En Cauca, excombatientes buscan tierra para sus proyectos productivos

Foto: JOSEFINA VILLARREAL

En cuatro días, el próximo domingo 24 de enero, el esfuerzo de 38 excombatientes de las antiguas Farc, en el que han trabajado desde hace casi tres años, podría irse a pique. Tendrán que salir de la tierra en la que levantaron sus proyectos productivos con los recursos que les desembolsó el Gobierno Nacional para su reincorporación y echar a andar por el Cauca y el Valle del Cauca en la búsqueda de un nuevo predio para ejecutar esas iniciativas, en las que ya hay inversión de la cooperación internacional.

Estos firmantes del Acuerdo son antiguos miembros del frente Sexto de las Farc, que operó principalmente en el Cauca y que, en la última marcha de la guerrillerada en armas, en enero de 2017, llegó a asentarse en la entonces zona veredal de Monterredondo, en Miranda. Para ese momento, en el norte del Cauca había quienes se oponían a la instalación de zonas veredales para los excombatientes en la región. No era gratuito. Esa zona del país fue una de las que más sintió el accionar de las Farc y, de hecho, los dos municipios que más registran incursiones de esa guerrilla están allí: Toribío y Caldono.

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Por eso, lo que ocurrió después con los excombatientes del frente Sexto parecía casi inverosímil. Cuando decenas de ellos optaron por salir del espacio territorial de Monterredondo por falta de tierra para trabajar, en octubre de 2017, los predios para que ejecutaran proyectos para su tránsito a la legalidad los terminaron poniendo los campesinos de la zona. Incluso, uno de los integrantes del grupo era Óscar Echeverry, conocido en la guerra como Carlos Antonio Acosta, quien llegó a ser el segundo comandante de ese frente. Además, la tierra en la que se asentarían era parte de unos terrenos que están solicitados por la comunidad para constituirlos en zona de reserva campesina.

Se quedaron entonces en esa finca, llamada La Elvira, con una extensión de 111 hectáreas, en la que habitan 29 familias campesinas. Entre los labriegos y excombatientes, con apoyo de la fundación Paso Colombia, levantaron los primeros cultivos y una fábrica de abonos orgánicos para no depender de los fertilizantes químicos.

En 2019, los exguerrilleros, junto con universidades de la región, decidieron formular un proyecto productivo para presentarlo al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), y que se les aprobara el desembolso de los $8 millones por cada excombatiente, como lo estableció el Acuerdo de Paz. Así lo hicieron: presentaron un proyecto que abarcaba producción de tilapia roja, cría de cerdos y ganadería.

Como la tierra en la que les abrieron la puerta los labriegos es de la asociación campesina, los excombatientes buscaron un predio cercano en el que a futuro pudieran continuar con el proyecto y, eventualmente, comprarlo. El lugar escogido fue la finca Los Samanes, de 21 hectáreas, en el mismo municipio. En diciembre de 2019 el CNR les desembolsó $304 millones y en enero de 2020 echaron a andar el proyecto. Adecuaron dos lagos en tierra para la tilapia, compraron 10 cerdas de cría, 13 vacas y 14 terneros.

En los recursos desembolsados para implementar la iniciativa estaba contemplado un año de arriendo en ese predio, es decir, $54 millones. “En ese contrato se estipulaba que nosotros tomábamos en arriendo el predio con opción de compra al término de ese año”, explica Carlos Antonio Acosta. Según su visión, al cumplirse ese período, el Gobierno Nacional compraría la tierra.

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Durante ese año la cooperativa de excombatientes fue apoyada por el Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas (PBF), con un proyecto para la transformación de lácteos, que complementara el otro que ya venían ejecutando. La idea es que a la leche que sacaran del proyecto ganadero le dieran valor agregado mediante una planta de transformación para producir quesos, yogures, leches saborizadas y otros productos lácteos. Ese proyecto se aprobó por $210 millones. El colectivo de excombatientes empezaba a ser visto como un ejemplo no solo de reconciliación con la comunidad de la zona, sino de éxito en términos productivos, justo en el departamento más violento contra los exguerrilleros, en el que han asesinado a 42 de ellos desde la firma de la paz.

