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Aunque la implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito con las Farc en un primer momento llevó a la reducción relativa de los índices de violencia en los territorios, también derivó en el surgimiento de otros fenómenos que se consolidaron especialmente en zonas de histórica confrontación entre grupos armados. El interés de nuevas organizaciones criminales, en su mayoría asociadas al negocio del narcotráfico, por controlar territorios claves para las economías ilegales ha llevado a la reconfiguración de poderes en escenarios en los que el sometimiento de la población, la revictimización de grupos sociales vulnerables, el incremento de la violencia contra líderes sociales, las amenazas, extorsiones y homicidios están a la orden del día.
Esa es, a grandes rasgos, la primera conclusión que se deriva del informe presentado esta semana al Congreso por la Defensoría del Pueblo sobre el balance que dejó 2018 en términos de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el país. Y al ver la panorámica completa, las preocupaciones son varias, sobre todo teniendo en cuenta que a la ya complicada situación que se vive en varias regiones del país se sumó el año pasado un elemento adicional: el incremento de migración de población venezolana expuesta a distintas clases de riesgos, abusos y violencias.
El documento de la Defensoría del Pueblo recoge los principales retos que enfrenta el país en materia de derechos humanos y entrega elementos y recomendaciones en busca de medidas estatales en asuntos clave, como la dinámica de la confrontación armada y la violencia sociopolítica, las víctimas del conflicto armado y de desplazamiento forzado, la migración forzada de población venezolana y la situación de grupos vulnerables como mujeres, niños, adolescentes, comunidad LGBTI y poblaciones étnicas.
Sobre el primer punto, por ejemplo, la entidad hace un mapeo de las principales amenazas y los rasgos diferenciados del escenario del conflicto de acuerdo con las características de las regiones del país. Así las cosas, señala, en los departamentos de la costa Caribe, la dinámica de la violencia estuvo determinada en 2018 por la consolidación del control social y territorial de grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o Clan del Golfo, los Pachencas y, en menor medida, por los Costeños. “Estos grupos establecieron un control territorial indirecto a través de la subcontratación de delincuencia común y pandillas barriales. Se caracterizan por utilizar la violencia selectiva y el control social como mecanismo de represión e inhibición de procesos organizativos de defensa de los derechos humanos y por fracturar el tejido social comunitario”.
En la región compuesta por los departamentos de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Magdalena Medio, Arauca y Casanare, detalla el informe, el conflicto se caracterizó por la recomposición de fuerzas y el avance de grupos armados ilegales hacia territorios donde operaban las Farc en la disputa por el monopolio de las economías ilegales. En esta zona se destacan los casos de Norte de Santander, con presencia del Eln y el Epl, y Arauca, en donde se ha profundizado el sometimiento de comunidades campesinas y urbanas como consecuencia del proceso de expansión territorial del Eln y las disidencias de las Farc.
También sobresale la situación de la macrorregión suroccidental (Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó, Huila, Putumayo, Caquetá y Amazonas), que ha registrado un alto grado de confrontación armada entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales, con importantes afectaciones a las comunidades y a líderes sociales. Puntualmente sobre ese fenómeno, la Defensoría recuerda que se han emitido dos documentos de advertencia sobre los riesgos a los que se enfrentan los defensores de derechos humanos y que se ven reflejados en los datos recopilados en terreno: 178 homicidios de líderes entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018 —un incremento del 27 % con respecto a 2017, cuando se registraron 126 asesinatos—, que se presentaron en 27 de los 32 departamentos del país. El 70 % de los homicidios se concentraron en siete departamentos: Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca, Caquetá y Nariño.
La Defensoría sostiene que existen tres rasgos estructurales que definen los escenario de riesgo para los líderes sociales que prevalecen incluso este año. La recomposición de dominios armados en territorios que durante décadas estuvieron bajo la influencia de las Farc, la persistencia de otros actores armados ilegales que usufructúan economías legales e ilegales y socavan los derechos de la población civil y la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Fenómenos que también están asociados a otra dinámica que alerta a las autoridades: el desplazamiento forzado. Según cifras de la Defensoría, durante 2018 hubo un incremento en el número de eventos de desplazamiento masivo frente a 2017, pasando de 51 a 95 casos. En total la afectación alcanzó a 33.127 personas, siendo Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Chocó los departamentos más afectados.
Eso sin contar con los riesgos de vulneración de derechos en los procesos de retornos de comunidades campesinas en los Montes de María, Bajo Magdalena, Sucre, Córdoba, Magdalena Medio y departamentos como Risaralda, Quindío, Guaviare y Caldas. “En dichos territorios persisten intimidaciones y amenazas contra reclamantes de tierras, representantes de organizaciones de población desplazada y víctimas, líderes y autoridades étnico-territoriales”, refiere la Defensoría.
Un escenario al que habría que agregarle la situación de los pueblos indígenas desplazados (jiw, nukak, emberá, yukpa, sikuani, uitoto, wounaan, pijao, yanacona, inga, zenú, siona, eperara, camentasa y cuambiano o misak) y la de las comunidades negras y afrodescendientes en las que persiste la emergencia humanitaria, como en el Bajo Atrato antioqueño y chocoano, la cuenca del río San Juan, el Alto Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó.
Asimismo, en un capítulo aparte, la Defensoría documenta la situación de vulnerabilidad y privación de derechos de la población migrante venezolana que ha llegado a Colombia huyendo de la crisis social, política y económica del vecino país y que en las zonas más convulsas del territorio nacional está en riesgo de ser sometida a la trata de personas, tráfico de migrantes, reclutamiento, vinculación a actividades ilícitas, xenofobia y explotación laboral. “Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las muertes violentas de venezolanos se incrementaron en un 244,4 % (310 casos) entre enero y septiembre de 2018, comparado con el mismo período del 2017 (90 casos), siendo el homicidio la principal causa.
Estas expresiones de violencia también están asociadas a otra problemática que va en aumento y preocupa a las autoridades: el incremento de riesgo para las mujeres en las zonas de frontera, en donde la violencia sexual se asocia a las dinámicas de las economías ilegales. “La combinación de una serie de fenómenos presentes en estas zonas, como la existencia de grupos armados, el narcotráfico, la minería ilegal, la migración irregular y la cultura de la ilegalidad, entre otros, ha generado impactos para las mujeres por su relación con dinámicas de violencia sexual, prostitución, extorsión, trata de personas, así como la explotación sexual de mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, revela el documento de la Defensoría.