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En los últimos dos meses los habitantes del municipio nariñense de Samaniego han tenido que vivir dos masacres: una ocurrida el 13 de junio, cuando hombres armados ingresaron a una finca en la vereda Yunguilla y asesinaron a cuatro personas, dejando heridas a dos más, y otra perpetrada la noche del sábado 15 de agosto, en la que fueron asesinados ocho jóvenes a manos de un grupo de encapuchados que, armados con fusiles, dispararon en contra de un grupo que departía en una finca.
Las hipótesis varían y van desde ajustes de cuentas y control social hasta disputas territoriales. Pero más allá de los móviles detrás de los crímenes, lo cierto es que la violencia se ha recrudecido en el municipio y el escenario de riesgo ha sido advertido desde distintos sectores.
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El 23 de julio de 2019, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia ante el riesgo de vulneración de derechos humanos por el accionar de grupos armados ilegales tanto en el sector urbano como en la zona rural. “Las bajas capacidades de las autoridades estatales para hacer presencia integral en los territorios, y con ello generar garantías de seguridad en las zonas abandonadas por el mencionado grupo, han permitido el fortalecimiento gradual y posicionamiento del Eln en zona rural de este municipio”, señalaba el informe al insistir en que se trata de un municipio ubicado en un territorio propicio para economías ilícitas derivadas del narcotráfico y la minería. “Aun así no fue focalizado para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Asimismo, la implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos presenta un bajo nivel de cumplimiento, situación que ha propiciado la disputa de grupos armados y bandas criminales por el control de rutas, zonas cultivadas, canales de comercialización y microtráfico”, manifestó entonces la Defensoría.
A pesar de las circunstancias, la apuesta desde la sociedad civil ha sido mantener estrategias comunitarias de resistencia civil que tienen su base en el “Pacto Local de Paz”, que entre 2004 y 2007 logró que los grupos armados cesaran los ataques violentos contra la población. Hárold Montúfar, alcalde de Samaniego para la época y quien estuvo detrás de la puesta en marcha del pacto, explica por qué la apuesta sigue siendo la exigencia de paz desde la comunidad.
¿Qué está pasando con la seguridad en Samaniego?
Acá lo que hay es una violencia estructural en un territorio históricamente marginado. Violencia que, además, se ha descompuesto y exacerbado en los últimos cinco años. La situación comenzó a agravarse cuando salió la columna Mariscal Sucre de las Farc y los territorios en los que ellos estaban empezaron a ser disputados por el Eln, por diferentes grupos que están frente al negocio del narcotráfico y grupos de paramilitares. En esa disputa utilizaron ataques y masacres como formas de terror.
¿La pelea es entonces entre quiénes?
Luego de que se fueron las Farc, la paz nunca llegó a Samaniego. No fue un municipio PDET. El grupo que intenta ser hegemónico es el Eln que también ha sido de presencia histórica en el territorio y los que comienzan a disputar el territorio en 2018 son las disidencias de las Farc. Ahí cambian nuevamente las dinámicas territoriales de violencia. También hay mucho movimiento de grupos de narcotráfico y de grupos pequeños de reciclaje de violencia que incluso tienen que ver mucho con la delincuencia común y las bandas criminales. Ese es un tema que vale la pena analizar para identificar bien quiénes son los que están en el territorio.
¿Pero han aumentado los niveles de violencia este año?
Este año se exacerbó el conflicto. Se han presentado dos masacres, dos ataques a patrullas de la policía y vamos ya con un conteo de 30 homicidios por arma de fuego en una población de un poco más de 30 mil habitantes. Tenemos una de las tasas de homicidios más altas.
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¿En medio de la cuarentena por la pandemia ha habido espacios para que los grupos armados asuman un control territorial más fuerte? ¿casi que de vigilancia social?
Según las hipótesis que hay sobre esta masacre de los ocho jóvenes es que pudo haber sido una situación de disciplinamiento social. Para muchos de los que vivimos en este territorio esto puede obedecer más a luchas por control territorial de los diferentes actores armados. Pero hay que decir que al inicio de la pandemia, en marzo, hubo muchos grafitis, boletines, comunicados del Eln, del Frente Oliver Sinisterra, de las Guerrillas Unidas del Pacífico, del frente 30 de las Farc, diciéndole a la gente que cumpliera con la cuarentena y no saliera a partir de las 6:00 p.m.
¿Por qué Samaniego es una zona de disputa para los actores armados?
Es geoestratégica por la ubicación: piedemonte costero y cordillera Occidental. Es un corredor clave. Es cierto que acá se consigue de todo, hay cultivos, laboratorios, producción, pero el tema crucial es de tránsito.
Como alcalde de Samaniego estuvo detrás del “Pacto Local de Paz” que hace 16 años logró bajar los niveles de violencia ¿cómo fue ese trabajo?
El conflicto armado en Samaniego inició a finales de los 80, y desde ese entonces se comenzó a gestar una propuesta de planes de convivencia y planes de paz desde los movimientos sociales, campesinos y estudiantiles. Nosotros somos herederos de esa tendencia. Por eso en los años 2004-2007, cuando tuve la oportunidad de ser alcalde, se implementó el “Pacto Local de Paz”, que fue un llamado desde la ciudadanía a los grupos armados a que cesaran las hostilidades, y funcionó. En el año 2003 había 90 homicidios por arma de fuego y luego del pacto esa tasa se redujo a 19. Era una época en la que había siete estructuras armadas. Nos cansamos e hicimos varios llamados y movilizaciones de exigencia, y logramos presionar a los actores armados para que se comprometieran con la ciudadanía a no atentar contra líderes sociales y la policía. Aceptaron el bloque Libertadores del Sur de las Auc, el frente Comuneros del Sur del Eln y el frente 29 de las Farc.
¿Cómo evolucionó el pacto?
Desde las comunidades siguieron enarbolando banderas de resistencia contra la violencia y en favor de la paz. Se crearon los Consejos Municipales de Paz, Bibliotecas de Paz, asociaciones productivas con enfoque de paz, proyectos de memoria histórica, asociaciones de víctimas y sobrevivientes de minas. Samaniego ha sido un municipio que les ha hecho frente a la muerte y a la violencia a través de la resistencia social no armada. Nunca nos hemos quedado callados.
(Vea: Eln dice no tener responsabilidad en la masacre de Samaniego, Nariño)
¿Cuál es entonces la propuesta?
Se estableció una agenda de 10 puntos que contempla acciones humanitarias y sociales. Pedimos que nos incluyan en las deliberaciones de la Comisión Nacional de Seguridad y la Mesa Regional de Garantías, que se implemente un Plan de Protección Colectiva, se impulsen las iniciativas locales y haya inversión social para la paz.
¿Cuál ha sido el costo de esta resistencia?
Nos ha costado mucho: retenciones, muertes, amenazas y secuestros. Estar al filo de la muerte es lo que nos permite decir que la última esperanza es seguir luchando por la vida. En mi caso, he sido secuestrado en seis oportunidades, he sido amenazado ocho veces, he sido judicializado, mi familia ha sido atacada. Esto de la resistencia no es fácil, no es un discurso, es una acción de lucha desesperada por la vida. Por eso funciona, porque no tenemos otra opción. Cuando más oscura está la noche, es cuando más esperanza debemos tener.
