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El pasado 30 de septiembre en Apartadó (Antioquia), en desarrollo de un interrogatorio en un proceso de restitución de tierras, tuvo lugar un insólito suceso protagonizado por el juez segundo civil del circuito especializado, Alejandro Rincón Gallego, que motivó una queja formal de la Procuraduría. En medio de la recepción del testimonio de una mujer que buscaba validar sus derechos como víctima del despojo de un predio rural, el juez no solo amenazó con denunciarla ante la Fiscalía, sino que la trató de mentirosa y abruptamente suspendió la diligencia, tras descalificar la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras en esta región del país.
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Ese día se tenía programado escuchar nueve testimonios, pero el juez Rincón Gallego inició su arbitraria intervención manifestando que solo iba a realizar la diligencia hasta las 10:40 a.m., porque tenía una cita médica. Por eso, únicamente escuchó a María René Murillo Rentería, una mujer adulta mayor y afrodescendiente, de 65 años, natural de Istmina (Chocó), que acudió a la justicia para reclamar derechos en el predio La Guatinaja. Cuando ella contestó por qué acudía como solicitante y el juez se enteró que estaba representada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), ordenó detener la audiencia y emprendió su extraña actuación.
“Señora, esto aquí es judicial, ¿por qué la representan a usted para que restituya un predio que es de fincas bananeras? (…) Quiero que vuelva a responder o si no compulso ya a la Fiscalía”. Acto seguido, añadió que ella no había sido amenazada. Ante la sorpresiva intervención del juez, la abogada Lizeth Montero, que representaba a la peticionaria, le dijo que no entendía su observación y le pidió reformular la pregunta. Entonces Rincón Gallego se despachó con una argumentación, según la cual la restitución de tierras había sufrido recientes modificaciones entre la fase administrativa y la etapa judicial.
“Lo cambiamos hace dos meses, se cambió en el orden mundial y en el orden nacional. ¿Qué se dijo? Lo que es la mentira más grande es la restitución de tierras en nuestras zonas. Solamente en Colombia hay cuatro departamentos donde están bien, el resto no, porque no era así”. Ante tan incomprensible intervención, la abogada le pidió que aclarara lo que quería decir para que la señora Murillo entendiera. El juez expresó: “Son preguntas que yo hago judicialmente, mandadas por los magistrados de la Corte Suprema”. Entonces, intervino la Procuraduría para aclarar que Murillo sí era una solicitante con derechos a reclamar.
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A pesar de que el caso ya había surtido toda su etapa administrativa previa en la Unidad de Restitución de Tierras, el juez interpeló a la delegada de la Procuraduría para insistir: “Vuelva a decirles que esto se cambió y ya son las sentencias distintas, y le estoy diciendo que es judicialmente lo que tiene que decir acá”. El Ministerio Público volvió a aclararle que ella había sido incluida en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, de la Unidad de Restitución de Tierras, y que debía decir lo que para ella era verdad. El juez contestó en tono de interrogante: “¿Por qué quiere restitución de un predio donde son las fincas bananeras de todo el Urabá antioqueño?”.
La abogada Montero ripostó diciendo que la señora Murillo consideraba que tenía un derecho, pero el juez la interrumpió manifestando: “Usted no puede objetar, aquí simplemente está con un juez, también la tiro a usted a la Fiscalía señora abogada”. Ante la desconcertante actuación del juez, con rostro de intimidación, la señora Murillo comentó: “Pues yo nunca me he visto en estos procesos”. El juez la calló diciéndole: “A ver señora, usted no tiene por qué hablar, usted tiene que responder las preguntas que le hagan, ¿es correcto?”. La audiencia se suspendió y el juez reiteró sus argumentos a los presentes.
“Esto es judicial y va ante la Corte Suprema con sentencias del juez de la semana pasada, cambiando todo para que lo sepan y es deber de todos nosotros para hacerlo (…) entonces hagamos una cosa, paremos todo hoy y empezamos mañana y cojan a todos los que son solicitantes y explíquenles que es judicialmente”. La procuradora del caso, Mónica Isabel Puerta, decidió reportar lo sucedido a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Medellín, recalcando que el juez al insistir en que la señora no decía la verdad omitió su deber de escuchar sin emitir juicios en una etapa probatoria.
Al final de la diligencia el juez reclamó que se estuviera grabando, y ante la observación de los asistentes de que era lógico que se hiciera, Rincón Gallego manifestó: “Quiero que entiendan una cosa, esto se convierte en dejar de ser restitución a ser una acción reivindicatoria”. Y añadió: “Todo cambia a partir de noviembre, ya lo dijeron que toda la ley comienza a partir del otro mes (…) lo que la gente tiene que entender es que aquí no fueron amenazados, sino que fue la situación de orden público que se vivió, pero más de uno de ellos vendió”. Al finalizar la diligencia de 18 minutos, la abogada pidió que ese comentario quedara en el acta.
En sus últimas palabras, el juez Rincón expresó: “Ya viene la Fiscalía, ya me escribieron y vienen los fiscales, vienen de Bogotá, me llamaron. Entonces voy a aplazar esto y empezamos mañana”. Una semana después, la Procuraduría pidió evaluar la conducta del juez, pidió una vigilancia especial a este proceso de restitución de tierras y añadió: “De ser procedente, ordenar una visita de salud ocupacional que realice una valoración al funcionario, en aras de determinar si se encuentra en las condiciones mentales para desempeñar el cargo”. La abogada Montero lo recusó e interpuso una acción penal para determinar sus intereses.
