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De las 18 estructuras disidentes que se encuentran en el país, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en Putumayo hay cuatro: los frentes 1, 48, 49 y 62, que este año han bajado desde Caquetá para disputar el control social y el narcotráfico en este departamento fronterizo con Ecuador y Perú.
Estos cuatro sectores disidentes, en compañía del grupo delincuencial La Constru, estarían resurgiendo a partir del narcotráfico, el reclutamiento forzado y las alianzas para la explotación de la minería ilegal, los cultivos de coca y la tala ilegal de madera.
“Las disidencias están en un estado embrionario”, asegura el general Yúber Aranguren, comandante de la Brigada de Selva N.° 27 del Ejército. “La infraestructura de Putumayo es favorable para estos grupos, tienen los ríos de Caquetá, Putumayo y San Miguel para moverse y la selva para esconderse. Ningún grupo armado tiene el control territorial ni mucho poder militar, pero sí capacidad de daño”.
Lea la primera entrega de este tema: Putumayo, al acecho de las disidencias
La Constru, que históricamente ha hecho presencia en el Bajo Putumayo, está relacionada de forma directa con la comercialización de la base de hoja de coca y el clorhidrato de cocaína. Este grupo renacería con facilidad a pesar de la captura de sus altos mandos, debido a sus alianzas con otras organizaciones.
Les compran droga a las disidencias del frente 1 y a Guacho, en Nariño, y ahora trabajan asociados con la disidencia del frente 48, comandada por Obeiman Cortés, alias Sinaloa. Según las autoridades, La Constru nunca combate o se enfrenta a otras organizaciones, sino que ejerce control social, principalmente en áreas urbanas, por medio de las extorsiones, homicidios, amenazas y desplazamientos forzados. Están concentrados en Puerto Caicedo y Puerto Asís.
En Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y Puerto Leguízamo se encuentran alrededor de 49 personas de la disidencia del frente 48 que estarían al mando del cartel de Sinaloa, por el control de las rutas del narcotráfico por el Pacífico y hacia Brasil. Esta disidencia también se movería por Ecuador, según las autoridades.
“Una de nuestras hipótesis es que Cadete y Gentil Duarte quieren reunificar todo el bloque sur y están haciendo contacto con las distintas disidencias para tener una estructura militar más fuerte. Sin embargo, Sinaloa no se les quiso unir ni ir detrás del proyecto político de estos dos exmandos de las Farc, sino concentrarse en el narcotráfico”, aseguró un funcionario que pidió la reserva de su nombre.
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La disidencia del frente 62, conformada por 34 hombres que siguen las órdenes de Rodrigo Cadete, absorbió a 22 hombres del frente 7, que tenía presencia en Puerto Leguízamo. Ahora se concentran en Puerto Guzmán y Piamonte (Cauca). Es la disidencia que está intentando articular y organizar a los demás grupos en el departamento, incluido el frente 48, y que por eso ha tenido enfrentamientos con el frente 1.
El río Caquetá, que divide este departamento y Putumayo, es controlado por la disidencia del frente 49, conformado por 55 hombres que también delinquen en Cauca. Allí también está la disidencia del frente 1, comandada en este territorio por Iván Mordisco con 22 hombres, cubriendo los bordes fronterizos de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo.
Ejemplo en la erradicación voluntaria de coca
Las comunidades viven entre las amenazas de estos grupos armados para que no erradiquen los cultivos de coca y cumplir con el acuerdo departamental en el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Aun así, Putumayo es el departamento que más hectáreas de cultivos de coca ha erradicado en 2018. A octubre de este año, según información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), este departamento ha erradicado voluntariamente 8.686 hectáreas. Le sigue Antioquia, con 3.431 hectáreas.
Sin embargo, hay municipios donde ya se van a acabar los pagos y no ha aparecido la asistencia técnica, el compromiso del PNIS para que las familias tengan un sustento económico con otros cultivos. Solo ha llegado la asistencia técnica en la vereda La Carmelita, en Puerto Asís, que beneficia a 456 familias. Y desde hace dos meses se abrió la convocatoria de personal técnico para comenzar la asistencia en Orito. Según Miguel Ortega, coordinador del equipo regional para la sustitución voluntaria en Putumayo, se espera que en diciembre comience esta misma labor en los otros municipios.
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El último informe de monitoreo anual de UNODC (que evaluó hasta diciembre de 2017 el número de hectáreas con coca en todo el país), mostró el crecimiento del 20 % de la siembra de cultivos de coca en Putumayo, al pasar de 25.162 hectáreas en 2016, a las 29.589 en 2017. Pero a las hectáreas erradicadas por los campesinos este año se suman las 5.373 que el Ejército ha erradicado de manera consensuada con los habitantes de este departamento. Es decir, hay un total de 14.059 hectáreas que ahora están sin coca, el 47 % de las 29.589 señaladas por UNODC.
Esa es una buena noticia empañada por la lentitud del Gobierno para cumplirles a los campesinos y la amenaza de implementar la erradicación forzada y el uso de glifosato por parte del presidente Iván Duque. Por otro lado, están los sectores inconformes que, además de definir el control de la hoja de coca y disputarse las rutas de salida hacia el exterior, también están instalando laboratorios para el procesamiento en Ecuador y Perú. Tienen contacto con el cartel de Sinaloa en México o el grupo Comando Capital de Brasil para venderles cocaína.
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Por lo pronto, las comunidades piden que se continúe con el programa de sustitución, que llegue ya la asistencia técnica para contrarrestar la resiembra de coca y que haya titulación de tierras, construcción de vías, redes eléctricas y mejor conectividad, incluso, para mejorar la seguridad en esta región. A final de cuentas, que aumente la presencia del Estado no solo con militarización, en vez del terror de las disidencias.