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Dentro de una semana, el 9 de julio, Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, debe rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Sin embargo, todo apunta a que el indiciado no llegará a la cita. Santrich abandonó sorpresivamente el esquema de seguridad que le otorgó la Unidad Nacional de Protección (UNP) y dejó el espacio territorial de capacitación y reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, ubicado en La Paz (Cesar), a la 1 de la madrugada del pasado domingo.
Diferentes versiones indican que el exjefe guerrillero habría salido hacia Venezuela, temiendo un atentado en Barranquilla, en donde, de acuerdo con información de Noticias Uno, tendría un encuentro con el cura Bernardo Hoyos en un evento público. La versión que entregó el domingo pasado la UNP indica que Santrich no estaba en el ETCR y que en la habitación en la que dormía se encontró una nota, aparentemente firmada por él, en la que afirmaba que “pernoctaría” con un hijo menor en Valledupar, lo cual, al parecer, nunca ocurrió.
Las autoridades no tienen más información sobre el paradero de Santrich, quien estuvo recluido durante un año en la cárcel La Picota de Bogotá, luego de ser capturado por la Fiscalía al ser pedido en extradición por un tribunal de los Estados Unidos. La justicia de este país asegura que el miembro de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) intentó enviar un cargamento de diez toneladas de droga hacia su territorio luego del 1° de diciembre de 2016, es decir, después de la firma del Acuerdo de Paz.
Lo que más se teme es que el destino del exlíder de la antigua guerrilla sea similar al de sus compañeros Iván Márquez y Hernán Darío Velásquez, conocido como el Paisa, de quienes tampoco se sabe nada desde diciembre pasado. El primero perdió su investidura como congresista y el Gobierno ha pedido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que reactive las órdenes de captura en su contra; sobre el segundo ya pesa una orden de captura impartida por la JEP por considerar que no ha cumplido con las condiciones que el Acuerdo de Paz impuso a los exguerrilleros y el Gobierno ofrece $3.000 millones por información que ayude a ubicarlo.
No obstante, el hecho de que no se conozca el paradero de Santrich o que haya dejado atrás su esquema de seguridad no representa una infracción en sí, pues contar con protección de la UNP no representa una restricción de la movilidad. Por lo tanto, la repercusión que pueda tener la decisión del miembro de la FARC se conocerá solo si no comparece ante la Corte Suprema de Justicia el 9 de julio. La Corte no pidió su captura para que rindiera indagatoria porque no lo consideraba necesario, pero en este momento esa decisión podría cambiar.
Desde el ETCR de Tierra Grata, líderes del partido FARC no confirmaron si había una amenaza concreta contra la vida de Santrich, pero advirtieron: “Como está el país de violento, todos tenemos temor”. Dicen que sus actividades de reincorporación siguen con normalidad y esperan “que el Gobierno mire más a los que estamos firmes en la paz y la reconciliación y que no se concentre el tema tan importante de la paz en los que no están presentes en los ETCR. Somos más los que, a pesar de las circunstancias tan adversas, persistimos en esta loable labor de pasar la página de la guerra”.
Por el momento, el consejo político nacional de la FARC, máxima instancia de esa colectividad, le pidió a Santrich que reafirmara su compromiso con lo pactado en La Habana a través de su presencia y su trabajo en los escenarios que le fueron asignados. “Desde el momento de la firma del Acuerdo de Paz (…) asumimos un compromiso político y moral inclaudicable frente al país y la comunidad internacional. Los fundadores de nuestro movimiento nos legaron un principio que siempre hemos honrado: no firmamos ningún documento que no estemos dispuestos a cumplir”, señala la FARC.
Por su parte, en declaraciones a W Radio, el senador Iván Cepeda, uno de los más férreos defensores del Acuerdo de Paz, expresó que la situación genera inquietud, sobre todo porque Santrich tiene pendientes varios procesos ante la justicia: “Hay que hacer un llamado imperativo. No hay ninguna razón que pueda justificar no cumplir con esos compromisos (…) Es importante que de manera inmediata se produzca una explicación, porque hay intereses para hacerle el mayor daño al proceso de paz”.
El presidente Iván Duque también se refirió al asunto ayer desde Meta, toda vez que fue uno de los que más se opusieron a la liberación del exguerrillero: “Jesús Santrich está solicitado en extradición por los delitos de narcotráfico por hechos que ocurrieron después de la firma de los Acuerdos. Segundo, tiene un llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia en los primeros días de julio. Ver que una persona con semejantes características abandona su esquema de seguridad (…) muestra que su deseo es eludir la justicia”, comentó Duque. “Si pretende eludir la justicia de Colombia y burlarse de ella, aquí está el Estado de derecho para hacerse respetar”.
La decisión de Santrich de abandonar el ETCR de Tierra Grata les ha dado munición a quienes siempre han criticado el proceso de paz pactado por el Estado con la guerrilla de las Farc. “Este es el fracaso del proceso con las Farc, lo que tanto advertimos hoy se dio. Un mafioso, narcotraficante y asesino está en fuga y tiene que haber responsables. Que asuman la responsabilidad los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, por supuesto, de la JEP que permitieron que se diera este portazo a la justicia”, anotó el representante uribista Edward Rodríguez.
Cuando todo parecía volver a la normalidad, luego de críticos momentos de un caso agitado que ha transcurrido en medio de acusaciones de montajes judiciales y ataques a la JEP, nuevamente el proceso de paz queda en medio de aguas turbulentas por cuenta de la decisión de Santrich. De su regreso pronto depende también la legitimidad del Acuerdo.