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Los habitantes de la vereda El Tandil, en Tumaco (Nariño), no dudan en señalar a la Fuerza Pública como responsable de la masacre perpetrada el 5 de octubre del año pasado. En los hechos murieron siete campesinos que se encontraban protestando contra la erradicación forzada. Un año después de que ocurriera la matanza, las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría no han entregado resultados. A la fecha, ningún uniformado ha sido sancionado ni condenado.
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Hace un año, una protesta contra la erradicación forzada se convirtió en un baño de sangre. Un grupo de campesinos hizo un cordón para no dejar pasar a la Fuerza Pública hacia las plantaciones de coca. En Tumaco, miles de familias viven de ese cultivo; es el municipio con más hectáreas sembradas de hoja de coca en el país. Luego de estar unas horas impidiendo el paso de los uniformados se escucharon disparos.La situación en la vereda se agravó tres días después. Una comisión de defensores de derechos humanos y periodistas entró hasta el lugar donde se perpetró la masacre. Tras pedir autorización a quien se identificó como el capitán de Policía de la zona, un grupo de unas 15 personas se internó a verificar si había más cuerpos sin vida. Sin embargo, los uniformados hostigaron al grupo.
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Ambos hechos significaron una crisis para el gobierno de Juan Manuel Santos. Tanto así que el presidente decidió relevar a 105 uniformados que hacían presencia en la zona en el momento de la masacre. Además, el entonces vicepresidente, Óscar Naranjo, despachó desde Tumaco durante siete días. La vicefiscal María Paulina Riveros también estuvo en el municipio, desde donde anunció investigaciones para que los hechos no quedaran en la impunidad.
En ese momento pareció que las investigaciones avanzaban. Riveros aseguró, el 23 de diciembre de 2017, que le iban a imputar cargos al capitán que estaba a cargo del Núcleo Delta de la Policía y al mayor en cabeza del pelotón Dinamarca I del Ejército. Los cargos eran “homicidio agravado y homicidio agravado tentado en calidad de autores, por posición de garantes”. A pesar del anuncio, la misma entidad le confirmó a Colombia 2020 que hasta la fecha no se ha hecho una sola imputación. “No se ha realizado por los aplazamientos en los juzgados”, respondieron de la entidad.
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La Procuraduría inició investigaciones disciplinarias. El Ministerio Público vinculó a 40 miembros de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad para la Erradicación Manual de Tumaco, Núcleo Delta de la Policía Nacional. También investigó la actuación de 14 integrantes del pelotón Dinamarca de la Quinta División de la Brigada Móvil N° 35 del Ejército Nacional y al capitán Camilo Andrés González Cano, los patrulleros Ánderson Estiven Sánchez Castillo y Brian David Palma Restrepo, miembros de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación Caseg-6. Sin embargo, no se han producido sanciones ni hay pliegos de cargos a la fecha.
Al ser consultada, la Policía Nacional explicó que, una vez ocurridos los hechos, la Inspección General abrió una investigación interna, pero luego la Procuraduría General y la Fiscalía asumieron por “poder preferente” las investigaciones en el ámbito disciplinario y penal.
Para los campesinos de la región es vital contar con los resultados de las investigaciones. El 8 de octubre del año pasado, antes del hostigamiento a la comisión, el pedido era enfático: “Por favor, digan afuera la verdad de lo que pasó”. Mostraban los orificios de las balas en los árboles y agregaban que todos los impactos estaban del lado de donde se encontraban los policías.
Sentían impotencia por la información que difundió la Fuerza Pública después de los sucesos. Un comunicado, que todavía se encuentra publicado en la página web del Ejército, asegura que “las indagaciones preliminares señalan que al parecer alias Guacho y su grupo de GAO residual de la Daniel Aldana de las Farc, lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”.
Las versiones de quienes estaban en el lugar contrarían esta versión. Incluso, un soldado perteneciente a la Brigada Móvil Nº 4, apostada a unos 400 metros del lugar de la masacre, accedió a contar lo que pasó ese día bajo la condición de que no se revelara su identidad. Según el uniformado, ese día no se escucharon explosiones de tatucos, como lo indicaba el comunicado de prensa. Agregó que era muy poco probable que la acción hubiese sido ejecutada por la disidencia de Guacho, porque en el sitio donde ocurrieron los hechos solo hacía presencia la Policía Antinarcóticos.
Un año después, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, pide que se haga justicia y se conozca la verdad de lo que sucedió en El Tandil. “Lo más urgente es dejar declarado que los campesinos y los pequeños productores no son delincuentes ni criminales”, expresó el mandatario. Romero se mostró preocupado por las medidas que pueda tomar el gobierno de Iván Duque frente a los cultivos de coca en esta región. “Nos preocupa que si eso pasó hace un año, los anuncios de fumigación con glifosato pueden desatarnos una crisis humanitaria en el departamento”, advirtió.
Nariño es el departamento con más hectáreas de cultivos de uso ilícito; unas 50.000 familias viven de las siembras. “No se puede esperar que haya aplausos (de parte de los cultivadores) ante las fumigaciones con glifosato. Lo que va a haber es una crisis social muy fuerte”, indicó Romero.
Otro comunicado de prensa que generó indignación entre las víctimas fue el que difundió la Policía tras el hostigamiento a la comisión de derechos humanos. El documento, que se encuentra en la página web de la institución, dice que iban unos 200 campesinos junto al grupo de organizaciones sociales, internacionales y periodistas. Los acusan de intentar “ingresar a la fuerza” a una base de la Policía y el Ejército. Días después, el general de la Policía José Ángel Mendoza admitió que lo dicho en el comunicado no era cierto.
Los campesinos y el pueblo awá de Tumaco, que perdió a dos de sus integrantes, siguen esperando que la justicia actúe. Esperan que los fallos confirmen sus versiones sobre la masacre de El Tandil y hagan honor a la verdad de las circunstancias en las que siete de sus familiares murieron. Mientras tanto, los investigados siguen activos en las instituciones, pese a que los habitantes los han señalado de perpetrar la matanza.