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Autoridades del departamento de Nariño confirmaron una nueva masacre en su departamento. Esta vez se trata de al menos tres comuneros indígenas asesinados en el resguardo awá Pialapi Pueblo Viejo, ubicado en el municipio de Ricaurte. El número de víctimas mortales está siendo verificado por una comisión que fue a la zona encabezada por el coordinador de justicia de la organización del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari) y el gobernador del resguardo donde ocurrieron los hechos, Miguel Caicedo.
Según información preliminar, el hecho sucedió en la comunidad del Aguacate, la más lejana de todas las que hacen parte del resguardo. Desde el casco urbano de Ricaurte hasta esa zona hay un trayecto de hasta 10 horas, las primeras dos en carro o en moto y de ahí en adelante en mula o a pie. Se ha dicho también que otros comuneros indígenas del resguardo se encuentran desaparecidos.
Esta nueva masacre ocurre apenas tres días después de que en el municipio de Samaniego, en ese mismo departamento, ocho jóvenes de entre 19 y 25 años de edad fueran asesinados por hombres armados y encapuchados que irrumpieron en la vivienda donde las víctimas estaban reunidas en la vereda Santa Catalina. Igualmente, siete días antes, el 8 de agosto, dos jóvenes de 15 y 17 años fueron asesinados por hombres armados, esta vez en el municipio de Leiva, en la zona de cordillera del departamento de Nariño.
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“Estamos en una anarquía, un desorden total en Nariño. Hay un recrudecimiento de la violencia en varios lugares: Policarpa, Leiva, zona rural de Tumaco, especialmente en Llorente (…) Estamos preocupados y nos sentimos muy impotentes por lo que está sucediendo. No nos queda más que encomendarnos a Dios para que esto pare”, había advertido en entrevista con este diario el gobernador de Nariño, Jhon Alexander Rojas, luego de la masacre de Samaniego.
Justamente por esta oleada de violencia y antes de que se conociera la masacre de los indígenas awá, este martes los obispos de varios municipios de Cauca y Nariño emitieron un comunicado en el que condenan los hechos ocurridos en ambos departamentos. “Como pastores, en diferentes momentos, hemos manifestado por diversos medios, preocupación por los hechos de violencia que se viven en nuestras jurisdicciones, que se suman a los varios informes y alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, y de diferentes organizaciones nacionales e internacionales que han pedido a las instituciones gubernamentales estar más atentos a ciertas zonas en donde la violencia se hace más aguda”, dice la comunicación firmada por el arzobispo de Popayán y los obispos de Pasto, Ipiales, Tumaco, Guapi y Tierradentro.
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El riesgo del pueblo awá ya había sido advertido
El riesgo que corren las comunidades awá en el departamento de Nariño ya lo había advertido la Defensoría del Pueblo en una alerta temprana emitida en octubre de 2019. En ese documento, la entidad hacía referencia explícita a varios resguardos awá en Barbacoas, Tumaco y Ricaurte, entre ellos el de Pialapi Pueblo Viejo. Allí, la Defensoría advirtió de la presencia de las Guerrillas Unidas del Pacífico, el frente Oliver Sinisterra, el Eln, grupos posdesmovilización de las AUC y los Contadores en territorios ancestrales awá.
“Las principales afectaciones diferenciales a los derechos a la vida, integridad, seguridad y libertad del pueblo Awá, están determinadas por el asentamiento de los grupos armados ilegales que incursionan en los territorios ancestrales para aprovecharse de la explotación minera, las perforaciones al Oleoducto Trasandino (OTA), la proliferación de los cultivos ilícitos, la creación de rutas para el narcotráfico que generan disputas por el control del territorio, que derivan en tensión y desplazamientos forzados”, se lee en la alerta temprana.
Igualmente, el impacto de la guerra en el pueblo awá lo evidenció la Corte Constitucional cuando incluyó a ese pueblo en el auto 004 de 2009 que alertó sobre la situación de 32 pueblos indígenas al borde de la extinción física y cultural por la afectación sistemática y desproporcionada a sus territorios en el marco del conflicto armado. Impacto que reiteró en el auto 174 de 2011, mediante el cual instó a que se adoptaran medidas cautelares para proteger los derechos del pueblo awá de Nariño y Putumayo.
Además, el 16 de marzo de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los miembros del pueblo awá. Esto luego de verificar la especial afectación de esa comunidad indígena por el conflicto armado y particularmente en ese momento por las minas antipersonal. Por eso, la comisión solicitó al Estado colombiano adoptar medidas en consenso con ese pueblo indígena para garantizar su vida y su integridad personal, que deberían incluir acciones de desminado en su territorio ancestral.