Pero el año de arrendamiento se cumple el 24 de enero. El predio de Los Samanes, donde ejecutaron el proyecto, no puede ser comprado por el Gobierno, pues según explica Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación, no está saneado jurídicamente debido a que tiene “una cadena traslaticia de dominio”. Es decir, el predio nunca fue adjudicado y hoy, pese a que existen escrituras, podría en realidad no haber salido nunca del dominio del Estado y ser un terreno baldío.

Eso le puso un frenazo al proyecto de los excombatientes. De hecho, desde el PBF les han señalado que sin la tierra donde ejecutar el proyecto queda en veremos el desembolso del total de los $210 millones aprobados, de los que se habían girado hasta la fecha $80 millones para la compra de los primeros equipos. Mientras tanto, están trasladando temporalmente el producido de la tilapia y el proyecto porcícola a la finca La Elvira, de propiedad de la asociación campesina. Los lagos para la tilapia y las adecuaciones para el proyecto porcícola quedarán en Los Samanes.

El problema ahora es que el proyecto ganadero no se puede trasladar a La Elvira, porque allí no hay pastos para ejecutarlo. Por eso, esta semana están terminando de repartir los animales. Uno de los afiliados a la cooperativa se llevará una parte para otro municipio de la zona y están en negociaciones con el dueño de otro predio para ver si empiezan a pagarle arriendo por el pastizaje para el resto de los semovientes, avaluarlos y con el transcurso del proyecto irlos pagando.

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“El proyecto estamos pensando plantearlo en sociedad, con terceros, y ver quién nos arrienda los pastos, pero ahí se iría parte de las utilidades. La leche para lograr mantener la planta de lácteos tendríamos que comprarla a personas de la región y ya no vamos a ser autosuficientes”, explica Acosta.

En respuesta a los reclamos de los excombatientes por las dificultades para el acceso a la tierra, el director Stapper dice que en este momento está en curso una convocatoria pública para encontrar un predio al que se pueda trasladar esta cooperativa de exguerrilleros y que pueda ser comprado por el Gobierno, para luego transferirlo a los excombatientes. Paralelamente, asegura que mediante la alianza que existe con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) también se está en la búsqueda de un predio al que se le haya aplicado extinción de dominio y que pueda ser entonces entregado a los exguerrilleros.

Luis René Medina, o René Hertz, representante de la FARC en el Consejo Nacional de Reincorporación, advierte que lo que se vive hoy con esta cooperativa del Cauca es “el común denominador en el país”. Y agrega: “Estamos en un momento de implementación de los 83 proyectos colectivos aprobados a la fecha, pero está apareciendo el problema del acceso a la tierra, que es una constante que afecta el desarrollo de esos proyectos. Algunos han logrado solucionarlo buscándole arriendos, tierras que alguien presta o que da en comodato, para avanzar en los proyectos, pero en su generalidad a ningún proyecto le ha sido suministrada tierra por parte del Gobierno Nacional”.

En el caso del predio Los Samanes, para la cooperativa de estos excombatientes en el Cauca, si bien las limitaciones para la compra del predio son de tipo jurídico, desde el lado de FARC se leen como falta de voluntad política del Ejecutivo con el acceso a tierras para los excombatientes. Frente a ello, el Gobierno ha reiterado que el Acuerdo de Paz no contempló la tierra en los compromisos para la reincorporación y que, pese a ello, específicamente para los proyectos productivos mediante la ruta de la SAE ya entregó un predio en el Huila, para una cooperativa de alrededor de 300 firmantes de la paz.

Sin embargo, René Hertz advierte de los riesgos que podría traer ubicarse en predios extintos al narcotráfico. De hecho, en el mismo departamento del Cauca, habló del caso de un predio al que se trasladaría el antiguo espacio territorial de Buenos Aires por razones de seguridad. Según dijo, el predio seleccionado estaba siendo solicitado por una comunidad indígena de la zona y eso, de entrada, les generaría una rivalidad en caso de asentarse allí. “Y eso es en el mejor de los casos. Porque en otros uno no se mete en esos predios que tienen líos porque de ahí lo sacan es a bala”.