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No se puede hablar de la historia reciente de la zona de cordillera de Nariño sin entender el papel fundamental que ha jugado la coca en esta región. Los últimos procesos de colonización de estas tierras estuvieron íntimamente ligados a ella. La historia que cuentan aquí dice que cientos de colonos llegaron a las montañas huyendo desplazados de las fumigaciones con glifosato a los cultivos de uso ilícito en el Putumayo, a donde años atrás muchos se habían ido buscando una alternativa en la hoja de coca.
Así cuenta la historia don Óscar Gómez, un campesino oriundo del municipio de El Rosario (Nariño), que fue testigo de la llegada de cientos de familias a la zona. “En el territorio había mucha pobreza, entonces la gente se iba al Putumayo a sembrar coca. Todo joven que salía se iba para allá porque allá había trabajo como raspachines, entonces iban dejando solas las tierras. Pero luego, cuando vinieron las fumigaciones en el Putumayo, los corrieron de allá y empezaron a llegar acá, a ver la región como una alternativa interesante”. Eso fue a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000.
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Así se esparció también la coca por la cordillera de Nariño. Y con ella se intensificó el conflicto armado. Hoy es difícil encontrar algún campesino de esta zona cuya historia no se entrelace con la violencia que desataron primero las Farc y luego los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que tuvieron presencia en el territorio, pues es un corredor hacia el Pacífico. Aunque en varias veredas de la zona hablan de la coca y de la violencia en pasado, lo cierto es que ni la una ni la otra se han ido por completo.
Entre los municipios de Policarpa, El Rosario, Leiva y Cumbitara, que integran la cordillera, hay cerca de 3.000 hectáreas de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Sobre estos municipios, como ha documentado Colombia 2020, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana el 20 de noviembre de 2018, por considerar en alto riesgo a la población ante el panorama de actores armados ilegales que se configuraba en la zona.
Según el documento, en la región estaban incrementando su accionar armado las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo posdesmovilización de las Auc, y el frente Estiven González, disidente de las extintas Farc. Entre unos y otros tenían a la población arrinconada, con particular intensidad en el municipio de Policarpa.
Sin embargo, aun con ese escenario, en la zona ha venido aumentando el número de asociaciones de campesinos que intentan hallar una alternativa. De acuerdo con la altura en la montaña y la cercanía con el río Patía, los cultivos que empiezan a tomar forma son distintos, pero las familias han puesto su fe en los últimos años en uno en particular: el limón tahití.
El verde vivo de este cultivo ha empezado a regarse por la cordillera y a consolidarse como un producto que ofrece sostenibilidad económica real para los campesinos que lo cultivan. Igualmente, con él suelen sembrar aguacate, mango y otros frutales.
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Colombia Puede
En diciembre de 2018 llegó a esta zona de Nariño el proyecto Colombia Puede, financiado por el Fondo Europeo para la Paz y ejecutado por el Centro de Comercio Internacional (ITC), al ser este territorio uno de los priorizados para la implementación del Acuerdo Final de La Habana. Enfocado en mejorar los ingresos de los productores de la región, el proyecto encontró en el limón tahití la mejor alternativa para apoyar a las familias campesinas.
“El limón comienza a pegar duro después de 2012. La cosa con el limón es que da estabilidad, uno tiene su sustento, pero sobre todo tiene tranquilidad, que es lo mejor que uno puede tener. O sea, salir cuando uno quiera, cosechar el día que uno quiera; no tiene que tener miedo de que lo va a coger la ley ni nada de eso”, resume José Andrés Rodríguez de la vereda La Planada, en El Rosario, quien antes vivía de la siembra de coca. De eso, dice, no le quedaron sino un desplazamiento forzado y los recuerdos de la sangre que corrió por cuenta de esa mata.
Como él, cientos de familias en esta zona han hecho el tránsito de la coca a diversos cultivos lícitos, no por cuenta de un proceso de sustitución apoyado por el Gobierno Nacional, sino por simple hastío de la violencia que les ha traído la hoja de coca.
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Juan Fajardo es uno de los campesinos más avanzados en el proceso del limón en la zona de cordillera. Con una historia de desplazamiento y violencia en su municipio de El Peñol, llegó a El Rosario y empezó la siembra de diversos frutales hasta aterrizar en el limón. A diferencia de muchas de las familias del territorio, ya está produciendo limón orgánico, es decir, que no involucra químicos en el proceso, y debido a ello, junto con otros productores de la asociación Frutas Verdes del Patía, ha logrado exportar su limón a Alemania, a través de Aurora Natural, un socio comercial.
