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Un detalle pasó desapercibido cuando capturaron el 13 de febrero de 2017 a Manuel Salvador Páez, presunto asesino de Porfirio Jaramillo, líder reclamante de tierras en Urabá. Lo cogieron a las dos de la mañana en El Trébol, un predio ubicado en la vereda El 40 de Turbo (Antioquia). Esta finca ganadera es propiedad del empresario Ángel Adriano Palacios Pino, quien ha sido derrotado en procesos por restitución de tierras y está a la espera de un fallo por concierto para delinquir, señalado como financiador de los paramilitares.
A Porfirio lo asesinaron el 29 de enero de 2017. Ese día, hacia las 10 de la noche, llegaron a su finca cuatro hombres vestidos de civil con machetes al cinto preguntando por él. Le dijeron que iban de parte de la Unidad Nacional de Protección porque tenían información de que al otro día lo iban a matar. Porfirio lloró ante lo que pensaba que era un nuevo desplazamiento, su esposa le alistó una maleta con ropa y él se fue con los hombres. Apareció muerto a la mañana siguiente con heridas de arma blanca.
Porfirio Jaramillo, líder de restitución de tierras de Urabá que fue asesinado. / Archivo particular?
Sus verdugos no eran funcionarios de la entidad a la cual Porfirio pidió en vano protección. Como la pidieron en diciembre pasado 25 reclamantes de tierras de esta región que, preservando su identidad con máscaras blancas, denunciaron que detrás de los asesinatos y amenazas que vienen recibiendo en su contra están empresarios que se adueñaron de sus parcelas en los años de la violencia paramilitar. Las agresiones se han agudizado tras la decisión de varios de ellos de retornar a sus tierras luego del desplazamiento.
Una finca llamada El Trébol
“Salí despojado de mi vereda, con mis hijos y mi esposa. Venía a caballo y me obligaron a entrar, tenían a 12 personas amarradas de pies y manos. Eso fue en El Trébol”. El testimonio es uno de los que reposan en sentencias judiciales que sostienen que esta finca fue un centro de operaciones del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a mediados de los 90.
Palacios, de unos 80 años, no responde consultas de periodistas debido a que, según dice su abogada Yolanda Serna, hace unos años se encuentra en delicado estado de salud. Sin embargo, ella afirma que el empresario y el presunto asesino no tenían “absolutamente ningún vínculo”. Agrega que desde que salió de la cárcel, él no vive en esa finca y que el ganadero “ni siquiera lo conocía”. Argumenta que el administrador de El Trébol tiene facultad para contratar personas con el fin de que desempeñen labores como ayudar a vacunar el ganado y limpiar los potreros.
El ganadero Palacios ha tenido problemas con la justicia. En marzo de 2014 fue capturado y estuvo recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá, investigado por concierto para delinquir por nexos con los paramilitares. La medida de aseguramiento que pesaba sobre él fue revocada a finales del mismo año, desde entonces espera una decisión en su caso en libertad.
La abogada Serna afirma que la acusación de que la finca El Trébol fue un centro de operaciones de los paramilitares fue totalmente desvirtuada. Dice que el jefe paramilitar de la zona, Raúl Hasbún, declaró que la base del grupo armado ilegal era la finca La Temblorosa, propiedad de su familia, que colinda con El Trébol. Sin embargo, habitantes de la región insisten en que para mediados de los 90, tanto El Trébol como La Temblorosa estuvieron al servicio de los armados.
Por medio de un fallo del 8 de abril del 2015, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, del Tribunal Superior de Antioquia, anuló las transacciones mediante las cuales Palacios adquirió las fincas La Esperanza, Nueva Esperanza, El Delirio y La Pipiola, en Turbo (Antioquia). Las operaciones de compra de los predios fueron declaradas inexistentes debido a que el Tribunal halló que por el contexto de violencia en el momento en que se efectuaron las compras (entre 1996 y 1998) y el conocimiento que el empresario Palacios tenía de esto, “puede sospecharse del aprovechamiento masivo de la situación”.
La tierra que reclamaba Porfirio
Porfirio llevaba un proceso de restitución de tierra mediante el cual buscaba que le devolvieran la finca No hay Como Dios, de 33 hectáreas, ubicada en la vereda Guacamayas de Turbo, de la cual tuvo que salir por primera vez ante la incursión paramilitar de 1996 en Urabá. El opositor en ese proceso es otro empresario: Germán González, conocido en la región como César Cura, de quien no hay información disponible. Carlos Páez, fiscal de la organización Tierra y Vida, afirma que González fue un sacerdote que se dedicó a comprar tierra en los años en que las AUC entraron a la región y ahora está dedicado a la ganadería.
Porfirio fue amenazado dos veces en el 2016. El 17 de julio tuvo que salir corriendo de su finca hacia Planeta Rica (Córdoba). Ese mismo día, un hombre le había dicho que tenía 24 horas para salir del predio, y de no hacerlo, lo matarían. Pero la tierra siempre haló a Porfirio. Volvió. En octubre del mismo año, un mes después de haber vuelto, le dijeron que “ya no respondían por él” si no se desplazaba. Se fue a Apartadó (Antioquia).
Su hija Sara Jaramillo cuenta que ella lo acompañaba a poner las denuncias de esos hechos ante la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP). ”El Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas y la UNP no respondían, eso es un trámite muy largo, muy complicado y nunca le dieron nada”, cuenta. Porfirio no soportó la vida fuera de su finca. Volvió con siete familiares el 24 de diciembre, se quedaban en un cambuche de plástico que él mismo había construido. También empezó a sembrar maíz y arroz junto con sus hijos. “Allá no nos faltaba nada”, relata Sara. Fue así hasta cuando las amenazas se materializaron.
