Rodeado de las cabezas de los órganos de control, ministros, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía Nacional y consejeros presidenciales, el presidente Iván Duque hizo en la tarde del miércoles un anuncio en materia de protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Desde el Salón Bolívar de la Casa de Nariño, presentó una estrategia para coordinar a todas las entidades involucradas en garantizar la vida y la seguridad de los líderes sociales.
“Las instituciones aquí representadas hemos fijado una hoja de ruta para la unificación de la metodología y el levantamiento de información relacionado con el asesinato de líderes sociales, teniendo como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía General”, explicó el mandatario al lado de la procuradora Margarita Cabello, el fiscal Francisco Barbosa y el defensor del Pueblo Carlos Camargo. Según Duque, “en la independencia de poderes, pero en la colaboración armónica entre los mismos, queremos fortalecer cada vez más nuestra lucha contra la criminalidad que ha estado vinculada a estos abominables crímenes (contra líderes sociales)”.
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Según dijo el presidente, esa decisión permite “unificar la información entre todas las entidades y que la lucha común contra este flagelo nos permita, bajo indicadores certeros, ser cada vez más efectivos”. Pero el anuncio no fue bien recibido. Incluso la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, le salió al paso a las declaraciones con un duro pronunciamiento.
“Sería un error creer frente a lo que está ocurriendo en el país que el objetivo principal es acordar cifras. Lo importante es prevenir los asesinatos, ataques y amenazas contra defensores y defensoras de DD.HH., líderes y lideresas sociales, se trate de 10, 20 o 100 casos. Cada amenaza, cada ataque, cada asesinato contra los defensores tiene como objetivo acallar su labor y esto cercena la democracia y el Estado de derecho”, señaló Rivero.
¿Por qué el presidente habló de unificar cifras de asesinatos a líderes sociales en el país? Porque actualmente hay varias fuentes de información: una cifra es de la Fiscalía, a la que recurre el Gobierno Nacional y es tomada a su vez de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). Otra es la que maneja la Defensoría del Pueblo, organismo independiente del Gobierno, que recoge la información en terreno con sus defensorías regionales y que alimenta el Sistema de Alertas Tempranas (SAT). Y, además, existen por lo menos dos organizaciones de la sociedad civil que le hacen un juicioso seguimiento al tema y manejan sus propios número: el Programa Somos Defensores e Indepaz.
Si bien las cifras entre estas fuentes nunca coinciden por diferencias en la metodología para recopilar la información, la cifra de Oacnudh, usada por la Fiscalía, siempre es la más baja porque, como ha reconocido esa misma oficina, son reportes parciales, pues no cuentan con la cobertura suficiente en el territorio para abarcar la totalidad de los casos.
En la siguiente gráfica puede observar las diferencias entre las cifras desde 2016 a 2019 entre esas cuatro fuentes de información. Los datos consolidados sobre 2020 todavía están en construcción en varias de esas entidades y no permiten hacer la comparación.
Justamente desde las dos organizaciones civiles que monitorean el tema envían también una voz de alarma sobre lo que puede implicar el anuncio de Gobierno. “El trabajo juicioso que venía haciendo la Defensoría del Pueblo de seguimiento a las agresiones a líderes sociales, que no son solamente asesinatos, queda amordazado. La Defensoría es un órgano de control autónomo, con funciones constitucionales; y el Sistema de Alertas Tempranas fue fortalecido por el Acuerdo de Paz justamente para prevenir riesgos. Plegarlo a la Fiscalía, que es lo que se está haciendo, es una agresión a su autonomía”, dijo Lourdes Castro, directora del Programa Somos Defensores.
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En este punto está de acuerdo Leonardo González, coordinador del observatorio de Derechos Humanos de Indepaz. Si bien sus cifras tampoco suelen coincidir con las de la Defensoría, reconoció la labor que hace ese órgano en el seguimiento a la situación de líderes. “Están diciéndole a la Defensoría que no presente cifras sobre líderes, y quien más se estaba acercando a las cifras de líderes y defensores era justamente esta entidad, con funcionarios en todos los departamentos y con el SAT. Querer callar a la Defensoría es lamentable”, sostuvo.
Esos riesgos son confirmados por un exfuncionario de la Defensoría del Pueblo que conoce todo el sistema de información. Según él, el registro que llevaba esa entidad buscaba servir de base para que la Fiscalía investigara esos casos con la orientación de una directiva de 2016, que estableció que los homicidios de defensores de Derechos Humanos se debían investigar bajo la hipótesis de que la causa del homicidio era la defensa de los Derechos Humanos. Agregó que, hasta julio de 2020, la Defensoría llevaba la cifra de 662 homicidios de líderes sociales desde enero de 2016. Para esa fecha, la cifra de la Fiscalía rondaba los 400 casos.
