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Aunque el pacto de paz con los paramilitares se dio después de 2006, los residuos de quienes reciclaron esa guerra siguen cobrando la vida de líderes y defensores del territorio y el medioambiente. La reciente ola de violencia se dio en el arranque de este 2019: Maritza Quiroz, lideresa y reclamante de tierras, fue asesinada en zona rural de Santa Marta el pasado 5 de enero, misma suerte que corrió Wilton Orrego, contratista de Parques Nacionales Naturales, muerto a tiros el 14 del mismo mes en el corregimiento Guachaca.
El riesgo estaba diagnosticado desde hace un año. En una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, emitida en mayo de 2018, se llamó la atención frente a los riesgos que viven los reclamantes de tierra, líderes sociales y funcionarios de entidades estatales en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y se hizo énfasis especial en el corregimiento donde fue ultimado Orrego: Guachaca. “En ese lugar ejerce un férreo control el grupo paramilitar denominado los Pachencas. Dicho actor armado surgió en 2007, un año después de la desmovilización del frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia”, dice el documento.
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El control de los Pachencas sucede en las 56 veredas que componen dicho corregimiento. Y ha llegado a tal punto que, según la alerta temprana, dicho actor armado “controla en buena medida las actividades turísticas”. Además, señala el documento, se habrían hecho al control del acueducto comunitario por medio de amenazas contra quienes lo administraban en el pasado.
Una líder social afrodescendiente, quien intenta salir del territorio por presiones de los armados, desde el anonimato dijo que el ambiente en toda la sierra, principalmente en la Troncal del Caribe, es tenso, pues no se sabe qué grupos están presentes. “Dicen que residuos de paramilitares, bandas a sueldo y hasta la guerrilla del Eln, que estaría en la región tratando de controlar el territorio y generando zozobra entre los pobladores”, refirió.
Incluso, la situación es tan compleja, que la Mesa de Víctimas de Santa Marta no volverá a sesionar hasta que el Estado garantice la protección de sus líderes. “Hoy en día, después de la muerte de Maritza Quiroz, la Mesa no volvió a reunirse. Esta semana Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección estuvo con ellos, pero este manifestó que el Gobierno le redujo el 40 % del presupuesto, entonces no hay garantías y todo indica que esta agremiación de organizaciones sociales víctimas de la guerra se disolvería”, enfatizó la líder, quien insiste en no revelar su nombre.
Orrego, el contratista de Parques Nacionales, quien fue sepultado ayer en la Sierra Nevada, había denunciado amenazas tras el reclamo y defensa de algunos predios que reclama esa entidad estatal para su protección. No obstante, ahí viven colonos desde hace más de 20 años.
A la fecha, solo en el Distrito de Santa Marta hay más de 30 líderes de juntas comunales y de organizaciones de víctimas amenazados por grupos desconocidos. Según lo denunciaron algunos líderes amenazados en la capital del Magdalena, los paramilitares pertenecientes al otrora grupo Resistencia Tayrona y al bloque Norte de las Auc, son mandos medios dueños de la tierra despojada o ejércitos privados de los terratenientes que se quedaron con esos predios. Así, por ejemplo, en 2017 en el municipio de Pivijay (Magdalena) fue ultimado el líder de víctimas y reclamante de tierras José Rafael de La Hoz Villa. De hecho, en el corregimiento donde murió el contratista de Parques Nacionales, hasta 2017 se habían registrado 247 solicitudes de restitución que abarcaban predios entre 8 y 5.000 hectáreas de extensión. La Unidad de Restitución de Tierras documentó 41 amenazas contra reclamantes de predios en Santa Marta.
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¿Por qué los Pachencas tienen interés en Guachaca?
Los Pachencas surgieron como un grupo sucesor del frente Resistencia Tayrona que operó en el Caribe hasta 2006. Esta última estructura fue creada por Hernán Giraldo precisamente en el corregimiento de Guachaca, específicamente en las veredas El Mamey y Machete Pelado. Después de la desmovilización del frente empezó una disputa entre grupos armados que intentaban hacerse con el narcotráfico y las extorsiones en la Sierra Nevada.
Quienes se impusieron fueron los Pachencas, que se dedicaron a controlar el tráfico de drogas, extorsionar y cuidar las propiedades de los Giraldo. Es tal el temor que infunde el nombre de Hernán Giraldo, quien fue extraditado a Estados Unidos, que algunos integrantes de dicho grupo armado lo utilizan para amedrentar diciendo que cuando vuelva al país tomará represalias.
Pero los Pachencas están interesados en controlar Guachaca no solo por su vínculo histórico, como ha dicho la Defensoría del Pueblo, sino porque ese corregimiento es una zona estratégica para esconder armas y enviar drogas al exterior, a través de los puertos ubicados en esa región del Caribe. Se dice que dicho lugar es una zona de retaguardia del grupo armado.
La Defensoría incluso dijo que en la Sierra Nevada los cultivos de coca “parecen estar creciendo”. Una muestra de ello es que en enero de 2018 descubrieron un laboratorio de cocaína en Guachaca.
En la alerta temprana se reseñaba el caso de un predio ubicado en la vereda Perico Aguao, donde fue asesinado Wilton Orrego. Allí el narcotraficante Wílber Arilio Varela, alias Jabón, tenía una finca llamada Los Acantilados. A pesar de que Varela fue extraditado, en esa tierra quedaron seis ocupantes que se negaban a salir, lo cual generaba “conflictos y tensiones”.
Los factores de riesgo que le costaron la vida a Orrego persisten. Incluso preocupa que el documento emitido hace casi un año señalara la posibilidad de que los Pachencas se expandieran hacia los departamentos de Atlántico, La Guajira y Bolívar. La paz no ha llegado a la Sierra Nevada, por el contrario, este actor armado parece estar empecinado en torpedear los procesos que buscan acabar con la confrontación armada en la región.
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