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No bastó con la muerte de Patricia Zarco Chamarra, de 16 años, en medio de un bombardeo de la Fuerza Aérea. Ella fue reclutada por el Eln un año antes de morir, se la llevaron de su casa en el resguardo Santa María de Pángala, a orillas del río San Juan (que divide los departamentos de Chocó y Valle del Cauca). En el momento en que la Fuerza Pública lanzó las bombas, en enero del 2018, estaba con otros combatientes en unas casas que los indígenas wounaan utilizan ocasionalmente cuando salen de cacería. La menor de edad murió en la clínica Santa Sofía de Buenaventura el 4 de febrero de ese mismo año. El Eln persiste en hacer la guerra con los niños y niñas, por lo que la historia de Patricia se podría repetir.
El caso más reciente de reclutamiento de niños wounaan por parte de ese grupo en el río San Juan se dio el 30 de marzo. Se llevaron a una adolescente de 15 años de la comunidad Chagpién Medio, en el municipio de Litoral del San Juan (Chocó). Un guerrillero la enamoró y le pidió que se fuera con él.
También conocimos el caso de una adolescente de 16 años que murió en medio de un combate el 5 o el 6 de abril (no pudimos constatar la fecha exacta) en la vereda El Saltillo, parte alta del río Naya. Ella desapareció hace unos meses de su comunidad en el río Yurumanguí (Buenaventura) junto con una niña de 14 años. No se sabe quién la reclutó ni cuáles actores se enfrentaron, pues allí están presentes la Fuerza Pública, el Eln y dos disidencias de las Farc: la Columna Móvil Jaime Martínez y las Fuerzas Unidas del Pacífico (Fup).
Volviendo al San Juan, la modalidad que está utilizando el Eln es enamorar a las adolescentes. En todos los casos conocidos por Colombia 2020, combatientes seducen a sus víctimas (en todos los reportes son niñas) y luego les piden que se vayan con ellos a la insurgencia. Más niñas estarían cerca de irse a la guerrilla, por lo menos tres adolescentes, entre 14 y 17 años, están en riesgo inminente de ser reclutadas. “Uno no quiere que caigan en un bombardeo, eso es un dolor como padre”, aseguró un lugareño a quien le protegemos su identidad, como a todas las personas que hablaron, debido a represalias que podrían sufrir.
El acecho del Eln a los niños indígenas ha producido desplazamientos forzados. Unos 254 wounaan salieron, entre febrero y marzo de 2017, de los cabildos de Chagpién Tordó, Chagpién Medio y Dur Ap Dur hacia la cabecera urbana de Buenaventura, debido a que varios menores de edad estaban en riesgo de reclutamientos y por combates que se registraron en la zona. Hasta la fecha el retorno de esa comunidad no se ha materializado. La situación de desplazamiento ha acarreado varios problemas para los indígenas; por ejemplo, algunos jóvenes consumen sustancias psicoactivas que no conocían cuando estaban en su territorio.
Por lo menos desde el 2005, los grupos armados han obligado a los niños indígenas del río San Juan a pelear una guerra que no es de ellos. Conocimos un documento de 2016 que da cuenta del reclutamiento de 14 niños wounaan por parte del Frente 30 de las Farc, actor armado que durante años controló ese afluente. En la región recuerdan que tres de ellos murieron en medio de un bombardeo de la Fuerza Pública contra esa guerrilla que se dio el 24 de marzo del 2011 en el resguardo Chagpien Tordó. Pobladores de la zona cuentan que hasta el 2011 el comandante de esa estructura fue Jorge Neftalí Umenza, conocido como Mincho, quien murió en un bombardeo el 20 de octubre de ese año.
Las comunidades aseguran que a pesar de que han alertado sobre la situación y es ampliamente conocida la razón del desplazamiento de este resguardo, las instituciones estatales no han hecho nada para prevenirla.
La denuncia de los líderes indígenas es secundada por la personera de Litoral del San Juan, Mayra Abadía, quien señaló que “hasta el momento no se ha hecho ninguna acción para solucionar el problema de reclutamiento de menores en esas comunidades”, por lo cual dijo: “Le pido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que haga una intervención completa”. Sin embargo, al preguntarle si en el tiempo que lleva como personera ha enviado oficios a esa entidad para que actúe respondió “directamente no, pero nunca es tarde para hacerlo”. Llamamos a la oficina de prensa del ICBF, pero debido a la época de vacaciones fue imposible contactar a la persona que debía responder.
El reclutamiento también afecta a las comunidades negras que habitan en el río, pero estas no llevan un registro. Lo que tienen claro tanto indígenas como afrodescendientes es que hay razones estructurales que facilitan el reclutamiento. “A los muchachos les toca tomar esas decisiones, ellos mismos buscan a los grupos que a veces los devuelven a sus casas. La falta de oportunidades, de empleo, de estudio, el abandono escolar y la falta de seguridad alimentaria los llevan a eso”, afirma un líder. Cuenta que cuando los adolescentes terminan sus estudios no tienen en qué ocuparse.
