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Desde que se decretó la emergencia sanitaria por el COVID-19 en Colombia, la fuerza pública ha ejecutado operaciones de erradicación forzada de coca en, al menos, ocho departamentos. En todas las regiones, el llamado de las comunidades ha sido el mismo: suspender esas acciones, al menos durante la cuarentena, pues no tienen otro medio de sustento para sus familias. En medio de esos operativos, además, dos campesinos y un indígena awá han muerto a manos del Ejército y la Policía. Los choques entre labriegos y uniformados se multiplican en varios municipios. La desconfianza de los campesinos se acrecentó con el anuncio de la llegada de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad (SFAB por su sigla en inglés) de Estados Unidos a Colombia a ayudar al país en la lucha contra el narcotráfico.
(Lea: Brigada norteamericana en Colombia, otro golpe a la sustitución voluntaria de coca)
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a través de un cuestionario enviado por Colombia 2020 con posibilidad de contrapreguntar, defendió la estrategia de la erradicación forzada y su efectividad en la lucha contra los cultivos de uso ilícito. Respondió a los principales reclamos de las comunidades que viven de ese cultivo y fue enfático en sostener que no se suspenderán esas acciones. Dijo que la muerte de civiles en medio de esos operativos está bajo investigación y que el uso de la fuerza solo se produce en defensa propia.
¿Por qué se intensificaron los operativos de erradicación forzada de coca durante la cuarentena?
Las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos se desarrollan de acuerdo con el cronograma establecido para el año 2020, que tiene como objetivo la erradicación de 130.000 hectáreas de coca en el país. Desde que inició la emergencia sanitaria hemos sido claros: las operaciones militares y policiales continúan, pues la fuerza pública debe cumplir su deber constitucional de protección a la población y eso incluye la lucha contra el problema mundial de las drogas ilícitas.
¿Cuáles son los protocolos que se están aplicando para la erradicación forzada en medio de la pandemia?
Las unidades militares y policiales del país, incluidas las que están comprometidas en erradicación de cultivos ilícitos, cumplen de forma estricta con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Se adoptaron de forma inmediata medidas de prevención para disminuir el riesgo de contagio y mitigar los impactos de la pandemia entre los miembros de la fuerza pública y el personal civil que compone los Grupos Móviles de Erradicación. A través de las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas se llevan a cabo campañas para la sensibilización del personal y la difusión de las medidas de prevención, entre las cuales se contempla la identificación de síntomas, el aislamiento social, el uso de insumos de protección como tapabocas y guantes al tener contacto con la población, entre otros.
(Vea: Los riesgos de la erradicación forzada de cultivos de coca en las regiones)
El Gobierno ordenó evitar la concentración de personas, pero las operaciones concentran uniformados y erradicadores, y llegan campesinos que viven de los cultivos y salen a defenderlos. ¿No va eso contra las medidas dictaminadas por el Gobierno?
En ningún momento, pues las actividades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional están contempladas en las excepciones del Decreto 457 del 2020 y se cumplen bajo los lineamientos y protocolos del Ministerio de Salud para prevenir el contagio. Todas las operaciones de la fuerza pública se han mantenido durante la emergencia sanitaria, pues su finalidad es la seguridad y tranquilidad de los colombianos, lo cual incluye contrarrestar actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión y la extracción ilícita de minerales, que son el combustible de las organizaciones criminales.
¿Cómo evitar estas concentraciones si los campesinos salen a defender sus cultivos?
No se puede olvidar que la siembra de cultivos de coca es ilícita en Colombia y la fuerza pública no puede renunciar al cumplimiento de su deber legal y constitucional. Actualmente Colombia y el mundo enfrentan una pandemia. Los ciudadanos debemos ser conscientes de que somos los primeros responsables de nuestro cuidado y que debemos acatar unas normas sanitarias que nos aplican a todos por igual.
¿Por qué siguen usando civiles para la erradicación forzada, pese a las recomendaciones de Naciones Unidas para que no se haga?
