Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
No son actrices ni personalidades reconocidas, pero protagonizan una historia; o mejor dicho varias historias que al final terminan siendo una misma: la de la resistencia. Son siete lideresas de municipios como Quibdó, Istmina, Condoto y El Carmen de Atrato, todos en Chocó, que mediante un documental quieren hacer un llamado de alerta frente a la crisis que desde hace décadas atraviesa su departamento sin que ningún gobierno haya tomado medidas claras para su solución.
Chocó: derechos negados, mujeres en pie se titula la pieza audiovisual que tiene de fondo una consigna clara para ellas: “Chocó también hace parte de Colombia y nosotras estamos aquí, dispuestas a luchar y hacernos escuchar”. El documental —que está dividido en dos partes: Voces del territorio e Historias de lucha y resistencia— fue el resultado de dos iniciativas. Por un lado, el proyecto denominado “Documentación, capacitación y aumento de la participación de las mujeres para la reducción de los niveles de violencia en el Chocó”, que se desarrolló en alianza con Mujeres en Zonas de Conflicto (MZC) y la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Por otro lado, el proyecto “La Paz sostenible tiene piel de mujer negra”, que se realizó gracias al apoyo de Fondo Sueco–Noruego de cooperación con la sociedad civil colombiana (FOS).
Allí, mediante los relatos de estas siete lideresas, se narran las problemáticas de un territorio que, a pesar de su inmensa diversidad y riqueza natural, es golpeado por la pobreza, el hambre, los desplazamientos forzosos, asesinatos, violaciones y minería ilegal, entre otros males. Estas son sus historias:
Eucaris Ramírez y Yurleidy Alcázar, El Carmen de Atrato
En 2016, tras una larga lucha legal, madre e hija viajaron con sus propios medios a Medellín para tratar la leucemia linfoblástica aguda tipo B de Eucaris, pues el servicio médico que tenían no cubría la ambulancia para el traslado.
“En El Carmen hay exposición directa con una mina que ha provocado brotes de cáncer, en un municipio donde antes eso no se veía. Tuve que poner una tutela en la Defensoría del Pueblo para garantizarle el derecho a la salud a mi mamá”, cuenta Yurleidys con lágrimas en los ojos, pero voz firme.
Su madre es una sobreviviente de cáncer, “un milagro en un sistema de salud tan precario”, dice. De hecho, según cifras del DANE, el 79,19 % de la población chocoana tiene las necesidades básicas insatisfechas. Es, además, uno de los departamentos con más altos índices de mortalidad infantil por desnutrición y desempleo juvenil.
Cuentan que mientras en los municipios solo hay hospitales de primer y segundo nivel, los habitantes se mueren por enfermedades como el cáncer, que requieren tratamientos avanzados y atención mucho más especializada.
Luz Mercedes Martínez, Condoto
“Antes dejábamos a los niños con agua de panela (porque no había más) y nos íbamos al monte. Una o dos horas sacando metal para luego venderlo. El sustento de muchas mujeres y familias era la minería artesanal”.
La llegada de multinacionales y grupos ilegales, que se han disputado la extracción de minerales desde la década de los 90, y la falta de control y reglamentación terminaron ocasionando grandes afectaciones a la población civil. Eso sin contar con los casos de destrucción de fauna y flora, de apropiaciones irregulares de tierra y hasta desaparación forzada.
“Ese cuento de que la minería industrial nos ofrece trabajo no es cierto. Se aprovechan de las mujeres mayores, a sus hijas las violan, a sus hijos los reclutan. Lo que nos ha traído es una descomposición social, nos utilizan. Los peces tienen tumores y los empleos escasean”.
Damaris Palacios, Quibdó
Según Damaris, madre soltera de seis hijos y víctima de violencia sexual y desplazamiento forzado, Chocó sufre un completo abandono estatal. “Nosotros no iniciamos la guerra, la guerra llegó a nosotros. El Gobierno actual no nos está reflejando. El presidente Duque tiene que voltear la mirada para poder avanzar en temas de salud, educación, seguridad alimentaria y otros asuntos que nos preocupan”.
Damaris estuvo en la mesa de diálogos de La Habana en la época de negociación entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, en 2016, y conoce de primera mano los beneficios del cese de las confrontaciones y de la salida de esa guerrilla del escenario de conflicto. Aún así, asegura, el camino apenas se está empezando a recorrer.
“Con el cese al fuego sentimos un gran alivio de volver al campo, cortar caña y leña en sitios donde antes no podíamos entrar; sin embargo, el conflicto no se ha acabado. Nosotras, como mujeres, somos a quienes nos matan los maridos, somos quienes sufrimos cuando un hijo se muere de hambre y somos las que estamos siendo invisibilizadas”, agrega.
Susana Tobar, Quibdó
En 2003, mientras vendía chance en la calle, Susana supo, por voz de su hija mayor, que uno de sus mellos (mellizos) había muerto. Era el testigo principal de un asesinato ocurrido algunos meses antes. “Había rumores de que querían acabar con mi familia y yo supe quiénes eran: los paramilitares”. Ese mismo año, otro de sus cuatro hijos sufrió dos atentados y fue asesinado.
“Como mujeres, antes no teníamos formación ni conocíamos las rutas de acceso para denunciar las violencias. Ahora tomamos las armas y estamos al frente”, dice Susana, quien sostiene, al igual que las otras lideresas, que están inconformes con el Gobierno actual y que no se sienten “representadas” por sus políticas. “Nosotras sí creemos que el diálogo es el camino más fácil para solucionar el conflicto. El Chocó está cansado de la violencia. Nosotras estamos cansadas”.
Susana asegura que lo que pretenden es hacer un llamado al presidente Iván Duque para que “escuche que no estamos conformes, que se le ha olvidado consultar con el pueblo las decisiones que nos afectan. Lo citamos, estamos dispuestas a dar la cara y sentarnos con él”.
Luego de “ser perseguidas por cámaras durante tres semanas”, como ellas dicen entre risas, el documental fue proyectado, principalmente, en los municipios de Chocó y finalmente en Bogotá. Asistieron actores de incidencia política (con excepción de Bogotá) como personeros y defensores del Pueblo municipales. “Somos el motor de la vida, somos ejemplos para nuestros niños. Por primera vez estamos viendo proyectadas nuestras historias de vida y somos guía para muchas mujeres que permanecen calladas”, concluyen.