, a su juicio, del cultivo, sino de proveer los bienes y servicios que la comunidad requiere. 

- La presencia del Estado debe ser continua e integral. No es solo una problemática asociada a dificultades agropecuarias, sino que debe abordarse la situación de las mujeres, de los niños y jóvenes, de los comerciantes y transportadores. 

- En esa presencia debe estar siempre el componente de seguridad. La Fuerza Pública, en el caso de Caldas, llegó a los municipios con coca y se quedó allí. Para el Ejército es fundamental hacerse amigo de la población reconociendo que se trata de campesinos que tienen una familia, liderazgos y organizaciones con las cuales puede y debe interlocutar. Por ello se debe evitar la estigmatización y la criminalización.

- Está probado que los cultivos generan riesgos y daños, pero las inadecuadas intervenciones institucionales también. De tal forma que debe existir un enfoque en las personas y en las condiciones de desarrollo de las comunidades. Para el gobernador de Caldas, en su caso, existió un compromiso de las entidades territoriales que le permitió acercarse a las comunidades, apoyar el fortalecimiento de la asociatividad local, de las juntas comunales y convocar a distintos actores como los comités de cafeteros y algunas universidades a respaldar el proceso.  

En Caldas, históricamente no existió identificación del campesinado con la coca, los abuelos fueron cafeteros, cañicultores o fueron productores de alimentos. Allí el minifundio es una institución; no existen grandes haciendas como ocurre en Meta, Guaviare o Caquetá. La pequeña propiedad permite la generación de afectos entre vecinos, intercambio de favores y servicios, rasgos de solidaridad y tiene fuerza el intercambio local. La acción comunal funciona; la Junta es la vocera de los campesinos y su capacidad de interlocución con el Estado goza de ciertos niveles de legitimidad. A su turno, la economía del café dejó un legado en cientos de comités que están cerca de los productores y que cuentan en muchos casos con buena capacidad técnica. 

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Todos los territorios con coca del país no tienen las mismas características, se suele decir. Sin duda, instituciones formales y no formales juegan un papel crucial en la búsqueda de acceso al desarrollo y en la pretensión de la positiva transformación de los territorios. Contrario a lo sucedido en otros lugares del país, el programa de sustitución no fue visto en Caldas como patrimonio de la Presidencia de la República (lo cual lo hace vulnerable a las disputas políticas nacionales), sino como un proceso en el que los presupuestos y sinergias de alcaldías y gobernación debían concurrir y el liderazgo regional debía notarse. 

Para la UNODC, en Caldas se evidenció una mejoría en seguridad, en el uso de los suelos, en la disponibilidad de tierra para actividades productivas lícitas y el café se viene recuperando. De esta experiencia de seguimiento a Caldas se desprenden buenas prácticas, lecciones aprendidas e incluso se podrían hacer recomendaciones de sostenibilidad para otras zonas del país. El SIMCI destaca que en Colombia, el 37% del territorio que tuvo coca ya no la tiene, pero esto no es sostenible. El riesgo de reincidencia es alto ante la falta de intervenciones comprehensivas del Estado. 

Caldas mantiene unos riesgos puesto que alrededor hay territorios con cultivos de coca, existen otras economías ilegales, el narcotráfico está presente y el consumo ha venido en aumento, incluyendo heroína en ambientes de calle. Sin embargo, un compromiso decidido de la Gobernación, las alcaldías, los gremios locales y las asociaciones comunitarias, puede mantener a ese departamento en el progreso alcanzado.