Desde las negociaciones del Acuerdo de Paz en La Habana (Cuba), entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, el desarrollo agrario en Colombia, tras más de 50 años de guerra, fue uno de los puntos prioritarios y más discutidos por las partes, las organizaciones sociales y las víctimas del conflicto armado.
Bajo principios e ideas de disminuir brechas de pobreza entre la población rural, generar bienestar a partir de la transformación en el uso de la tierra, formalizar predios de manera masiva, permitir proyectos productivos y garantizar un acompañamiento estatal para velar que el campesinado tuviera un rumbo más definido para sus proyectos de vida, nació el punto, conocido como la Reforma Rural Integral (RRI).
Sobre este primer punto, muchas discusiones se han limitado simplemente a referirse a los avances, obstáculos y proyecciones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), uno de los aspectos fundamentales del Acuerdo. Evidentemente, el impacto social y económico de esta parte de la RRI apremia a que muchas discusiones la tengan como su centro. Las regiones PDET (16 zonas más afectadas por el conflicto armado) representan el 36% del territorio nacional y hasta la fecha se han invertido más de $4,9 billones de pesos para su implementación. Ni hablar de su rol preponderante a la hora de llamar la atención de la cooperación internacional o el impulso que estos programas le pueden dar a obras de infraestructura en los territorios.
Sin embargo, el primer punto del acuerdo es integralmente tan complejo e importante, que la discusión sobre el desarrollo del campo colombiano no puede terminar allí. Apenas hace 10 meses, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) confirmó que ingresaron 1′000.400 hectáreas para la adjudicación gratuita de predios a campesinos. Este número representó el 30% de la meta estipulada por ese entonces. A finales de 2020, la misma entidad aseguró que cerró el año con el 100% en metas de adjudicación y formalización de tierras, al superar los 20.232 títulos de propiedad formalizados y entregados.
Estos números, en los territorios entran en un debate extenso, en tanto que ha habido denuncias desde que indican que la adjudicación de estas tierras no cuadran con los indicadores del Plan Marco de Implementación, o en su defecto, están lejos de los objetivos del Fondo de Tierras, parte del primer punto del acuerdo que traza la formalización de más de 3 millones de hectáreas para 2026.
Las inquietudes acerca del estado actual de las políticas agrarias que propone la RRI también han llegado a instancias internacionales. Desde el Instituto Kroc, por ejemplo, le dijeron a este diario que el Estado colombiano, en su afán por “no evaluar diametralmente lo que significa una reforma rural integral”, ha olvidado velar por cuestiones como la salud y educación rural, que, según Rebecca Gindele, investigadora del centro de estudios, “saca a relucir las brechas de desigualdad en los accesos, ya sea de tierra o de oportunidades”.
A su vez, está latente un llamado para que el mismo Fondo de Tierras tenga una mayor capacidad pedagógica, sus puntos sean transmitidos de manera práctica a los territorios y así las personas sobre las que recaen estas medidas, conozcan bien sus derechos, deberes y la totalidad de sus alcances.
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Este fondo, con vocación a otorgar subsidios integrales, generar créditos especiales a campesinos, formalizar predios, generar mecanismos de concertación dentro de las comunidades rurales, crear instancias de alto nivel para la promulgación de un adecuado uso de la tierra y garantizar planes de acompañamiento estatal (asistencia técnica, vivienda o recuperación de suelos), entre otros puntos, es llamado para que conviva más directamente con las poblaciones campesinas y no sea una discusión de alta complejidad, que no sea cercana a los territorios.
Lo mismo sucede con el catastro multipropósito, un mecanismo pensado para contar con un claro registro de los predios rurales que se tengan en el país, que permita organizar los temas de formalización y así se tenga más precisión a la hora de conocer características productivas de predios entregados u organizar de una mejor manera la asignación de impuestos, con el fin de una mayor salud tributaria en los distintos municipios del país.
En aras de discutir los avances, los puntos pendientes, las fallas y los desafíos, y teniendo en cuenta que la semana pasada la Unión Europea anunció un apoyo de más de 36 mil millones de pesos para poner la tierra a disposición de los pequeños productores y formalizar los derechos de propiedad de la población vulnerable, el próximo miércoles 27 de noviembre, diversos actores estatales, territoriales, académicos y de ámbito internacional dialogarán en el evento ¿En qué va la Reforma Rural Integral?, un espacio creado por Colombia2020 en alianza con la embajada de la Unión Europea y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
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Dándole importancia a la pluralidad de voces, el panel de invitados para el conversatorio estará compuesto por: Myriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación; Elena Ambrosi, procuradora delegada para el Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz; Magaly Belalcázar, miembro de la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales – Caquetá, y Daniel Cano, coordinador de Relacionamiento Político del Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame.
La transmisión del evento será de 4:00 p.m. – 6:00 p.m. por los canales de streaming de Colombia2020 y El Espectador.
A continuación podrá consultar el balance presentado por la Consejería para la Estabilización y la Consolidación para este evento sobre la Reforma Rural Integral.