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El pasado 17 de enero de 2019 comenzó a circular por redes sociales una imagen con el símbolo y el nombre de las Águilas Negras, seguido de las palabras “Bloque Sur Putumayo AUC”, el grupo paramilitar que dominó a punta de miedo y bala desde 1997 y por casi diez años casi todo el Putumayo.
El panfleto menciona la “limpieza social de gamines y drogadictos”, y amenaza de muerte a líderes de organizaciones indígenas, periodistas y políticos locales. Les advierte que tienen 24 horas para que se “pierdan” del departamento.
En la lista mencionan a disidentes de las Farc, ONG Internacionales y otras siete personas: Yuri Quintero, diputada de Puerto Asís, amenazada en varias ocasiones por su defensa de los derechos humanos; Julián Medina y Gonzalo Portilla, comunicador social de Putumayo; Nixon Piaguaje, indígena siona y periodista de la emisora radio Waira; Robinson López, indígena inga y coordinador de derechos humanos de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC); Euler Guerrero, diputado de la Asamblea Departamental de Putumayo y Laura Montoya, comunicadora social.
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El llamado de organizaciones sociales de la zona para que se investigue quiénes están detrás de la amenaza llegó a oídos de las autoridades locales. El 21 de enero, la alcaldía de Mocoa, Defensoría, Ejército y otras instituciones a cargo realizaron un Consejo de Seguridad Municipal para evaluar la situación y ofrecerles protección a las siete personas mencionadas.
“La Policía manifestó que las Águilas Negras no existen, que son un imaginario. Pero indiqué que las amenazas sí existen y continúan. Se llegó a la conclusión de que la Fiscalía debe investigar quiénes son, en la necesidad de convocar un subcomité departamental de garantías de no repetición y se ofreció una recompensa de $5 millones por información sobre los autores de los panfletos”, indicó el defensor del pueblo regional, Carlos Chindoy.
Asegura también que en Mocoa no se tiene identificado de manera oficial la presencia de grupos armados. Como lo ha contado en otras ocasiones Colombia2020, las disidencias del Frente 1, 48, 49 y 62 de las Farc y el grupo delincuencial La Constru están sobre todo en el Bajo Putumayo: San Miguel, Orito, Valle del Guamuez, Puerto Leguizamo, Puerto Asís y Puerto Caicedo. Por eso es de extrañar la aparición de panfletos dirigidos a habitantes de la capital putumayense.
En contexto: El fantasma detrás de las “Águilas Negras”
El volante del 17 de enero no es el único que ha aparecido. Entre el 12 y el 30 de ese mes circularon cinco panfletos más. Cuatro están firmados por las Águilas Negras, uno por el Frente 1 ‘Armando Ríos’, de las disidencias de las Farc y otro no contiene firma ni sello reconocible de algún otro grupo armado.
El primero, fechado del 12 de enero, afirma que va a “acabar” con los expendedores de droga y vendedores de celulares robados, de los barrios San Agustín, Palermo, La Loma y La Independencia. Según el defensor, el barrio La Independencia quedó prácticamente arrasado tras la avalancha del 31 de marzo de 2017 en Mocoa y ahora están viviendo allí cerca de 90 habitantes de calle.
El documento del 22 de enero está firmado por el Frente ‘Armando Ríos’, de las disidencias del Frente 1 de las Farc. La amenaza no va con nombres propios, sino que se dirige a “empresarios de Putumayo, Caquetá y Amazonas”. Les piden “aportes económicos” para la organización so pena de que atenten contra la infraestructura petrolera.
Un día después, circuló otro panfleto firmado por el Bloque 4, “Estado mayor capitalista y fronterizo colombo-ecuatoriano”, también de las Águilas Negras, donde declaran como objetivo militar a cualquier persona de nacionalidad venezolana y anuncian “castigos severos” para los colombianos y ecuatorianos que ayuden a venezolanos con trabajo, arriendos o con el acceso al sistema de salud. También aparece la organización internacional para los refugiados HIAS y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – Acnur.
El Bloque Capital de las Águilas Negras firma el panfleto del 24 de enero. Mencionan personas de Mocoa, La Hormiga, El Tigre y San Miguel que, según el documento, son vendedores de droga, gamines o “líderes sociales corruptos”. Avisan también que habrá muerte para todo aquel que ande después de las 10 p.m. por la calle.
El más reciente panfleto circuló el 30 de enero. Vuelve y juega: las Águilas Negras lo firman y le dan plazo a las personas mencionadas para que se vayan en un día. Este panfleto es el único dirigido solamente a habitantes de Valle del Guamuez.
