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Para que la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo protegiera luego de haber denunciado varios hostigamientos y amenazas en su contra, Armando Rodríguez Ibarra, excombatiente de las Farc, tuvo que interponer una tutela y llegar hasta segunda instancia, donde un tribunal falló a su favor. Entre el momento en que hizo la solicitud de protección y el día en que finalmente le llegaron las primeras medidas de seguridad pasaron al menos siete meses desplazado de su natal Vista Hermosa (Meta), por el riesgo que corría su vida. También fue un fallo de tutela el que logró que a los exguerrilleros que se reincorporan en Tallambí, en el municipio de Cumbal (Nariño), la UNP les diera protección colectiva luego de más de un año de haber hecho la solicitud por amenazas a sus dirigentes y la disputa de grupos armados en ese territorio. A la fecha, al menos 20 fallos de tutela le han ordenado a la UNP que cumpla con la protección a excombatientes.
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¿Por qué los exguerrilleros de las antiguas Farc están teniendo que acudir ante jueces para obtener protección de la UNP? Esa fue una de las razones para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a finales de julio pasado, adoptara medidas urgentes de protección para los exguerrilleros y le ordenara a la UNP materializar los esquemas de protección que no se habían implementado, así como programar los estudios de riesgo de esa población que estuvieran pendientes, entre otras tareas. Órdenes que la UNP respondió que no podría cumplir por limitaciones presupuestales y de personal.
A pesar de que la JEP en su decisión describió la situación como crítica, otra es la visión que tiene el director de la UNP. Alfonso Campo llegó a dirigir esa entidad a finales de junio pasado, nombrado por el presidente Iván Duque. En diálogo con Colombia2020, el funcionario sostuvo que a los excombatientes se les está cumpliendo con las garantías de seguridad y que están cumpliendo las órdenes que emitió la jurisdicción especial. “A la JEP le respondimos que nos faltaban $13.500 millones para cumplir y hoy le digo que esos recursos ya fueron gestionados ante el Ministerio de Hacienda, que los debe girar en cualquier momento. Eso ya está asegurado para ejecutar de aquí al 31 de diciembre”, anunció el director.
“Hay que ver las cifras: de 2.044 funcionarios de la UNP, 1.305 (64%) están dedicados a la protección de los integrantes del partido Farc. Estamos hablando de un porcentaje muy alto de la planta de personal dentro de la UNP para la protección de esa población”, dijo. Se refiere a los 1.305 funcionarios que componen la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, creada en el Acuerdo de Paz específicamente para los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Hoy hay un personal suficiente e importante en la subdirección especializada cumpliendo con esa misionalidad de la protección a excombatientes”, agregó.
Dijo también que, además de los $13.500 millones gestionados con MinHacienda, en lo que va del año la UNP ha ejecutado $85 mil millones en protección a exguerrilleros de las Farc. “Hoy se les está cumpliendo. Le digo también que por primera vez el subdirector de la especializada sale a las regiones con el director. Hicimos un recorrido por los dos espacios territoriales del Cesar y de La Guajira, y en ellos nos reunimos con los excomandantes Solís Almeida y Joaquín Gómez, y tuvimos reuniones muy constructivas”, sostuvo el director Campo.
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Sobre la necesidad de los excombatientes de acudir a tutelas para tener la protección, el director aseguró que “no conozco si ellos están procediendo hoy jurídicamente para que se les cumpla. Pero sé que, hablando de todos los protegidos, cuando ha habido fallos de tutela nosotros automáticamente procedemos a implementar”, dijo.
Sin embargo, José Albeiro Rodríguez, quién está al frente de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, y contra quien se emiten en particular los fallos de tutela, reconoce hoy que la protección a exguerrilleros de las Farc está colapsada. “Cuando se creó la subdirección dentro de la UNP, no había claridad sobre a quiénes se iba a proteger. Se tuvo en cuenta a los dignatarios del nuevo partido, los congresistas, el presidente y otras personas que cumplían una labor muy importante al interior del partido. Proyectaron que serían alrededor de 80 protegidos y eso se cubriría con 1.200 hombres de protección. Pero eso colapsó”, dice el funcionario.
“La demanda de protección se disparó. Por ejemplo, en las elecciones pasadas (octubre de 2019), muchos se lanzaron de candidatos a concejos, asambleas departamentales y alcaldías y la carga era tan grande que la UNP no estaba preparada. Nadie previó eso. A raíz de eso se agudizó más la situación”, explicó.
Con las primeras proyecciones se emitieron los decretos que reglamentaron la subdirección especializada, y el decreto 301 de 2017 limitó a 1.200 los agentes escoltas para los integrantes de las antiguas Farc. Hoy ese tope ya se llenó, pero no alcanza para responder a las solicitudes de protección. En este momento existen 265 esquemas, entre individuales y colectivos, para exintegrantes de las Farc y hay 522 solicitudes de protección en trámite. Sobre por qué los excombatientes están acudiendo a tutelas para que los protejan, el funcionario dijo: “sencillo: porque no se están entregando las medidas de protección porque no tenemos los recursos”.
La JEP, en la respuesta que le dio a la UNP sobre su recurso de reposición, el pasado 3 de septiembre, advirtió lo que podría pasar: “ante un escenario hipotético en el que todas las personas que presentaron solicitudes de protección acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial, un desbordamiento de las capacidades institucionales de la UNP para cumplir las órdenes emanadas de la justicia, se incrementaría la afectación y se pondría en riesgo la confianza y la legitimidad de la actuación misional de la UNP y del sistema integral de seguridad”.
Si bien no todas las solicitudes de protección terminarían eventualmente con una decisión favorable, en este momento hay 57 medidas de seguridad que ya fueron aprobadas por la Mesa Técnica de Seguridad y Protección y, aunque algunas incluso ya tienen la resolución de la misma UNP que autoriza implementar el esquema, esas no se han podido materializar por falta de personal. Según la subdirección especializada, para materializar los esquemas pendientes se necesitan 254 agentes escoltas.
Para la contratación de esos escoltas es que el director de la UNP gestionó los $13.500 millones con MinHacienda. Eso, explica el subdirector Rodríguez, podría subsanar lo que hay pendiente hasta hoy, “porque si mañana sigue creciendo esto, esos recursos que el director anunció que ya gestionó con el ministerio resultarían insuficientes”. Pero, además, sigue pendiente la restricción legal que limitó a 1.200 los agentes escoltas. Sobre eso, la opción que analiza la UNP es la de tercerizar la contratación, es decir, contratar con operadores, a través de prestación de servicios, los agentes escoltas que cumplan con el requisito de ser de confianza del partido FARC. O modificar el decreto 301 y “dejarlo en una norma abierta: se contratarán los funcionarios públicos que se requieran de acuerdo con principios de razonabilidad y oportunidad”.
Sin embargo, respecto a la ampliación de la planta encargada de proteger a los exguerrilleros, el director de la UNP expresó sus reservas: “¿es justo ampliar una planta para un grupo poblacional específico y dejar a los otros grupos poblacionales por fuera? ¿Tiene sentido ampliar la planta solo para defensores de derechos humanos, o solo para líderes, o solo para el partido FARC, o solo para los excombatientes de las Autodefensas que también protegemos? Hay que partir de la base de que la necesidad es para todos”, dijo.
Frente a esa situación, el subdirector Rodríguez hace un llamado para que la Fuerza Pública también cumpla con su rol en la protección, pues si ataca la fuente de las amenazas y desestructura esas organizaciones, algunos riesgos quedarían desestimados y no llegarían hasta la UNP.