El líder no solamente llevaba su proceso, sino que impulsaba a que otros reclamaran sus tierras. Hacía parte de la organización Asociación Tierra y Vida, que ha acompañado varios procesos de reclamación y, cuenta su hija, en las reuniones que se llevaban a cabo en la vereda Guacamayas “le decía a la gente que no había que quedarse callados, que había que hablar”.
La abogada Serna afirma que el proceso de reclamación que adelantaba Porfirio “era un tema completamente ajeno a don Adriano”. Al preguntarle si hay algún tipo de vínculo entre Germán González y su defendido, responde que Palacios “no tiene negocios con nadie”. Además, agregó que a pesar de que ella lleva varios procesos penales y conoce muy bien esa zona de Urabá, era la “primera vez” que oía mencionar a González.
Reclamar tierra en Urabá: alto riesgo
La historia de Porfirio era la historia de cientos de campesinos del Urabá. Durante finales de los 80 y la mitad de los 90 fueron víctimas de las guerrillas. La región se volvió invivible cuando entraron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en 1996. El desplazamiento fue masivo. Muchos vendieron sus fincas a precios trágicos: se han documentado casos en que los campesinos recibieron $60 mil por hectárea. Otros no vendieron. Pero cuando unos y otros quisieron volver a sus fincas, estas tenían nuevos dueños.
En sus versiones libres, los excomandantes paramilitares de los frentes que operaron en Urabá hablaron de alianzas con los empresarios de la región que querían aumentar su patrimonio. Freddy Rendón Herrera, que en la guerra fue conocido como el Alemán, explicó: “Muchos empresarios de la industria ganadera, bananeros, gente muy honorable, aprovechó para ir comprando tierras”. Por su parte, Raúl Emilio Hasbún, a quien le decían Pedro Bonito, aseguró que entregó listas que incluían a 270 bananeros, 400 ganaderos y 4.200 comerciantes que habrían aportado dinero voluntariamente a las AUC y enfatizó: “Aquí hay un concierto y el único condenado soy yo”.
Tras la desmovilización parcial de los paramilitares, entre los desplazados de Urabá surgió la esperanza de volver a sus tierras. Sin embargo, el retorno ha estado marcado por la violencia. Desde el 2008 han sido asesinados ocho reclamantes de tierras pertenecientes al consejo comunitario La Larga Tumaradó, que comprende territorios ubicados en Riosucio (Chocó), Turbo y Mutatá (Antioquia): Juan Agustín Jiménez Vertel, Benigno Antonio Gil Valencia y Jaime Antonio Gaviria Villada, en el 2008; Alejandro Pino Medrano, en el 2009; Óscar Manuel Maussa, en el 2010; Gildardo Padilla Ortega, en el 2013; Porfirio Jaramillo Bogallo y Mario Manuel Castaño Bravo, en el 2017.
A esos asesinatos se suma el de Jesús Alberto Sánchez Correa, quien era hijo de los líderes de restitución Pedro Nel Sánchez y Gloria Correa. Ellos dos reclamaban tierras en las comunidades de Buenos Aires y Guacamayas, la misma donde Porfirio reclamaba. También habían sido víctimas de amenazas.
Los conflictos en la región entre reclamantes y empresarios se han agudizado desde que los primeros empezaron a retornar a las tierras de donde salieron. Decidieron hacerlo sin acompañamiento del Estado, debido a que sentían que sus procesos no avanzaban en la Unidad de Restitución de Tierras. El 16 de diciembre de 2013, 34 personas retornaron a la zona. Como era de esperarse, no fueron bien recibidos por las personas que estaban en los predios.
Fue tal el conflicto que se generó en la región, que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó otorgó medidas de protección a las comunidades del consejo comunitario La Larga Tumaradó bajo el argumento de que “existe prueba suficiente de que las mismas (personas que retornaron sin acompañamiento) se encuentran en un riesgo inminente, que han recibido ataques continuos de sus posibles despojadores e inclusive de grupos armados organizados irregulares”. En tierras de ese consejo comunitario está ubicada la finca que Porfirio siempre quiso recuperar.
“Hoy la estructura paramilitar está al servicio de los empresarios”, señaló José Ángel Palomeque, el secretario de Paz, Reconciliación y Posconflicto de Riosucio (Chocó). La abogada Serna tiene otra opinión. Asegura que los señalamientos contra los empresarios han sido investigados por la Fiscalía y que son infundados. Además, argumenta que aparte de ser reclamantes, quienes ejercen liderazgo en ese tema son “ciudadanos comunes y corrientes que tienen problemas, que se pelean con vecinos, que tienen problemas con otras personas, que consumen licor, que pelean en las cantinas”.
Mientras que todo eso sucede, la familia de Porfirio sigue a la espera de justicia. Aunque ya fue capturado uno de los presuntos autores materiales, tres de los hombres que lo sacaron de su casa siguen libres. También falta establecer si esas cuatro personas actuaban por cuenta propia o fueron enviadas por alguien a perpetrar el asesinato. “El Gobierno no hace nada y uno se pregunta ¿Qué pasa aquí? ¿Es que nosotros no valemos?”, cuestiona Sara, desde un lugar que no es su tierra, la cual está abandonada por miedo a que a alguien más le pase lo que le pasó a su papá.