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El primer asesinato contra una persona defensora de derechos humanos o líder social en 2020 ocurrió apenas en la primera semana del año, el 7 de enero. Ese día, hombres armados y en motocicleta asesinaron a tiros a Gloria Isabel Ocampo en Puerto Guzmán (Putumayo), una lideresa social que impulsaba la implementación del Acuerdo en ese territorio. Desde ese día la violencia contra esos liderazgos no se ha detenido durante el año y sólo en los tres primeros meses cobró la vida de 47 líderes y defensores de defensores de derechos humanos en el país. En el mismo periodo del año pasado, la cifra iba en 25 asesinatos, lo que representa un aumento del 88% en los homicidios contra líderes.
(Lea: 2019, el año con más agresiones a líderes sociales en una década)
Así lo documentó el Programa Somos Defensores en su más reciente reporte sobre la situación de líderes en el país, en el que registró en total 197 agresiones contra esa población entre enero y marzo de este año. Respecto al año anterior, la cifra disminuyó pues entonces se presentaron 245 agresiones. Del total de agresiones registradas en los tres primeros meses de 2020, la gran mayoría, 115, fueron amenazas emitidas contra defensores principalmente a través de panfletos. Igualmente se registraron 14 atentados, 8 desapariciones forzadas y 8 detenciones, entre otras.
De lejos, el departamento más afectado por la violencia contra líderes es el Cauca, donde se reportaron 42 agresiones. De hecho, los liderazgos más afectados fueron los indígenas, particularmente en ese departamento y en La Guajira, con 59 ataques en su contra. Llama la atención que el segundo territorio donde más se presentaron agresiones fue Bogotá, donde se reportaron 30 ataques a líderes. A esos territorios le siguen La Guajira, con 19 casos; y Antioquia, con 18.
Específicamente en materia de asesinatos, el que registró más casos fue de nuevo el Cauca, con nueve homicidios; seguido de Antioquia, con ocho casos; Putumayo, con seis; y Norte de Santander con cinco casos.
En relación con los responsables de las agresiones a líderes, esa organización documentó que en el 45% de los casos (84 agresiones), se trató de grupos paramilitares, en el 8% de disidencias de las antiguas Farc, en el 7% de la Fuerza Pública y en un 2% del Eln. En el resto de las agresiones no se identificó a los responsables.
(Le recomendamos: Las exigencias de los líderes sociales al Gobierno en medio de la pandemia)
Dos de los asesinatos de líderes, denuncia el documento, ocurrieron a manos de la Fuerza Pública. Se trató de Didian Arley Agudelo, un líder comunitario de Campamento (Antioquia), y de Alejandro Carvajal, un líder de sustitución de cultivos de uso ilícito que murió por un disparo del Ejército en Sardinata (Norte de Santander) cuando él participaba en un asentamiento campesino en protesta contra la erradicación forzada de coca.
Pese a lo elevado de las cifras, Somos Defensores advirtió que, particularmente para el mes de marzo, puede tratarse de un subregistro de las agresiones pues la pandemia habría impedido el monitoreo y la verificación de los casos.
Los datos que documentó esta organización se distancian y son más alarmantes que las cifras dadas recientemente por la ministra del Interior, Alicia Arango, quién habló de 25 líderes asesinados entre el primero de enero y el 15 de mayo de este año, un lapso incluso superior al monitoreado por Somos Defensores en su reporte. A su vez, se distancia también de la cifra que ha resaltado el centro Indepaz, que habla ya de más de 100 líderes asesinados en lo que va del año. En su reporte, el Programa Somos Defensores explicó que todos los casos que registran los confirman directamente con organizaciones sociales en los territorios.
Hace solo unos días, esa misma organización dio a conocer que durante 2019 fueron asesinados 124 líderes sociales en el país y se registraron en total 844 agresiones contra esa población, lo que lo convirtió en el año más violento para los líderes y defensores en la última década.