La idea es que cientos de campesinos de la cordillera logren dar ese paso y empezar a exportar. Así lo resume Arancha González, directora del ITC, que estuvo en Nariño la semana pasada para el lanzamiento de Colombia Puede: “Ahora mismo hay una fosa. Hay un producto y hay un mercado, pero hay una gran fosa en el medio. Ese gran agujero es lo que este proyecto va a intentar llenar”.
En concreto, son cuatro líneas en las que el proyecto, que contará con una inversión cercana a los US$4 millones, va a apoyar a alrededor de 2.000 pequeños productores. Primero, incrementará el acceso de los campesinos a la asistencia técnica y a infraestructura productiva; segundo, los capacitará en organización colectiva, emprendimiento y manejo financiero; tercero, aumentará su conocimiento del mercado local, nacional e internacional, y por último, identificará un portafolio de oportunidades de mercado que les permita hacer transacciones comerciales en canales que vayan de acuerdo a sus capacidades.
“Nuestra esperanza con el proyecto es que nos apoye con la comercialización, poder eliminar a los intermediarios y que seamos nosotros mismos los que exportemos. De eso se trata”, asegura don Óscar Gómez.
Pero, además de la cordillera de Nariño, el proyecto estará presente en Tumaco, que hasta 2017 era el municipio con más hectáreas sembradas de coca en todo el país. Allí, la apuesta es por el coco y particularmente el cacao. De hecho, en 2015 el cacao proveniente de Tumaco fue galardonado en el salón de chocolate de París, considerado el “mundial del cacao”.
Al lanzamiento de Colombia Puede asistió Miguel Ángel Vargas, gerente de la Red Nacional Cacaotera, quien resaltó las virtudes de este producto para contribuir al desarrollo en esta zona del país. “El cacao es un cultivo de paz y un cultivo reforestador, porque hoy se ha establecido en aquellas áreas que habían sido deforestadas para el establecimiento de cultivos de uso ilícito”. Igualmente, aseguró Vargas, el potencial que tiene es enorme en cuanto a comercialización: “Hoy, el país produce un poco más de 60.000 toneladas al año y nuestro consumo es mayor a lo que producimos, es decir, el tema comercial está garantizado. En Tumaco hay una alianza importante y le venden el cacao a Casa Luker y a la Nacional de Chocolates”.
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Implementar el PDET, una necesidad inmediata
Entre los campesinos del territorio, las autoridades locales y los representantes de cooperación internacional hay un consenso: el proyecto en sí mismo no va a llenar los vacíos que ha dejado la ausencia del Estado en muchas de estas zonas del departamento. El llamado al unísono fue para la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), plasmado en el Acuerdo de La Habana, para revertir las condiciones que por décadas ha padecido esta región.
Actualmente, el proceso participativo de construcción del PDET del Alto Patía y el norte del Cauca, al que pertenecen los municipios de cordillera de Nariño, ya se cerró y está pendiente la ejecución de las obras allí plasmadas, que, en todo caso, están planteadas para 15 años.
Arancha González reiteró en varias ocasiones que el liderazgo y la articulación deben venir en todo el momento del Gobierno Nacional. “Aquí lo que hay es gente que la ha pasado muy mal, pero que es resiliente y hoy ve el futuro con más optimismo del que lo han visto en décadas. La cuestión es capitalizar estas oportunidades ahora y que no se deje pasar el tiempo. El reto mayor es articular. Hay un montón de acciones que ya están teniendo lugar, pero ahora hay que articularlas y necesitamos que el Estado sea el articulador de todas estas acciones”.
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Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea en Colombia, quien también acudió al lanzamiento del proyecto y recorrió el territorio junto con Francisco García, director del Fondo Europeo para la Paz, aseguró que la interlocución con el Gobierno es estrecha para la implementación de estos proyectos. “La razón por la que estamos aquí es porque somos conscientes de la complejidad del territorio, de que esta es una zona que no solo ha vivido mucho el conflicto, sino que además los desafíos que tiene por delante son importantes, en términos de seguridad, en términos de economías ilegales, fundamentalmente cultivos ilícitos, y por eso la necesidad todavía más importante de la comunidad internacional de acompañar los esfuerzos del Gobierno Nacional”.
Los llamados fueron escuchados en el Gobierno por Juan Carlos Mahecha, director del Fondo Colombia en Paz, quien aseguró que el Gobierno está comprometido con la implementación del Acuerdo Final de Paz. Según dijo, se les cumplirá también a las familias que han manifestado su voluntad de sustituir los cultivos de uso ilícito y que ya están inscritas en ese programa. “El Gobierno Nacional está completamente convencido de la necesidad de la paz. Hoy se está cumpliendo con proyectos productivos, con recursos y con el apoyo decidido de la comunidad internacional”, señaló.