Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Desde el 1 de enero de 2020, Hernando Londoño está al frente del Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso ilícito (PNIS), uno de los temas del Acuerdo de Paz que más ha sido blanco de críticas por los retrasos en su implementación. Desde las comunidades se ha reclamado que los campesinos se comprometieron a sustituir la coca, pero el Gobierno no les ha cumplido con los proyectos lícitos. En esta entrevista, el funcionario asegura que el Gobierno Santos adquirió compromisos cuyo cumplimiento, en términos de presupuesto y tiempos, no era realista alcanzar.
Asimismo, sostiene que a los líderes de sustitución de cultivos de coca no los han asesinado, esto a pesar de que desde la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) han denunciado el asesinato de 59 de sus miembros hasta la fecha.
(Le puede interesar: Coca, el fenómeno que tiene en crisis a Jamundí)
¿Cuál es el estado actual del PNIS?
Este Gobierno recibió un programa que nació con un afán por cumplir y vincular a muchas familias, sustituir las 50.000 hectáreas de la meta, y se iniciaron acciones sin mucho orden. Se firmaron acuerdos colectivos por todo el territorio, sin una delimitación geográfica, ni de familias, ni de hectáreas de coca. Luego se firmaron acuerdos individuales, con 99.097 familias, entre las que hay 17.000 recolectores. Sin embargo, aún hay acuerdos colectivos no individualizados, como Chocó, que tiene un solo acuerdo colectivo para todo el departamento. Eso es difícil de atender.
¿Cómo les han cumplido a las 99.097 familias que tienen acuerdos individuales para sustituir la coca?
Se les prometió cumplirles con cinco componentes: asistencia alimentaria inmediata, que son $12 millones por familia durante el primer año; seguridad alimentaria, que comprende hasta $1’800.000 para bienes e insumos de huertas caseras; acompañamiento de ocho meses de asistencia técnica, que vale aproximadamente $1 millón; un programa de ciclo corto hasta por $9 millones y un proyecto productivo de ciclo largo hasta por $10 millones. Con esos componentes, a una familia se le están entregando $36 millones. Eso por 100.000 familias vinculadas le da que el programa cuesta $3,6 billones. Este Gobierno recibió el programa sin financiamiento, en el marco fiscal de gasto no existía el rubro presupuestal para atender eso; es como entregar cheques en blanco sin fondos. Conseguir $3,6 billones es más de lo que vale la reforma tributaria en un año. ¿Entonces de dónde sale la plata? ¿Se la quitamos a salud, a educación, a vivienda, a quién se la quitamos que no haya paros? Pero el presidente Duque lo ha dicho desde un principio: “Voy a cumplirles a esas 100.000 familias”. Y ahí vamos cumpliendo. El año pasado invertimos más de $500.000 millones y para este año ya se aseguraron más de $700.000 millones. En los pagos a las familias ya vamos en el 89 %.
¿Ese porcentaje cómo se mide?, porque hay territorios más rezagados que otros…
Hay más rezagados porque cuando inició el programa muchas familias se inscribieron inmediatamente y otras no. Unas comenzaron en 2017 y otras terminaron inscribiéndose antes de que cerrara el gobierno (Santos) en 2018. No puedo atender al mismo tiempo a las que se inscribieron en agosto, cuando no tengo todo el presupuesto, porque sería injusto con las que se inscribieron primero. El 89 % es en general. Tenemos familias que ya terminaron el ciclo de pagos, la gran mayoría, y hay otras que van con uno, dos o tres pagos; depende del orden en el que ingresaron al programa.
¿Cuántas hectáreas de coca se han levantado con el PNIS?
Hay 41.370 hectáreas levantadas, la meta del programa son 50.000. Este Gobierno, entre agosto de 2018 y diciembre de 2019, levantó 15.152. Estamos consiguiendo familias y hectáreas para la meta, porque la gente no le cumplió al Gobierno. La gente exige cumplimiento y a nosotros nos dijeron que con las 100.000 familias íbamos a lograr mucho más de 50.000 hectáreas y estamos llegando a duras penas a 41.000. Estamos encontrando que la familia inscribió media hectárea, pero detrás de la montaña tiene otras dos.
¿Dónde han encontrado esos casos?
En muchas partes del territorio: en Tumaco, en Catatumbo, en Cauca. La gente registró menos coca de la que tiene sembrada.
¿Y las familias que están en acuerdos colectivos, que no alcanzaron a los individuales?
¿Qué cree usted que puede hacer el Gobierno si se tiene que demorar tantísimo para cumplirles a las 100.000 familias, para conseguir fuera de eso recursos adicionales para las de los acuerdos colectivos? Buscamos acelerar la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que es lo que han pedido en los acuerdos colectivos.
Las comunidades creen que el Gobierno no tiene voluntad con el programa, porque ha vuelto a hablar de aspersión con glifosato y erradicación forzada...
Es una percepción equivocada. El Gobierno ha dicho que la fumigación es una de muchas alternativas para disminuir los cultivos ilícitos. Porque estamos encontrando que la gente se vinculó al programa, pidió los $12 millones y se desaparecieron, se fueron a invadir otros parques y zonas de manejo especial, que no pueden ser tituladas, para cultivar coca a ver si les dan otro programa adicional. Cuando usted recibe un subsidio tan grande lo que puede hacer pensar a las comunidades en algunos territorios es que el delito paga, porque a quien siembre coca le dan $36 millones. La erradicación voluntaria, la erradicación asistida, la forzada o la aspersión son modelos que no pueden aplicarse en los mismos territorios. Pero el Gobierno está destinando más plata a este programa que a muchos ministerios. Mire el presupuesto de la Agencia de Desarrollo Rural o la misma Agencia de Renovación del Territorio, alrededor de $200.000 millones. Le están destinando $700.000 millones para la vigencia 2020 ¿Cómo pueden decir que no le están dando importancia a la sustitución?
