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El día siguiente a su elección como segunda vicepresidenta del Senado, Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc, argumentó en un entrevista en Blu Radio que nunca hubo reclutamiento forzado ni abuso sexual al interior de la exguerrilla. Se defendió diciendo que “ese tipo de conductas” no estaban estipuladas en el reglamento. Luego, Rodrigo Londoño, excomandante y ahora presidente del Partido Farc, apoyó a Ramírez y agregó que el ingreso a la guerrilla se daba de manera voluntaria. Ambas declaraciones desconocen una práctica que ha afectado a miles de niños, niñas y adolescentes y es un retroceso en la búsqueda de verdad y reparación que esperan tantas víctimas por parte de las Farc.
Como lo han afirmado organizaciones como la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), no se puede hablar de voluntariedad de los niños, niñas y adolescentes para ingresar a un grupo armado. Esta situación está viciada por su entorno: problemas de violencia intrafamiliar, su situación económica, la falta de oportunidades para tener un proyecto de vida, el poco acceso a la educación, entre otras circunstancias. Estos contextos crean el imaginario de que hacer parte de un grupo armado sí es un opción para salir adelante o tener ingresos económicos.
Además de estos condicionamientos, las organizaciones sostienen que el reclutamiento también se ha dado a través de la fuerza y el miedo. Casos que han recogido y ahora están en la Jurisdicción Especial para la Paz, dentro del caso 007, detallan cómo los jóvenes fueron amenazados de muerte o con la afectación a su familia si no se iban con los hombres armados. Las niñas, usualmente, fueron reclutadas para ser esclavas sexuales o trabajar en labores de aseo y cocina dentro de la estructura armada.
De acuerdo con la Unidad de Víctimas, al 30 de junio de 2020, al menos 8.624 menores de edad han sido vinculados a grupos armados. Estos incluyen no solo a las Farc, sino actualmente al ELN, las disidencias de las Farc y reductos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y grupos delincuenciales urbanos.
Para entender el complejo entramado de este delito, más allá de la polarización política que aviva, Colombia2020 recogió las siguientes notas:
♦ Dos testimonios de quienes fueron reclutados forzadamente cuando eran niños
Alejandra Hernández y Ferley Moreno cuentan la historia de su reclutamiento desde los 9 y 12 años, respectivamente, por parte de las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia.
♦ Día de las Manos Rojas: el 78% del país vive el reclutamiento infantil
Una investigación de Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano encontró que tras la firma del Acuerdo de Paz en 25 departamentos de los 32 que tiene Colombia cuentan con municipios en alerta por reclutamiento ilícito y utilización de menores de edad para la guerra, es decir, el 78% de los departamentos del país.
♦ Reclutamiento forzado y confinamiento: la guerra en los ríos de Buenaventura
En enero de este año, Colombia2020 denunció el reclutamiento de menores de edad en zonas rurales de Buenaventura por parte del ELN y la columna móvil Jaime Martínez.
♦ Operación Berlín: el calvario de los niños reclutados por las Farc
Seis sobrevivientes de la Operación Berlín, en la que murieron al menos 74 menores de edad, cuentan cómo fueron reclutados por las Farc y los abusos cometidos por este grupo. Denuncian también que durante esa operación, el Ejército ejecutó a menores de edad que se rindieron.
♦ JEP abre el caso 007, sobre reclutamiento de menores en la guerra
El 6 de marzo de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz abrió el caso 007, sobre reclutamiento de menores en la guerra. La Sala de Reconocimiento de la JEP encontró que entre 1971 y 2016, al menos 6.230 niños y niñas fueron víctimas de este delito. Actualmente, según Patricia Linares, su presidenta, hay 37 comparecientes de las Farc en este caso y más de 100 víctimas acreditadas.
♦ Falta de clases aumentó el reclutamiento forzado en Colombia
Ni la pandemia por el COVID-19, que tiene al país en una cuarentena de cuatro meses hasta ahora, logró detener el reclutamiento forzado. Al contrario, este delito aumentó en un 113% con respecto al 2019.