La Fuerza Pública también es señalada de utilizar a los niños y ponerlos en riesgo. En la región, tanto afros como indígenas aseguran que miembros de la Armada se acercan a los caseríos y entablan conversaciones con niños y adolescentes para obtener información de inteligencia. En septiembre del año pasado el Eln secuestró a una adolescente de 15 años, en el Bajo Baudó (Chocó), argumentando que era informante de las Fuerzas Armadas. Su liberación se produjo el 19 de septiembre en el San Juan.
Ante estas denuncias de las comunidades, la Fuerza Naval del Pacífico respondió: “Hasta el momento no tenemos conocimiento de esas denuncias (...) se tienen muchas órdenes y registros de mando superior en los cuales se rechaza y condena este tipo de prácticas, las cuales son contrarias a los principios y fundamentos institucionales y por ende ese tipo de conductas, de presentarse, serán investigadas y sancionadas de acuerdo a los procedimiento legales establecidos”.
Tierra de los armados
El río San Juan es otro de los lugares donde la ilusión de que llegara la paz, después de la dejación de armas de las Farc, quedó anulada por nuevas confrontaciones. En 2017 el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) se pelearon el control del río, que durante años ejercieron las Farc y los combates eran frecuentes. En medio de ese conflicto se dieron hechos como la masacre de Carrá, que dejó cinco personas muertas a manos de los elenos y la tortura de una mujer en el cabildo Puerto Guadualito, al parecer perpetrada por los paramilitares.
En 2018 los combates entre esos dos actores cesaron, pero las comunidades seguían afectadas. Por ejemplo, se dio el bombardeo en Chagpien Tordó, en el que murió Patricia. Hoy, la restricción a la movilidad afecta tanto a negros como indígenas. El hecho de no poder moverse por el territorio, debido al miedo de encontrarse con hombres armados, ha tenido consecuencias sobre la dieta de los lugareños que tradicionalmente han vivido de la cacería, la pesca y la venta de madera. Hoy, las comunidades se quejan de la falta de alimentos, pues las tierras cultivables son cada vez menos porque no se atreven a alejarse de los caseríos.
En un documento suscrito por el Frente Che Guevara del Eln se les notificó a las comunidades del San Juan un “paro a la explotación maderera por seis meses”. Según esa guerrilla, existe una reglamentación de 23 puntos para el desarrollo de esa actividad. Los insurgentes dicen que no se están cumpliendo normas como la prohibición de cortar árboles en nacederos de agua y el “punto 14 (que) habla de pagar un impuesto a las comunidades”, entre otros. Por eso, prohibieron la explotación de madera entre el 22 de enero y el 22 de junio. De esa actividad dependen cientos de familias, en su mayoría negras, que en este momento no tienen ingresos y han optado por pedir ayuda humanitaria. Incluso en la comunidad de Taparal hay un aserradero detenido desde que empezó la prohibición.
El río San Juan está controlado por los armados. Desde la comunidad de Palestina hasta Cucurrupí ejerce el control el Eln. En las siete bocanas del afluente, que desembocan al mar Pacífico, están presentes las Agc que prohíben la pesca en ese lugar, de donde más peces sacaban los lugareños. Por la zona patrullan efectivos de la Armada, por eso nadie entiende por qué en las noches pasan lanchas rápidas hacia el océano. Las salidas al mar son puntos estratégicos para el tráfico de cocaína, armas y otras mercancías prohibidas.
La Fuerza Naval del Pacífico dice que el Estado es el que ejerce control sobre el río, pero explica: "Estos grupos armados ilegales delinquen en la zona y tienen una presencia esporádica, pero ello no implica que tengan el control del área". Al preguntar por qué en las noches salen lanchas rápidas hacia el Pacífico a pesar de la presencia de la Armada asegura que “es un espacio muy extenso en el cual se generan economías ilícitas gracias a las grandes rentabilidades que deja el narcotráfico. Es así como las organizaciones al servicio del narcotráfico utilizan personas para vigilar las tropas y facilitar la salida del alcaloide por otros sectores, evitando ser interceptados por personal militar”.
En esa región, de una riqueza natural impactante, que se ilusionó con el Acuerdo de Paz, esperan que el Estado llegue para garantizarles los derechos básicos a sus habitantes. También claman que la guerrilla, que dice luchar por el pueblo, deje de creer que la revolución se hace dándoles un fusil a los niños y exponiéndolos a perder la vida en medio de una guerra ajena. Piden que la Armada no utilice a los menores de edad para obtener información. “Esos niños y niñas podrían llegar a ser doctores o abogados”, dice un líder, al resumir lo que les han negado.