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El gobierno del presidente Iván Duque ya ha puesto sobre la mesa sus cartas para combatir los cultivos de uso ilícito en el país y parece que la sustitución voluntaria no es el as de su baraja. Su énfasis radica, principalmente, en la erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública, una estrategia que tiene en vilo a las comunidades que viven de estos cultivos y que han anunciado que quieren dar el paso hacia economías legales. “Lo que viene es represión”, es la frase que más repiten los campesinos.
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La preocupación gira fundamentalmente en torno al futuro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), creado en mayo de 2017. No es una cuestión menor si se tiene en cuenta que en ese programa están inscritas 99.096 familias en distintos territorios.
La postura de este gobierno frente al programa de sustitución es posible rastrearla hasta su política integral para enfrentar el problema de las drogas, denominada Ruta Futuro; su política de defensa y seguridad y, asimismo, las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Allí se hace explícito que el aumento en el área sembrada con coca en el país, que pasó de 48.000 hectáreas en 2013 a 171.000 en 2017 —según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc)—, se debió a la adopción de un “discurso de justificación”, que trajo como consecuencia “el desmantelamiento de la política contra esos cultivos”.
Por ende, afirma el Gobierno, es necesario emplear distintas estrategias para la reducción de los cultivos, entre las cuales están la reanudación de la aspersión aérea y el fortalecimiento de la erradicación forzada que realiza la Fuerza Pública. En ese orden de ideas, la sustitución viene a ocupar el último lugar en las prioridades del Gobierno.
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“Nosotros lo que alcanzamos a entender es que este gobierno no tiene voluntad con el programa. Los campesinos ya hemos manifestado que queremos sustituir la coca. Si uno mira hace 10 años, no existía la voluntad que hay hoy para dejar esos cultivos”, explica Wílder Mora, quien coordina el PNIS en la región del Catatumbo y hace parte de la comisión política de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam).
Respecto a la falta de voluntad del Gobierno con el programa coincide Jorge Iván Ramos, delegado del partido FARC en el PNIS. Según explica, todas las instancias de este programa, contenidas en el decreto que lo creó, el 896 de 2017, están suspendidas. Es el caso del Consejo de Dirección Permanente y la Junta de Direccionamiento Estratégico. Los últimos encuentros de ambas instancias se dieron a mediados de 2018, antes de que el presidente Iván Duque se posesionara. Al cierre de esta edición se conoció que la Junta está convocada para el 18 de febrero. Sin estos mecanismos funcionando, el programa no tiene una orientación clara, dicen las organizaciones sociales.
Un fragmento de la política de defensa y seguridad que presentó Duque el pasado 6 de febrero es esclarecedor sobre la forma como esta administración concibe el problema: “Los programas de sustitución no desconocerán la obligación legal de erradicación de los cultivos ilícitos y el carácter delincuencial que tiene esta práctica y, menos aún, impedir el cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y de la administración de justicia”, se lee en el documento. “En esto no hay lugar a ambigüedades”, sentencia.
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Frente a esta postura del Gobierno hay temor en las comunidades por lo que pueda provocar la entrada de la Fuerza Pública a los territorios para realizar las actividades de erradicación. “No hay una sola acción de erradicación forzosa que no esté acompañada de una acción violenta del Estado a través de la Fuerza Pública. Toda acción de erradicación es violenta porque no es concertada con la gente”, señala Ramos.
Sandra Panchalo, campesina de Tumaco y quien coordina la sustitución de cultivos en Nariño, advierte sobre la situación en su región. “Se están complicando las cosas porque el Ejército entra a forzar y la gente no se deja porque piden que se respeten los acuerdos ya firmados”.
En las comunidades temen que se repitan eventos como el sucedido el pasado 30 de enero en el municipio de Cajibío (Cauca), donde la comunidad terminó expulsando al Ejército del territorio luego de que uniformados ejecutaran acciones de erradicación forzada.
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Lo cierto es que las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo para la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito dejan ver que el Gobierno no contempla detener esta estrategia. Como meta del cuatrienio, deja en manos de la Fuerza Pública erradicar 280.000 hectáreas, mientras que en ese mismo lapso plantea acabar con 50.000 hectáreas a través de los programas de sustitución, una meta muy reducida si se tiene en cuenta que en 2018 se levantaron 27.555 hectáreas en el marco del PNIS.
Frente a este panorama, las comunidades solo ven una salida. “Vamos a responder con movilización”, dice Mora. Para ellos es claro que ese es el mecanismo más eficaz para obtener una respuesta del Gobierno.