(Lea: En Caño Indio siguen esperando que el Acuerdo de Paz les lleve agua, luz y carreteras)
A los líderes que promovieron que la comunidad se inscribiera al PNIS hoy les reclaman por el atraso, lo cual los puso en riesgo…
Hemos tratado de pedirles a estas personas que asumieron ese compromiso con las comunidades que traten de evitar volverse más visibles y de generar más compromiso entre las comunidades y el Estado; es decir, no ponerse en riesgo por los temas de sustitución de cultivos. Tenemos personal en todos los territorios a los cuales puede acudir cualquier campesino a averiguar el estado de su proceso, y tratamos de disminuir el riesgo y la visibilidad de estas personas.
En la ola violenta contra líderes, los de sustitución de cultivos han sido blanco particular.
Líderes del programa, que estén en las directivas de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) o que sean miembros de los Consejos Asesores Territoriales (CAT) no han sido asesinados. Porque estar en la Coccam puede ser cualquiera, no necesariamente líder. No tenemos información de que por ser líderes del PNIS los hayan asesinado. Es más, tenemos conocimiento de uno o dos el año pasado que asesinaron porque les estaban cobrando a sus comunidades un porcentaje de lo que les estaba transfiriendo el Estado por cuenta de la asistencia alimentaria inmediata. Lo que sí han asesinado obviamente son vinculados al programa, que es lamentable y no debe suceder, pero muchos casos son por negocios de la misma hoja de coca.
Pero desde la Coccam han denunciado asesinatos de sus miembros por su liderazgo en temas de sustitución de cultivos...
Hay algo que tampoco ustedes dicen: ellos también son líderes de los PDET. Pero hablan es del PNIS. La pregunta es ¿todo el que cultive coca es líder? Porque todos los que cultivan coca están en la Coccam. ¿Por estar inscritos en la Coccam son líderes? Que la Coccam diga que le están matando sus afiliados, sí, han matado cultivadores de coca. Es lamentable. Pero que sean líderes del programa de sustitución y por eso los estén asesinando eso no es cierto.
Con las dificultades que tiene el PNIS, ¿qué tanta fe tiene en los resultados que pueda dar?
Solo el 1 % de las familias tienen proyectos productivos, esperemos que estos se implementen y miramos los resultados. Pero un modelo de $36 millones por familia es insostenible. No hay un país en el mundo donde le den esa cantidad de plata a una familia por sustituirla una hectárea de coca.
¿Entonces está al frente de un programa con el que no está de acuerdo?
No, estoy de acuerdo en que hay que brindarles alternativas a las comunidades para que sustituyan voluntariamente los cultivos ilícitos. Lo que estoy diciendo es que $36 millones por familia es un programa que es insostenible por costoso. No es que no esté de acuerdo; todo lo contrario, quienes están en una actividad ilícita deben tener la oportunidad de enderezar su camino y pasarse a actividades lícitas.
¿Hay algún caso de éxito por el momento?
El de Cumaribo (Vichada). Allí están las primeras familias que se vincularon al programa, ya las vamos a graduar: 267 familias que están produciendo cacao. Estamos es mirando cómo solucionar el problema de transporte a la cosecha que sacan cada tres meses. Son familias que hoy no tienen una sola mata de coca y están a 14 horas de Villavicencio, sin vías, y ahí lo están haciendo.
¿Hay casos de regiones puntuales que le preocupen?
Territorios como Putumayo o Tumaco (Nariño), donde fueron más las familias que se quedaron por fuera que las que se vincularon al programa y que hoy quieren entrar porque vieron que va a llegar la erradicación forzada, pero ya no hay presupuesto.
(Lea: Tumaco, entre el abandono estatal y las promesas de inversión)
¿Para esos casos lo que llegará es la erradicación forzada?
Estamos mirando nuevos modelos de sustitución, como pago por servicios ambientales, negocios verdes, formalizar para sustituir. También estamos mirando de dónde conseguir los recursos, el Gobierno está haciendo esfuerzos. La semana pasada se conoció que Estados Unidos va a dar US$5.000 millones para desarrollo rural, de los cuales una parte va para sustitución y otra parte para infraestructura de vías terciarias. Ahí va a haber recursos seguramente para estas familias que no entraron al programa de sustitución y están esperando alguna alternativa del Gobierno. El presidente Duque está comprometido con la sustitución voluntaria, porque está convencido de que es una de las diferentes alternativas que hay para disminuir los cultivos ilícitos en Colombia. Lo que no podemos es seguir dejando crecer el problema de la droga. Si usted mira el censo agropecuario, cuántos millones de pequeños productores hay en Colombia y cuántos de esos nunca han cultivado coca, a pesar de las dificultades que hay en todo el territorio. Conozco zonas de muchísima más pobreza de Putumayo y Nariño, que tienen tierras mucho mejores y tienen agua, y la gente nunca ha vivido de la coca.