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Un sondeo de opinión entre usuarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) encontró que el país haría bien en cambiar su imagen de los cultivadores de coca y que también tendría que seguir con cuidado el programa de sustitución actualmente en curso. En particular, el país tiene que preguntarse cómo puede avanzar la sustitución en un contexto de constantes incumplimientos gubernamentales y un déficit brutal de bienes públicos. (Le puede interesar: ¿Inconsistencias en las cifras de sustitución?).
La encuesta fue realizado por el grupo de investigación liderado por Francisco Gutiérrez en el Iepri de la Universidad Nacional, entre inscritos en el PNIS en Puerto Asís y Putumayo, y se llevó a cabo en el marco de una investigación sobre el papel de las economías ilícitas en el tránsito de la guerra al posconflicto. El proyecto compara los conflictos de tres de los grandes productores de sustancias ilícitas en el mundo: Afganistán, Myanmar y Colombia.
En sí, el sondeo es una novedad, pues aunque es práctica estándar obtener por distintos medios la opinión de los usuarios de una política antes de opinar de ella, en este caso se han oído las voces de todo el mundo, menos las de los usuarios. (Más: Gobierno insiste en que está cumpliendo con programas de sustitución).
¿Y qué nos dicen? Como ya dijimos, un primer hallazgo es que las familias involucradas en la producción de coca en estos territorios no encajan en las narrativas que las ubican en el reino de la pura necesidad o el de la riqueza fácil. Por el contrario, los resultados muestran que un cultivador promedio tiene ingresos constantes ligeramente superiores a la media en el sector rural disperso, pero de ninguna manera podría considerarse como rico. Y es precisamente ese incremento más bien leve pero sostenido lo que constituye el incentivo central de los campesinos para involucrarse en un producto de uso ilícito. Un líder cocalero lo manifestó en estos términos: “La coca es para nosotros lo que un sueldo de la empresa es para ustedes”.
Esta analogía conduce a otro importante resultado del estudio sobre los patrones de consumo y los niveles de participación política de los productores de coca. Lejos de la imagen de narcos que gastan su dinero en bienes suntuosos y derrochan de manera ostentosa, encontramos que la familia productora de coca invierte su dinero principalmente en cuatro cosas: educación para sus hijos, tierras, automóviles y vivienda. Unos patrones de gasto que se corresponden con los de la familia colombiana estándar.
Y no solamente los productores de coca encuestados no invierten su plata como criminales, sino que tampoco viven en las sombras, como aquellos. Más bien participan muy activamente en la vida social de sus comunidades y en la democracia. De hecho, la encuesta arrojó que el 85 % de los encuestados habían votado en las últimas elecciones presidenciales y los niveles de participación para elecciones locales también eran muy altos. Recuérdese que los niveles de participación en el país difícilmente superan el 50 %.
A pesar de su vinculación activa con la democracia y de bregar por reinvertir en educación y otros rubros, los productores de coca en estos territorios están lejos del resto de colombianos en varios aspectos fundamentales. Primero, el acceso a bienes y servicios públicos. Los datos del estudio muestran que menos del 3 % de los encuestados tienen acceso formal a acueducto, agua potable, alcantarillado, gas natural e internet. Esta cifra, según el Censo Nacional Agropecuario, está muy por debajo del promedio de hogares rurales colombianos. Y segundo, la exposición a la violencia. La abrumadora mayoría de los productores que participaron en el estudio manifestaron que la coca estaba asociada con el incremento de la violencia en sus regiones.
Respecto al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), los encuestados valoraron de manera positiva el trato que han recibido de los funcionarios del programa, tanto de la Dirección de Sustitución de Cultivos como de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, así como otros aspectos. No obstante, a la hora de hablar del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno, las respuestas no fueron nada halagadoras.
Para los participantes en el estudio, las mayores dificultades del PNIS están asociadas con los incumplimientos del Gobierno. Otros factores, incluyendo la presencia de grupos armados ilegales, no tenían mayor peso.
Adicionalmente, la encuesta indica que el programa tiene una enorme deficiencia en materia informativa. Para empezar, la enorme mayoría de los encuestados había recibido el grueso de su información sobre el programa a través de organizaciones sociales y no de las agencias del Estado. Es alarmante que menos del 20 % de los encuestados tengan copia del contrato suscrito entre ellos y el Gobierno. Que una porción tan pequeña de los inscritos al programa tengan el documento donde se explicitan los compromisos asumidos por las partes es claramente excluyente.
Lo paradójico respecto de estas cifras, y la ventana de oportunidad que el Gobierno no puede ignorar, es que los productores de coca encuestados manifestaron mayoritariamente su compromiso y optimismo con la política de sustitución voluntaria. A la pregunta sobre si consideraban que los inscritos en el PNIS cumplirían lo pactado, más del 85 % dijo que sí. Más aún, más del 90 % afirmó que no conocía a familias inscritas en el programa que hubieran vuelto a sembrar coca después de la firma de los acuerdos con el Gobierno. Un dato que coincide con lo encontrado por la Unodc en su labor de verificación. Finalmente, un dato a resaltar es que solo el 14 % de los encuestados se arrepienten de haber entrado al programa de sustitución voluntaria.
Pero los encuestados no solo manifiestan su compromiso con el programa, sino que también esperan que el Gobierno cumpla con su parte. Así, a pesar del inconformismo con los ritmos de cumplimiento y de las señales contradictorias del Gobierno respecto del programa (por ejemplo, el año pasado el presidente Duque manifestó que no habilitaría más inscripciones en el programa debido a una escasez de recursos para su continuidad), más del 60 % de los encuestados creen que el Estado va a cumplir con lo acordado.
En suma, este sondeo muestra que las familias productoras de coca invierten sus recursos como lo haría un buen hogar colombiano promedio, pero dado el déficit brutal en acceso a bienes y servicios públicos y la exposición a la violencia a la que están sometidos, su calidad de vida se ve seriamente menoscabada. Son familias de este tipo —y no las que existen en la cabeza de muchos opinadores— las que serían rociadas con químicos en caso de reanudar las aspersiones aéreas.
En esa misma línea, la investigación muestra que la política de sustitución voluntaria ha tenido avances y que los productores de coca siguen apostando por ella. No obstante, es fundamental que el Gobierno cumpla lo acordado y enmiende las fallas que ha cometido. Esta es una ventana de oportunidad que está aún abierta, para todo el país. Los resultados sugieren que aún se está a tiempo para ajustar el PNIS y que el debate fundamental debe ser sobre qué ajustes hacerle a la política de sustitución voluntaria y no sobre cómo emprender una nueva ofensiva química contra las familias productoras de coca. La voz de estas familias tiene que escucharse en la conversación.
* Investigadores del Observatorio de Tierras. Más resultados y análisis del proyecto en www.observatoriodetierras.org