Los civiles que apoyan la erradicación de cultivos ilícitos realizan esta actividad con el acompañamiento en seguridad de la fuerza pública; es decir, una vez el área ha sido asegurada por los uniformados. Recibimos 200.000 hectáreas y gracias al trabajo de este Gobierno se comenzó a reducir esa tendencia tan grave de crecimiento en la que veníamos. ¿Qué significaron esas 200.000 hectáreas? La presencia de grupos narcotraficantes en nuestras comunidades rurales, a donde llegan y pasan por encima de los líderes sociales y los campesinos en su afán por controlar los cultivos ilícitos, la producción y las rutas de salida de la cocaína.
(Lea también: “Rechazo la erradicación forzada”: alcalde de Teorama)
Si el Ejército asegura las áreas, ¿por qué han caído en campos minados más de 450 civiles desde que se usa la estrategia de la erradicación forzada?
En 2019 se registró un integrante de los GME muerto y 21 heridos. Durante 2020 no se han registrado muertes y se reportan cuatro heridos. Todas las muertes y afectaciones que causan estos criminales nos duelen, por esta razón trabajamos incansablemente en contra del narcotráfico. Las minas antipersonales y los artefactos explosivos improvisados que instalan cobardemente las organizaciones criminales para proteger los cultivos ilícitos son una de las más terribles violaciones a los derechos humanos y al DIH. Es inaceptable dar a entender que el uso de estos artefactos se debe a la erradicación de la fuerza pública; por el contrario, se debe a la avaricia, insensatez y codicia criminal de las organizaciones narcotraficantes. Los GME ingresan al área a erradicar una vez se han verificado las áreas por los expertos antiexplosivos de la fuerza pública, revisando y asegurando el terreno. Infortunadamente, no existen procedimientos que aseguren identificar la totalidad de artefactos explosivos improvisados instalados en un área. El daño no lo causa la erradicación, lo causa la insensatez de estos criminales.
¿Por qué han muerto durante este año tres campesinos y un indígena a manos de miembros de la fuerza pública en medio de operativos de erradicación forzada?
Estos hechos están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación y las autoridades disciplinarias competentes, quienes deben establecer las circunstancias y responsables de los mismos, así como emitir las decisiones que en derecho corresponda.
¿Qué falló en los mecanismos de control para que eso ocurriera?
Deben ser las autoridades competentes las que determinen, en cada caso, circunstancias y responsables individuales. Cualquier pronunciamiento por fuera de esas investigaciones sería irresponsable.
¿Qué acciones están tomando para que no haya más muertos en medio de los operativos de erradicación?
Uno de los pilares de la política de defensa y seguridad es la protección de los derechos humanos. Los integrantes de la fuerza pública se encuentran capacitados para aplicarlos y garantizarlos; reciben entrenamiento en protocolos de uso de la fuerza de conformidad con las normas jurídicas nacionales e internacionales, la doctrina y directivas institucionales. A nivel local se solicita el acompañamiento y seguimiento por parte de las autoridades y entidades de control (personerías y Defensoría), para establecer canales de diálogo y buscar la protección de la población y de los uniformados. Solo en los casos en que las unidades de erradicación son atacadas violentamente, las unidades militares y de policía pueden hacer uso de la legítima defensa, con un uso proporcional de la fuerza. Frente a la manifestación pacífica la fuerza pública no responde con el uso de la fuerza, pues respeta este derecho y lo garantiza.
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Un antecedente de casos como esos es la masacre de El Tandil (Tumaco) en la que murieron siete campesinos en medio de labores de erradicación ¿Ese hecho hizo que se modificaran los protocolos de los grupos móviles de erradicación?
Esos hechos siguen en investigación por parte de las autoridades judiciales competentes. Aún no se conocen fallos judiciales en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y tampoco se han atribuido responsabilidades a nivel penal, ni disciplinario por parte de las autoridades competentes.
