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La mirada del mundo está puesta sobre Colombia y su promesa de hacer la paz. La observación internacional, a través de Cuba, Chile, Venezuela y Noruega, estuvo presente en los diálogos y la firma del Acuerdo Final, en 2016, para terminar el conflicto armado más antiguo de América Latina. Más de tres años después, en el exterior siguen pendientes de que su implementación se cumpla a cabalidad, esta vez, a través de varios colombianos que se han organizado para ser el puente entre los parlamentos y gobiernos de sus países de residencia en la lucha por la paz.
Lo hacen por medio de Defendamos la Paz Internacional (DLPI), el capítulo en el exterior del movimiento de nombre homónimo, creado el 13 de junio de 2019. De la plataforma hacen parte 49 organizaciones defensoras de los derechos humanos, localizadas en 28 países de cuatro continentes. La red de mujeres y hombres se agruparon en DLPI luego de la caravana que muchos de ellos realizaron en marzo de 2019 a La Haya (Países Bajos), para llegar a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) con el fin de exigir justicia por los líderes sociales asesinados.
“Pensamos que la movilización a La Haya iba a estar conformada por unas 200 personas, pero finalmente fuimos más de 1.200. Fue mucho antes de la conformación de DLPI, pero fue el primer momento hermoso que tuvimos, vernos todos allá, llegando con recursos propios y marchando con ganas de paz”, recuerda Diana Sepúlveda, activista en Alemania de Unidos por la Paz, colectivo que hace parte de DLPI. Rememora también que, luego de ese acontecimiento, Defendamos la Paz Nacional propuso la creación del capítulo internacional, que a la fecha cuenta con dos grupos de Whatsapp con 322 activistas y una estructura organizativa que ha trascendido ese espacio virtual para incidir, ciertamente, en que los gobiernos del mundo sigan posando su mirada en la implementación de lo pactado.
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Hacen la salvedad, no obstante, de que esa lucha viene de mucho tiempo atrás: “Llevamos años trabajando desde afuera por la defensa de la paz en nuestro país, y ahora coordinamos el trabajo de denuncia de nuestras organizaciones con el movimiento”, comenta Cristina Espinel, residente en Washington desde 1980 y miembro de Colombia Human Rights Committee y de DLPI. Realizar esa cartografía de la diáspora colombiana defensora de los derechos humanos es uno de los logros en este primer año de trabajo, pero no el único. Visibilizar lo que falta por implementar del Acuerdo y hacer presión política desde afuera son dos de esas tareas que, según cuentan los activistas, han dado frutos.
“Ha sido complejo, pero nosotros hemos logrado tener la atención de los gobiernos, de los medios y de la academia, posicionar el tema de Colombia y que sea analizado en las universidades. Y por el lado político, cuando Carlos Holmes Trujillo, en ese entonces Canciller, visitó Alemania para hablar sobre la agenda bilateral y la convivencia pacífica, nosotros estuvimos ahí. Presentamos un informe y le exigimos al gobierno alemán que en el momento de negociar con el Gobierno colombiano tratados comerciales tuviera en cuenta el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz. Entonces, la tarea también ha sido contactar a los parlamentarios, mandarles informes para que toquen el tema y se haga la denuncia”, recalca Diana Sepúlveda.
Sobre la importancia de la presión política, trae a colación la reciente carta que 28 eurodiputados enviaron al presidente Iván Duque solicitándole la aclaración de su política de defensa, tras el presunto espionaje por parte de las Fuerzas Militares a periodistas, defensores de derechos humanos, políticos de diferentes orillas y líderes sociales. Pero, ¿ese tipo de agitación sí causa efecto en el Ejecutivo?
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Para Cristina Espinel, sí surte un resultado en favor de la paz. “En Washington está el centro del poder en Estados Unidos, hay una gran población de colombianos. Los representantes Jim McGovern y Rubén Gallego —hijo de inmigrantes hispanos— han promovido cartas pidiendo la implementación del Acuerdo, y todo eso se envía por medio del Departamento de Estado. Creo que sí ha servido porque Colombia es aliado de Estados Unidos y le interesa su imagen. Si los políticos estadounidenses no ven con buenos ojos lo que sucede en el país, eso tiene su efecto. Y no es muy positivo que un gobierno figure negativamente por su gestión en la paz”, dijo.
Lo mismo considera María Cepeda, activista en Grecia por DLPI y por el colectivo Vamos por los Derechos Internacional. Ella reitera que el mundo tenía un interés inmenso en que, en efecto, el conflicto en Colombia se resolviera, y un paso inmenso y obvio para ello es aplicar los puntos del Acuerdo. Enfatiza, además, en que ha habido un cambio en la forma de hacer activismo. “El activismo político y social dejó de ser pasivo, en el sentido de únicamente denunciar, y parte de ello se debe a la firma del Acuerdo de La Habana. Ahora es más propositivo, tiene injerencia en la construcción de procesos sociales en el país”, manifestó.
Pero no solo eso. Otro ingrediente que ha ayudado a que los procesos por parte de DLPI tengan más fuerza, según su experiencia en este primer año del movimiento en su capítulo internacional, es la cantidad de dineros del exterior que arriban al país para aplicar lo pactado en las regiones. “¿Qué está pasando con esos dineros? Nosotros no lo sabemos con certeza, la gente en las regiones se queja de que no están llegando o que el Gobierno no responde. Habrá que pedir una auditoría”, cuestionó.
Mientras continúan su activismo desde DLPI y las otras 49 organizaciones no gubernamentales, afirman que el gobierno Duque “no tiene voluntad política” para implementar el Acuerdo. Cristina Espinel reitera en que “necesitamos otro gobierno que esté interesado y no destroce lo conseguido”. ¿Y mientras? “A nosotros nos toca seguir este esfuerzo, porque queremos una paz real y verdadera. Si nos callamos, entonces ¿cómo sería eso? Hacen lo que quieran. Si hablamos por lo menos hay una mirada mundial sobre lo que está pasando”, concluye Espinel.