Hasta el año 1996, el predio La Guatinaja, situado en la vereda Veracruz, del municipio de Chigorodó (Antioquia), era de propiedad de la empresa Agrícola Guatinaja S. A., cuyo representante legal era el señor Jesús Sanín, quien explotaba el predio con una plantación de banano. En octubre de 1997, el Incora otorgó subsidios a 29 familias que compraron la finca en $317 millones. La compraventa estableció una cláusula de exclusividad para comercializar el banano a favor de Unibán. Los adquirientes conformaron la Cooperativa Agrícola El Progreso (Coapro), pero casi de inmediato empezaron las amenazas de muerte.
Entre febrero y agosto de 1999 fueron asesinados cuatro de los adquirientes de la tierra y un trabajador. Entonces, en calidad de gerente, Rodrigo Rojo metió como socios a personas desconocidas. Pronto los demás asociados tuvieron que abandonar la propiedad. El citado Rodrigo Rojo apareció luego en las listas que el exparamilitar Raúl Emilio Hasbún, conocido como Pedro Bonito, incluyó como supuestos auxiliadores del bloque Bananero de las Autodefensas. Además de asesinatos selectivos, los reclamantes de La Guatinaja fueron expulsados de la cooperativa y, a través de fraudulentas maniobras, despojados de sus tierras.
El Espectador localizó al juez Alejandro Rincón Gallego para escuchar su versión y primero sostuvo que cuando hizo la inspección eran puras fincas bananeras llenas de gente, ante lo cual él creía que antes que restitución se debía pedir una compensación. Interrogado sobre por qué argumentó en la diligencia que la Ley de Restitución había cambiado, aclaró que lo que él mostró es algo que le habían mandado a finales del año pasado, pues a pesar de que el presidente (Iván Duque) quería que la ley continuara 10 años, otros dicen, que con unas reformas a la Ley 1448. “A mí me enviaron eso al juzgado y yo allá lo tengo”.
Rincón Gallego admitió que el documento es un proyecto de ley que tiene el logo del Centro Democrático, pero recalcó que no sabe quién lo mandó. “No sé si fue a todos los juzgados, pero a mí me lo enviaron el año pasado”, insistió Rincón, quien hizo énfasis en que el cambio es de la restitución de tierras a las acciones reivindicativas, es decir, que se les reconozca algo a las víctimas económicamente. “Ya la Unidad de Tierras fue la que empezó a decir: si no hay restitución, sí una compensación”, precisó Rincón, quien puso como ejemplo que cuando se ordena una restitución son como 14 órdenes, y cabe más la compensación.
Escucha "Respuesta del juez de restitución de tierras sobre caso La Guatinaja" en Spreaker.)
En cuanto al examen de sus condiciones mentales, el juez contestó: “Lo que quieren hacer que lo hagan, y quiere que le diga una cosa, me duele haber parado eso (refiriéndose a la audiencia)”. Ante la insistencia de que todo quedó grabado y que incluso hay un video donde él le dice a la señora María René Murillo que le iba a “tirar a la Fiscalía”, Rincón Gallego añadió: “No la estaba intimidando, era por decirle a ella que tenía que manifestarse diciendo la verdad, porque si no podía ser sancionada de seis a doce años de prisión, según el Código Penal. Lo que quería decir es lo que me había manifestado allá la gente, que los tiraban a la Fiscalía, yo no soy el que los tira”.
La abogada Liseth Montero, como representante en el caso La Guatinaja, sostuvo que en el momento en que el juez Rincón suspendió la diligencia, les pidió a ella y a la delegada de la Procuraduría que accedieran a su despacho, y allí él sacó de su escritorio el documento que presentó como la reforma a la Ley 1448 de 2011, que justificaba su accionar. La abogada ratificó que dicho documento llevaba el logo del Centro Democrático, afirmación que el juez ratificó. No obstante, en su diálogo con este diario, en tono dubitativo, aclaró: “Todavía eso no se ha reformado, no se ha cambiado, porque muchos dicen que esto termina”.
El Espectador indagó en el Congreso de la República si en la actualidad existe un proyecto de reforma a la ley de víctimas y restitución de tierras, y constató que desde finales del año pasado la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal sí radicó una iniciativa de modificación de este articulado, según él mismo, “para darle claridad a la etapa probatoria, pues en su sentir existe un vacío jurídico frente a la figura de los segundos ocupantes y muchas víctimas se han convertido en victimarios”.
Ese fue el documento que el juez habría esgrimido en la audiencia, solo que este proyecto sigue a la espera de ser debatido en el Parlamento. No obstante, ya despierta preocupación en diversos sectores. Por ejemplo, según el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria de la Universidad del Rosario: “El proyecto pretende que los reclamantes reciban otras tierras, y no las que eran suyas, o compensaciones en dinero como medidas principales de restitución”.
Es decir, que el fin úlimo de esta medida sería permitir que quienes se hicieron a tierras en estos años de violencia puedan conservarlas sin importar si las adquirieron aprovechándose del clima de miedo provocado por el conflicto armado.
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