¿Cómo garantizar, en medio de la pandemia, la seguridad alimentaria de las familias que subsisten de los cultivos de coca que les erradican?
La misión constitucional de la fuerza pública es la defensa del orden constitucional y del mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Esto incluye contrarrestar todos los eslabones del narcotráfico, el cual es uno de los principales generadores de violencia en nuestros territorios; de lo contrario estarían omitiendo sus deberes constitucionales.
¿Por qué se está erradicando forzadamente en municipios que tienen acuerdos colectivos firmados en el programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito?
La fuerza pública, en cumplimiento de la Constitución y de la ley, erradica en las áreas en donde la dirección de sustitución de cultivos (PNIS) reporta que no existen acuerdos de sustitución vigentes.
¿Por qué no detener estas operaciones durante la emergencia sanitaria como lo han pedido organizaciones campesinas, asambleas departamentales, alcaldías y centros de pensamiento?
Desde el primer día de la emergencia sanitaria lo dijimos: las operaciones policiales y militares de la fuerza pública se mantienen en todo el territorio, porque es su deber constitucional proteger la vida e integridad de los colombianos. Detener las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos es permitir que las organizaciones criminales mantengan el combustible de sus aparatos criminales. Los cultivos ilícitos son una fuente de financiación fundamental de la red de valor del narcotráfico y permiten que las organizaciones tengan recursos para llevar a cabo acciones criminales en contra de la población. La fuerza pública en ningún momento puede renunciar al cumplimiento de su misión. Dejar de cumplirla pone en riesgo la vigencia de los derechos de la población.
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La resiembra de cultivos de coca con erradicación forzada alcanza cifras de más del 50 %, según datos del comisionado de Paz, Miguel Ceballos, mientras que con sustitución voluntaria, es del 0,4 %, según Naciones Unidas ¿Por qué insistir en la estrategia de la erradicación forzada?
La lucha contra los cultivos ilícitos debe darse con todas las herramientas disponibles. La combinación de todas las herramientas, como la sustitución, la erradicación manual e incluso la aspersión aérea, ha demostrado en Colombia ser efectiva. No hay una única herramienta que haya demostrado por sí sola efectividad suficiente contra los cultivos ilícitos. La prueba está en que en el Catatumbo se dejó de erradicar por parte de la fuerza pública desde el 2013 y, aunque se realizaron acuerdos con las comunidades, los cultivos ilícitos aumentaron 433 %, pasando de 6.210 ha en 2013 a 33.116 ha en 2018, según el informe Simci de Naciones Unidas.
Usted dijo que la brigada de asistencia estadounidense llega a asesorar a las Fuerzas de Tarea Conjunta Hércules, Vulcano y Omega, que operan en algunas de las zonas con más coca sembrada en el país. ¿Cómo funcionará esa asesoría en el terreno? ¿Cuál será el rol específico de esa brigada?
El propósito es asesorar a los Estados Mayores de esas Fuerzas de Tarea de nuestro país, que fueron priorizadas por operar en regiones donde hay mayor incidencia del flagelo del narcotráfico. Es una asesoría consultiva y técnica, que se lleva a cabo dentro de la unidad militar, no en terreno, y que para Colombia es muy importante en el marco de la cooperación bilateral que desde hace décadas tenemos con Estados Unidos, teniendo en cuenta que el problema de las drogas ilícitas es mundial y la responsabilidad de contrarrestarlo no es solo de Colombia, es compartida. Los militares estadounidenses que vienen a prestar asesoría no participarán en operaciones militares, pues esas las desarrollan exclusivamente las tropas colombianas. Su rol es consultivo y técnico.
Estados Unidos ha asesorado a Colombia en política de drogas durante años. ¿Qué es lo diferente en esta ocasión?
No hay diferencia, esta asesoría se desarrolla en el marco de los acuerdos bilaterales que desde hace décadas tenemos con Estados Unidos, para cooperación militar y de defensa. Para nuestro país la cooperación con otros países en la lucha contra el problema mundial de las drogas es fundamental.