“Con este presupuesto de unificación de cifras en línea con la Fiscalía, habría más de 200 casos que no van a ser investigados con la hipótesis de que el homicidio del defensor fue por la defensa de los DD.HH.”, enfatizó. Pero, además, en esos 200 casos que quedan por fuera del radar de la Fiscalía habría mucha información “sobre la tendencia de la violencia en términos territoriales, grupos poblacionales, pertenencia étnica. Cuando no hay información, no se conoce quiénes son las víctimas, dónde están, cuál es su actividad. Si la decisión es recortar los casos de más, el Gobierno se está dando un tiro al pie, dejando de analizar información muy valiosa para diseñar políticas públicas en materia de seguridad”.
¿Los órganos de control alineados con el Gobierno?
Si bien el presidente Duque habló de “independencia de poderes” y “colaboración armónica entre los mismos”, la imagen que se vio en la Casa de Nariño, según algunos entrevistados, dejó la sensación de que la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría fungieron más como carteras ministeriales que como órganos de control.
“Lo que vimos nos lleva a la preocupación que planteamos los defensores de DD.HH. y académicos en su momento, de las implicaciones para la democracia que tiene esta cooptación de los órganos de control por parte del Gobierno. Esos órganos en cualquier democracia tienen que hacerle control a las decisiones del Gobierno y no terminar plegados a esas decisiones”, reclamó Lourdes Castro, de Somos Defensores.
En el pronunciamiento de Juliette de Rivero, de la oficina de la Acnudh, también hubo un llamado por la autonomía de cada entidad. “Para luchar contra estas violaciones es esencial que cada institución del Estado cumpla a cabalidad con su función, sea esta de control, de investigación u otro para proteger derechos y esclarecer, prevenir y sancionar estos crímenes”.
La preocupación se incrementa, además, porque el Acuerdo de Paz había logrado darle mayor autonomía a la Defensoría del Pueblo. Antes de la firma de ese pacto, la Defensoría elaboraba informes de riesgo y era el Ministerio del Interior–a través de una instancia que se llamaba Comisión Intersectorial para las Alertas Tempranas–el que decidía si los elevaba o no a alerta temprana. Después de la firma de la paz, la Defensoría fue totalmente autónoma en la emisión de alertas tempranas y, de hecho, con esa facultad expidió la alerta temprana 026 de febrero de 2018 en la que advirtió del riesgo que enfrentaban los líderes sociales en 332 municipios del país.
La discusión por las cifras de esclarecimiento
El fiscal Barbosa, tras el anuncio del presidente Duque, soltó esta cifra: “En el curso del último año pasamos del 52% de esclarecimiento al 63,52% de crímenes de líderes sociales”. El funcionario no presentó los datos que respaldaban su afirmación, pero la manera en que la Fiscalía presenta las cifras de esclarecimiento ya ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil.
De hecho, tras el anuncio en la Casa de Nariño, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que tiene asiento en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, emitieron un comunicado en el que rechazaban esa afirmación. Explicaron que la Fiscalía habla de esclarecimiento “entendiéndolo como cualquier avance de tipo procesal en los casos, de suerte que para la Fiscalía la sola apertura de noticia criminal o la vinculación de un presunto autor son esclarecimiento”. El trabajo investigativo de la Fiscalía, expresaron las organizaciones, “se ha caracterizado por judicializar a los autores materiales de los hechos, sin llegar a los autores intelectuales de las agresiones y mucho menos al desmantelamiento de las estructuras armadas detrás de ellas”.
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Pero las críticas también llegan de organizaciones internacionales. Las cifras fueron cuestionadas en el informe que el relator especial de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, presentó el año pasado y que generó molestia en el Gobierno Nacional. En ese entonces, según ese documento, a agosto de 2019, de los 302 casos de asesinatos que reportaba la Acnudh desde 2016, solo 33 contaban con sentencias condenatorias en firme, lo cual significaba un porcentaje del 11% de esclarecimiento de los casos. Otros 55 casos estaban en etapa de juicio, 45 en investigación, 41 en indagación con orden de captura.
En su momento, la respuesta del Gobierno fue que no se podía tomar como indicador de esclarecimiento el número de sentencias condenatorias, porque ello desconocía el progreso relacionado con la investigación penal en sus diferentes etapas. Según esa versión, la obligación de la Fiscalía General “es la de investigar y esta constituye una obligación de medio, mas no de resultado”. Además, dijo que todo el universo de homicidios a líderes que investigaba la Fiscalía era de 549 casos y que ya había un avance en el esclarecimiento en 245 de ellos: 75 casos con sentencia condenatoria, 84 en etapa de juicio, 31 en etapa de imputación de cargos, 53 en indagación con orden de captura y 2 casos precluidos.