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El país pierde más que una vida cuando asesinan a una lideresa social. “Perder a un líder o a una lideresa es una tragedia, es perder el agua y perder otras vidas. Cuando asesinan a una defensora, las otras mujeres se dan cuenta de lo peligroso que es ser lideresa, y esto desincentiva para que las otras mujeres y más jóvenes ya no sigan con sus procesos”, asegura Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, una de las organizaciones que ha acompañado psicológica y jurídicamente a mujeres defensoras, víctimas y lideresas en todo el país.
Adriana habla con propiedad y dolor, le impacta que Colombia no se indigne con cada asesinato a un defensor, pues ellos son quienes protegen los bosques, la tierra, la salud de sus comunidades y sus derechos. “En el caso de las mujeres, muchas de ellas son cabeza de familia, sostienen a sus hijos, trabajan para los demás y ponen en riesgo su vida. Es que históricamente el espacio de la mujer no ha sido la calle, ni lo colectivo; ha sido lo privado, la casa. Por eso ser defensora implica un doble riesgo, por su labor y por ser mujer”, dice Adriana.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), desde 2016, al menos 400 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, el número más alto en toda América Latina. De esta cifra, 49 eran mujeres defensoras de derechos humanos. En el 2019 el asesinato de defensoras aumentó casi en un 60 % con respecto al año anterior.
Y solo hasta diciembre de 2020, la Oficina del Acnudh había documentado cinco asesinatos de este tipo, y se encontraba verificando otros diez. Además, al menos tres defensoras de derechos humanos han sido violadas sexualmente desde 2016, según la Oficina del Acnudh y el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
“Ante la situación de crisis humanitaria en el país, la primera reacción de la sociedad fue encerrarse pero ante la situación de crisis, salud y persecución, las defensoras fueron las primeras que salieron a ayudar. Esto no fue la excepción, fue la regla en departamentos como Chocó, Nariño y Antioquia. Las defensoras fueron aliadas para entregar ayudas humanitarias, alimentación y responder rápidamente en espacios donde el Estado colombiano no se presentó”, recalca Adriana.
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En un compromiso por no dejarlas solas, y por reconocer su trabajo para la construcción de paz en Colombia, surgió Prodefensoras, una alianza entre ONU Mujeres y la Embajada de Noruega en articulación con la Defensoría del Pueblo, para proteger a las lideresas y defensoras de los derechos humanos a lo largo y ancho del país.
“Las mujeres y las defensoras son la columna vertebral del Acuerdo, sin ellas no hay paz”, aseguró el embajador de Noruega en Colombia, John Petter Opdahl. En diálogo con Colombia 2020, el diplomático resaltó la labor de las lideresas para consolidar procesos de reconciliación, restablecimiento de derechos y garantías de no repetición. “Ellas adelantan un trabajo importantísimo, en especial para el Acuerdo; son las tejedoras de la paz. Por eso para nosotros es necesario contribuir a su protección y salvaguardia”, indicó el embajador.
Y es que Prodefensoras destinará cerca de US$6 billones en proyectos liderados por diez organizaciones de mujeres que beneficiarán a 85 municipios y 3.000 defensoras de Antioquia, Nariño, Cauca y Chocó. Corporación Humanas, la organización que lidera Adriana, en alianza con la Corporación Región fueron algunas de las organizaciones que ganaron la convocatoria de Prodefensoras.
Ellas presentaron el proyecto “Salvaguardar la resistencia: cuidando a quienes cuidan”, que está ligado a proteger a las defensoras y con ese proyecto “nosotras estaremos en el oriente antioqueño y municipios afectados por el conflicto armado, donde hay procesos de reconciliación muy importantes para las comunidades. En el Chocó, estamos trabajando con mujeres defensoras para que puedan trabajar planes y espacios de autoprotección. Asimismo, buscamos fortalecer su labor con herramientas digitales para que ellas puedan generar alertas, relacionarse y presentar información”, describe Adriana.
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Otra organización seleccionada para impulsar sus iniciativas con defensoras de derechos humanos es la Casa de la Mujer, en asocio con el colectivo Mujeres Trascendiendo. El proyecto busca fortalecer la labor de 360 mujeres y sus organizaciones en dos municipios del Cauca para que cuenten con capacidades y herramientas de gestión, incidencia y autoprotección individual y colectiva que les permitan garantizar espacios seguros y un libre ejercicio de su liderazgo.
Olga Amparo Sánchez, investigadora, activista y una de las fundadoras de la Casa de la Mujer, ha estudiado de manera detallada la forma en la que la guerra impactó los derechos de las mujeres y cómo continúa haciéndolo. Ella asegura que además de las violencias sexuales y reproductivas contra las mujeres, “las violencias durante el conflicto armado reconfiguraron el patriarcado”.
Los resultados la respaldan: de acuerdo con la investigación “Verdad es politizar”, que recopiló y sistematizó los testimonios de al menos 200 mujeres víctimas del conflicto, después de la llegada de los grupos armados insurgentes y paramilitares en Cauca, Córdoba y Meta, el porcentaje de las mujeres que pasaron a trabajar en el hogar aumentó de un 44 % a casi un 60 %.
Olga resalta cómo prácticas culturales han puesto en peligro a las mujeres, por ejemplo: el intercambio de niñas por bienes en zonas rurales permitió que los grupos armados y criminales vieran en la trata de niñas una forma de financiación e intimidación. Asimismo, se resaltan casos en Córdoba donde empalaban a las mujeres y a algunas las “enchivaban”, es decir, las colgaban del cuello en un árbol.
Estas violencias no son únicas de la guerra, todavía continúan asechando a todas las mujeres, tanto rurales como urbanas. Con un agravante: “Las mujeres pobres, marginadas, víctimas y sobrevivientes están en peligro, dentro de su casa y fuera de ella. Ahí es donde las defensoras actúan como ejes comunitarios, con ellas se cimienta la protección de derechos de las mujeres en los territorios”, afirma Olga.
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“A nosotras el miedo no nos mueve ni un pelo. Nos mueve el valor y nuestras comunidades. A los negros no nos escuchan, y sin nosotras las mujeres afro ¿qué habría pasado con nuestros hijos, con nuestra cultura? Trabajamos y agradecemos a la comunidad internacional, que siempre está interesada en colaborar, pero hacemos un llamado al Gobierno: esto es para el país, nosotras no respondemos a intereses de nadie, solo a los de nuestro pueblo”, aseguró una líder afro del Pacífico que por razones de seguridad pidió no ser identificada, pero que participará en uno de los proyectos del Chocó.
Norte del Cauca, territorio de resiliencia
En el norte del Cauca tiene incidencia la Asociación Municipal de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM), otra organización que será impulsada por el programa Prodefensoras. Clemencia Carabalí, una de sus voceras, asegura que, a pesar de la reiterada violación a los derechos étnicos territoriales que viven, tienen una enorme “capacidad de unión y de resiliencia”.
“Poner el cuidado de las mujeres en el centro de la prevención es garantizar la posibilidad de ejercer nuestra función como defensoras”, dice Clemencia. Su compañera Teófila Betancur asegura: “Debemos armarnos de rebeldía y coraje para defender a las mujeres y a toda la comunidad. Si no somos nosotras que cogemos la palanca y salimos adelante, ¿quién más lo podría hacer?”.
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