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Solo en 2018, según la Defensoría del Pueblo, fueron asesinados 172 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Eso sin contar que en tan solo los primeros nueve días de 2019 ya han sido asesinadas siete personas más, reconocidas en sus territorios por abanderar causas sociales y políticas importantes. ¿Cómo detener este inconcebible fenómeno que enluta al país? Mientras el Gobierno busca alternativas, hay quienes le recuerdan, como la Misión de paz de Naciones Unidas, la necesidad de convocar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
En contexto: Las medidas del Estado para proteger a los líderes sociales
Una instancia de articulación estatal, producto del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, que busca detener este flagelo de violencia y desarticular a las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. Está integrada, además de todas las autoridades estatales, con integrantes de la sociedad civil, a través de cinco delegados.
Tres de ellos eran parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y dos más eran delegados de plataformas de derechos humanos.
En diálogo con Colombia2020, Franklin Castañeda, delegado de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, una de estas plataformas de derechos humanos que hace parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad explica la importancia de convocar esta instancia. Así como pide su articulación con los decretos de protección colectiva vigentes y reacción rápida ante las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
¿Qué pasa con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad?
El gobierno de Iván Duque no la ha convocado. Está instancia está totalmente inactiva. Así como otra, incluso superior a esta.
¿A cuál se refiere?
Al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), creado en el decreto 895 de 2017, el decreto madre del cual surgen unas series de medidas, a propósito del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, que debían integrarse para garantizar seguridad y protección a los movimientos sociales y de oposición política en el país.
¿Por qué este sistema es tan importante en la protección de líderes sociales?
Ese decreto contiene una alta instancia para la protección y seguridad en el ejercicio de la política. Esa alta instancia es de convocatoria directa del presidente de la República y no se ha conformado. Y tiene funciones directamente en el tema de protección y seguridad de miembros del partido político de oposición o de organizaciones sociales. Esa alta instancia del Sisep deriva una serie de funciones que debían estar articuladas, entre otras, a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
¿Qué funciones tiene la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad?
La Comisión tiene como función crear estrategias para la desarticulación de las organizaciones criminales que atentan contra los líderes sociales y demás, como pueden ser las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. La Comisión, de acuerdo al decreto ley 154 de 2017, debe ser convocada una vez al mes por parte del Presidente. Es decir, que el presidente Iván Duque ha debido convocarla ya cinco veces y no ha convocado ninguna.
¿Qué alcanzó a adelantar esta comisión durante el gobierno Santos?
En el breve tiempo que alcanzó a funcionar la Comisión creó una serie de instancias inferiores y ejecutivas, como subcomisiones, que tampoco han sido convocadas por el Gobierno. Pero esto no es todo, también otro decreto que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz, el 660 de 2018, que creó las medidas de protección colectivas de comunidades en riesgo, tampoco está funcionando. Así como tampoco están implementándose los cuatro planes piloto que alcanzó a impulsar el Gobierno anterior que concertó medidas de protección colectivas de comunidades en altísimo riesgo.Lea también: "La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para líderes va a paso lento"
¿Cuáles son esos planes de protección a los que se refiere?
El decreto 660 de 2018, sobre protección colectiva, no buscaba dar carros blindados, esquemas de escoltas y chalecos antibalas sino que partía de un criterio de concertación, en cabeza del Ministro del Interior, con las comunidades para saber cuáles son las medidas que ellos creían más convenientes para su protección.
¿En qué avanzó esta protección colectiva?
En el gobierno anterior se avanzó en cuatro planes piloto: Guapi, en el Cauca; la Comunidad de Alto Mira y Frontera, en Nariño; el Tarra, en El Catatumbo; y en San José de Uré, en Córdoba. La primera fase avanzó en la concertación de medidas de protección, pero luego venía la implementación de esas medidas, que le correspondía a este Gobierno y no se ha hecho nada sobre el tema. Tampoco se ha avanzado en la concertación de nuevos planes de seguridad colectiva con otras comunidades.
¿Qué otra medida de protección a comunidades no se ha implementado por parte del actual Gobierno?
Está el decreto 2124, el decreto del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. La alerta temprana la hace la Defensoría del Pueblo y el Estado crea un sistema de respuesta rápida que debe encabezar el ministro del Interior, en este caso de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez. Esa comisión debe brindar respuesta a partir de las recomendaciones que da la Defensoría del Pueblo. Si se analizan los lugares donde se está asesinando líderes sociales y dónde se está asesinando a la gente de la comunidad que no son líderes, y que son homicidios de los que nadie habla, son lugares donde se han expedido alertas tempranas de la Defensoría. Esta entidad ha hecho llamados tempranos del Gobierno para que asuma su responsabilidad de brindar protección en esas zonas y allí es donde el Gobierno debe brindar una respuesta rápida. Esa respuesta rápida no está llegando.
Entonces, según usted ¿el actual plan del Gobierno es insuficiente?
El Plan de Acción Oportuna para la Protección a Líderes no consulta ni a las comunidades ni consulta realmente a lo que existía anteriormente, que nació del acuerdo de La Habana.Lo que nos preocupa a nosotros es que el Gobierno no está cumpliendo lo que ya es una norma, independientemente de que haya salido del acuerdo de La Habana. Estos cuatro ejemplos pilotos de protección colectiva que mencioné surgen de normas que el Gobierno no debería desconocer solo por una postura ideológica. Así no lo reconozca públicamente eso es lo que está pasando en la práctica: que como eso nació del acuerdo de La Habana el Gobierno las ignora y pretende crear una nueva instancia y mientras eso pasa el problema de homicidio a líderes sociales se viene incrementando, como también se ha incrementado la falta de garantías para la gente de las comunidades donde están esos líderes sociales.
¿Tiene algún ejemplo?
Por ejemplo, la gente en El Catatumbo está sometida a una inseguridad muchísimo mayor que antes, pero de eso nadie habla porque no se trata de un líder social reconocido. Y eso tampoco lo ha querido ver el Gobierno.
¿Eso que quiere decir?
Que el Gobierno está faltando a su responsabilidad de protección, sobre todo a la hora de impulsar las medidas que nacieron del acuerdo de La Habana, precisamente para afrontar estos riesgos. Sobre todo, cuando no convoca la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que encabeza, ni cuando convoca la alta instancia del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, también a su cabeza.
¿Han intentado hablar con el Gobierno?
Hago parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y no he sido convocado a ninguna reunión hasta el momento. Hubo un amago de convocatoria para el 1 de noviembre de 2018 y se canceló. Nunca más hemos tenido contacto con gente del Gobierno. Hemos intentando, les hemos escrito y nada. Estuve en una reunión con la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, que no fue oficial. Aquí llamó a líderes de la sociedad civil para presentarnos, al igual que a las Naciones Unidas, la propuesta del Plan de Acción Oportuna. Y en esa reunión, la ministra se comprometió a transmitir el mensaje a la Presidencia de que era necesario convocar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, pero no pasó nada.Vea: Líderes sociales: una matanza que no para
¿Cuál es el llamado entonces?
El llamado es claro. Es necesario que el Presidente convoque la Comisión de Garantías de Seguridad y que garantice su funcionamiento. Pero es importante que avance y ya no se trate solo de reuniones. La Comisión debe articularse con los otros decretos de protección colectiva y alertas tempranas. Y en esa medida, la Comisión debe presentar un plan para desarticular las organizaciones criminales que atacan a los líderes sociales. Ya deberíamos estar presentando un informe de rendición de cuentas y estamos en cambio quejándonos de que el presidente Iván Duque no la haya convocado en los cinco meses que lleva de Gobierno.