En un comunicado, el general Germán López, comandante de la Sexta División del Ejército, con jurisdicción sobre Putumayo y Caquetá, anunció que “con la participación de la Décima Segunda Brigada en el Caquetá y la Vigésima Séptima Brigada en el Putumayo, de manera coordinada con la Policía Nacional, la Fiscalía y el CTI de cada uno de los departamentos, se diseñó y se están ejecutando todas las acciones necesarias para la neutralización y capturas de los autores” y agregó que se están intensificando las operaciones en ambos departamentos.
Sin embargo, ante la pregunta de si retornaron paramilitares al Putumayo, afirmó que no se tiene información sobre su existencia, solo de la presencia de las disidencias de las Farc. “Sí hay presencia de narcotraficantes, pero no estamos hablando de grupos paramilitares”, sostuvo.
¿Volvieron los paramilitares a Putumayo?
Aunque las autoridades niegan que grupos paramilitares estén de nuevo en la zona, los testimonios de organizaciones sociales y de algunas de las personas que aparecen en los panfletos indican lo contrario.“Decir quiénes podrían estar detrás de las amenazas nos genera un riesgo, pero por declaraciones de exparamilitares que están tras las rejas, se sabe que son una orden política o militar. Hemos responsabilizado a la fuerza pública de la consigna de limpieza social, porque no actúan frente al hecho de prevenir ni proteger a las personas mencionadas. Por el contrario, dicen que es un documento que cualquiera hace en un computador. Nos preguntamos cuál es el papel de ellos”, asegura la diputada de Puerto Asís, Yuri Quintero. Su nombre apareció en el panfleto el 17 de enero y actualmente no tiene esquema de seguridad, pues se encuentra en revisión por parte de la Unidad Nacional de Protección.
Otra persona, que pertenece a una organización social que estudia la presencia de grupos armados en Putumayo y de la cual nos abstenemos de dar más información por su seguridad, sostiene que antiguos jefes paramilitares retornaron al departamento para tener el control del narcotráfico y del territorio, y conformar de nuevo anteriores estructuras ‘paras’.
Uno de ellos fue Héctor Efrén Meneses Yela, alias Guara, asesinado en octubre de 2018 en Orito. Quedó en libertad en 2017 tras pagar una condena por narcotráfico de seis años en Estados Unidos y regresó ese año a Colombia. Fue socio del Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán en México, hizo parte de Los Rastrojos e hizo negocios con droga con el Bloque Sur de Putumayo y el Frente 48 de las Farc.
Al parecer, también fue uno de los fundadores de La Constru, grupo delincuencial dedicado en la actualidad a la comercialización de la base de hoja de coca y el clorhidrato de cocaína. Este grupo tiene presencia en Puerto Caicedo y Puerto Asís y trabaja con las disidencias del Frente 1 y el 48, al mando de Obeiman Cortés, alias Sinaloa.
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“Las autoridades colombianas nunca requirieron su atención y le pierden la pista apenas regresa al país. Se supo que estaba en Valle del Guamuez, entre Orito y El Placer retomando sus negocios, y es el responsable de varios de los asesinatos que ocurrieron en esa zona, en medio de la disputa territorial con otros narcotraficantes”, afirma esta persona.
Por otro lado está Miguel Bastidas, alias Gárgola, jefe de La Constru capturado en 2016. Trabajó con Meneses Yela hasta que este hizo acuerdos con Los Rastrojos y Bastidas con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en ese entonces con Los Urabeños. La disputa entre los dos grupos terminó con la salida de Los Rastrojos del territorio y, según esta fuente, Bastidas es quien podría estar detrás del asesinato de Meneses Yela.
Si bien las autoridades afirman que La Constru está desarticulada, otros testimonios aseguran que sigue con la capacidad de asesinar y extorsionar bajo las órdenes de Gárgola, desde la cárcel. Mandan droga a Europa, Centroamérica y Estados Unidos.
“Las Farc en Putumayo fueron hegemónicas y tras la dejación de armas por el proceso de paz se abre una ventana de oportunidad para el Estado de llegar allí, que no es aprovechada. Durante 18 meses en esa región no hubo actores armados, pero como no llegó el Estado, desde marzo de 2018 se instalaron tres actores: las disidencias, la estructura neoparamilitar llamada La Constru y un grupo de 30 o 40 narcotraficantes venidos de Nariño, que crearon pequeños escuadrones para entrar a Putumayo”, explica Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.
Nada es claro frente a este panorama. Las autoridades afirman que están tras la pista de los autores y en las operaciones para seguir desarticulando a los grupos armados, pero en la población no hay confianza. El hecho de que hayan llegado a Mocoa varios panfletos también es un motivo de alarma para algunos, que creen que esto se debe a las denuncias de corrupción al interior de la Fuerza Pública y por el poco avance que ha tenido la reconstrucción de Mocoa después de los casi dos años de la venida torrencial. Esperan respuestas y seguridad, sin que renazcan los escenarios de guerra de años anteriores.