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Un nuevo impulso recibió este viernes la reincorporación de los excombatientes de las Farc en el país. Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea en Colombia, y Emilio Archila, consejero para la Estabilización, firmaron un convenio por 12,5 millones de euros – alrededor de $52 mil millones – exclusivamente para apoyar a los exguerrilleros en su vida sin armas. Un apoyo que llega en un momento de incertidumbre para buena parte de los excombatientes cuyas iniciativas productivas se han visto afectadas por la pandemia.
Según explicó el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Andrés Stapper, una de las prioridades a las que serán dirigidos los recursos son los proyectos productivos de los exguerrilleros, en los cuales la idea es ampliar la cobertura de los 57 proyectos colectivos y 1.300 individuales que han sido aprobados a la fecha. Según dijo, los recursos serán girados directamente a la ARN para gestionar elementos como la asistencia técnica a dichas iniciativas.
Justamente en materia de proyectos productivos, mientras el Gobierno y la UE hacían ese anuncio, el representante especial del Secretario General de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Masseiu, presentaba el más reciente informe de la Misión de Verificación de ese organismo que resaltaba la preocupación por la sostenibilidad de la reincorporación. Según dicho documento, la pandemia por COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en los proyectos productivos. Citando al PNUD, que realiza una suerte de auditoria en el tema, cerca del 30% de los proyectos productivos está afectado. Y, según una encuesta del Consejo Nacional de Reincorporación, son cerca del 50% de las iniciativas productivas las que han resultado afectadas por la pandemia.
Pero los nuevos recursos aportados por la UE, a través del Fondo Europeo para la Paz, también serán destinados a otros cuatro componentes. En materia de Vivienda, dijo el director Stapper, se girarán dos millones de euros al ministerio de Vivienda para la construcción de las casas de los exguerrilleros y compra de predios bien sea productivos o para proyectos de vivienda. Otra parte de los recursos irá a la formación para el trabajo que permita vincular a los excombatientes a empleos de largo plazo.
Y otros dos componentes específicos que recibirán parte de esos 12,5 millones de euros son, por un lado, la primera infancia, para lo cual 300 mil euros serán girados al ICBF con el fin de apoyar a alrededor del 80% de los hijos de excombatientes de la guerrilla. Y por otro, se verá favorecida la población excombatiente en condición de discapacidad, que según la ARN son 1.300 exguerrilleros, cerca del 10% de quienes dejaron las armas.
“Nuestro objetivo es fundamentalmente respaldar la política pública del Gobierno en materia de reincorporación. Este apoyo presupuestario es un voto de confianza en esa política”, dijo la embajadora Llombart.
El apoyo también fue resaltado por distintos embajadores de países de la Unión Europea en Colombia, entre ellos la embajadora de Austria, Marianne Feldman, que hizo especial énfasis en el compromiso de los excombatientes, que, dijo, conoció durante el proceso de paz del Caguán. “Hay procesos relevantes y exitosos con los desmovilizados de las FARC en las regiones. Quien los conoció en las negociaciones del Caguán como yo (estuve en Colombia de 1999 a 2004) puede dar fe que los excombatientes comprometidos con los acuerdos de paz realmente han hecho un cambio, y es importantísimo apoyar sus esfuerzos, de la mano de la ARN, para llevar una vida digna, legal, pudiendo realizar sus sueños en las regiones donde antes llevaban violencia y dolor la población”, dijo la funcionaria.
Los nuevos recursos anunciados este viernes llegan en un momento donde la seguridad de los excombatientes es una de las principales preocupaciones en distintas regiones. De hecho, el mismo día en que se da ese anuncio, el partido FARC anunció que el próximo 15 de julio los excombatientes que habitan el antiguo espacio de reincorporación de Santa Lucía, en Ituango (Antioquia) saldrán hacia la vereda La Fortuna de Mutatá luego de no encontrar garantías en ese espacio. La decisión la tomaron tras haber registrado solo en esa zona 11 asesinatos de excombatientes y dos de sus familiares, uno de ellos menor de edad. Cifra que engrosa los casos de homicidios de excombatientes en el país, que ya llega a 214 exguerrilleros asesinados.