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En 2008, cuando la Corte Constitucional constató que la violencia sexual en el conflicto armado constituía un riesgo de género con características de ser “habitual, extendida, sistemática e invisible” y remitió a la Fiscalía 183 casos para que fueran investigados prioritariamente (auto 092), las víctimas vieron una esperanza de superar la impunidad. En 2015, cuando la Corte recalcó que había falta de cumplimiento sobre la orden que había dado, remitió 444 casos más, que también estaban sin resolverse, esta vez en el auto 009. Sin embargo, hoy, 12 años después de la primera orden, la impunidad persiste en más del 90% de los casos.
Así lo muestra el séptimo informe de la Mesa de Seguimiento a estos autos, que revela que siguen en la impunidad el “97% de todos los eventos de violencia sexual que componen los dos anexos reservados (2015) y en 91,5% de los hechos del anexo del Auto 092)”. Esto se traduce en que la mayoría de los 627 procesos penales (con 768 víctimas) se encuentran en las etapas iniciales de investigación.
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En la presentación del informe, organizado por la Corporación Sisma Mujer, que ejerce la secretaría técnica de la Mesa de Seguimiento, se manifestaron las sobrevivientes, lideresas y abogadas. Yirley Velasco, lideresa social de los Montes de María y sobreviviente de violencia sexual, dijo que estos resultados, a pesar de su lucha constante, las pone tristes: “En el caso de la violencia sexual de la masacre de El Salado sigue en la impunidad. Hay mañanas en las que nos levantamos y no queremos seguir, pero también nos impulsa y nos llena de valor seguir exigiendo nuestros derechos, seguir exigiendo que se nos respete la vida”, dijo. “Los victimarios nunca dan respuesta y las entidades competentes a veces tampoco lo hacen”.
El informe muestra que hay obstáculos burocráticos para el acceso a la justicia, así como inconsistencias en los informes presentados por la Fiscalía, como el agrupamiento de casos en un mismo radicado, aunque no expliquen por qué lo hicieron, o la variación de cifras de los casos en las etapas procesales.
“La sucesión de dichas inconsistencias se resume así: mientras que en abril de 2018 la Fiscalía se refirió a 176 casos judicializados para el Auto 092, en mayo de 2018 aludió a 228. Para el Auto 009, mientras en abril de 2018 reportó 442 casos, en mayo del mismo año se refirió a 402”, detalla el documento.
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Además, la Mesa dice que la información actualizada por la Fiscalía es “imprecisa y confusa”. “Por un lado, sobre un conjunto importante de los casos que se reportan con sentencia no se tiene noticia del contenido del fallo (si absolutorio o condenatorio y si incluye los hechos de violencia basada en el género, VBG)”. Y por otro lado, dicen que en la última base de datos que entregó el entre acusador a la Mesa (actualizada a 1 de octubre de 2019), “algunos casos que en el pasado habían sido reportados como casos con sentencia, ahora se reportan bajo un número de radicación diverso y en una etapa procesal anterior, sin que la Fiscalía explique la razón de este cambio en el informe”.
El informe también se refiere a los casos remitidos por la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Mesa dice que indagó con la JEP sobre esta remisión y sobre el estado en el que estaban los casos que sí estaba conociendo la JEP. La respuesta, dice la Mesa, fue “desestructurada, incompleta e insuficiente”, “pues no fue posible tener un balance general de la institución sobre el tema, sino reportes según relatores de los casos priorizados”. Además, “no hay precisión en relación con los avances de los casos que están conociendo”. Y, finalmente, “la información aportada (por la JEP) no permite identificar una acción consistente en relación con los casos de los anexos reservados”.
La Mesa también llama la atención sobre el acompañamiento jurídico a las víctimas. “Defensoría del Pueblo no ofrece información actualizada sobre la superación de las dificultades para garantizar que haya recurso humano suficiente y capacitado para asistir jurídicamente a las mujeres víctimas de violencia sexual”. Y si bien reconocen los esfuerzos hechos por la Unidad Nacional de Protección para brindar seguridad a las mujeres víctimas, aunque dicen que faltan claridades sobre las “presunciones constitucionales de riesgo, especialmente para las mujeres víctimas de violencia sexual y más allá del trámite de emergencia”.
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Por último, se refieren a la atención integral en salud, sobre lo que dicen que hay visibles avances formales, aunque “existe una desarticulación en el sector salud que permita comprender el universo total de víctimas de los anexos reservados”, explicó María Paula Lemus, abogada del CAJAR.
Más mujeres víctimas participaron del lanzamiento del informe. Todas llamaron la atención sobre la necesidad de que se siga atendiendo la salud de las mujeres, especialmente en salud mental. Además, llamaron la atención sobre la seguridad y el miedo que sienten algunas de ellas. Aurora Mejía, por ejemplo, dijo que teme por la vida de su familia: “Me tocó salir nuevamente desplazada de mi residencia por amenazas. Estoy refugiada y escondida. En este momento me llegó un comunicado donde me van a quitar mi seguridad, la UNP. Estoy como desamparada por el Estado”.