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Apenas el jueves, los excombatientes que habitan el espacio de reincorporación de Santa Lucía, en Ituango, norte de Antioquia, celebraban que iban a ser dueños de una tierra en donde podrían echar raíces. Una de sus principales preocupaciones, el no tener un terreno propio, empezaba a disiparse. Al día siguiente, el viernes 13 de diciembre, uno de ellos fue baleado en la vía que del municipio conduce al espacio territorial. Se llamaba Manuel Antonio González. El júbilo en Santa Lucía no alcanzó a durar un día.
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La vía en la que fue asesinado el exguerrillero es la única de acceso al espacio territorial. Es un trayecto que dura poco más de una hora por el borde del río Ituango y que va rompiendo la montaña. En su mayoría, es una vía destapada y como por estos días ha habido verano, transitarla en moto es terminar cubierto de tierra por el polvero que va levantando. Solo el tramo más cercano al espacio está pavimentado, porque antes estaba tan mal que hace alrededor de dos años una ambulancia se cayó por el barranco y una de sus tripulantes murió. Quedó tan abajo la ambulancia que nunca la sacaron.
Si se llega caída la tarde, el caserío donde viven los excombatientes se ve como un pequeño pesebre enclavado en la montaña, porque la mayoría de las casas están decoradas con luces y adornos de navidad. La decoración sugiere que los hombres y mujeres que aquí viven, exintegrantes del frente 18 de las Farc, están muy bien instalados. Ello contrasta con que hasta hace poco se pensaba trasladar el espacio de reincorporación. El argumento que daba el Gobierno para su posible traslado es que están en zona de riesgo por remoción en masa. Sin embargo, no entienden por qué esa limitación no se pensó antes de instalar el espacio allí y tampoco qué pasaría entonces con la comunidad de la vereda, ubicada a escasos metros del espacio territorial, quienes llevan décadas viviendo allí.
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La principal incertidumbre que aqueja a estos excombatientes, la de no saber el futuro de la tierra en la que viven, parece ir llegando a su fin. Por iniciativa de la Confraternidad Carcelaria de Colombia y Alemania, una entidad con amplia experiencia en justicia restaurativa, un predio aledaño al espacio, en el que los excombatientes venían desempeñando un proyecto de ganadería, fue comprado a su propietario y puesto a disposición de los exguerrilleros.
Se trata de la finca El Alto, de unas 420 hectáreas, de las cuales 100 están en área protegida de reserva. Para las otras 300, los excombatientes podrán usarlas con total libertad en el proyecto de ganadería doble propósito. El modelo de la compra y lo que se acordó, con garantes como el Diálogo Intereclesial por la Paz (Dipaz), es que no se trate de regalarles el terreno a los exguerrilleros, sino habilitarlo para que lo trabajen y luego lo vayan pagando. Es decir, el fin último es que la cooperativa Coop-Emprender, del espacio territorial, quede como dueña del predio.
“Aquí estamos sumando experiencias de cómo resolver situaciones estructurales de la implementación del Acuerdo. Este acto tiene mucha importancia porque es la sociedad que se va sumando a resolver temas específicos, no es el discurso sino el acto de apoyo al proceso de paz”, resaltó Pastor Alape, representante del partido FARC en el CNR, quien asistió a la firma del convenio por el predio, en Ituango.
De acuerdo con Alape, la formula usada con este predio es distinta a la utilizada en Dabeiba con los empresarios de Proantioquia. “Los empresarios dicen ‘aquí está la tierra, vamos a ponerla en una fiducia con un administrador y vamos a trabajar durante 10 años para que al cabo de ese tiempo ustedes tengan la tierra, pero ya no sea solo eso, sino que el proyecto productivo como tal esté funcionando y sea sostenible”, explicó. Para él, “la Fuerza de esas dos experiencias es que son las comunidades, la sociedad colombiana, el empresariado aportando a soluciones específicas que necesariamente tienen que redundar en que el Gobierno ponga la mirada efectiva en resolver el tema central de la implementación del Acuerdo, que es la tierra”.
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“Tener una tierra nos genera tranquilidad, certeza. Nos da arraigo. Ya no hay el temor de que alguien va a venir a sacarnos. Ya no estás deambulando, sino que tienes un espacio donde trabajar, donde vivir”, resume John Taborda.
Proyectos para la reincorporación
Aunque muchos vivan por fuera del espacio, desde allí es de donde se articulan las actividades de reincorporación en la zona.
Los proyectos productivos de los que habla Taborda son principalmente dos, que ya recibieron desembolso por parte del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Uno, el más grande, al que están vinculados alrededor de 100 excombatientes, es un proyecto de ganadería doble propósito, que ejecutan en cuatro predios aledaños al espacio, cuyos dueños les arriendan a los excombatientes para que tengan tierra para trabajarla. A ese proyecto estaba vinculado Manuel Antonio González. El otro proyecto, que ejecutan en el casco urbano de Ituango, es de internet por fibra óptica, al que están vinculados 24 exguerrilleros, encargados de instalar ese servicio en los hogares.
Otra razón de peso para no irse de la zona es que la relación entre los excombatientes y la comunidad se ha hecho muy estrecha. Ever Ferney Agudelo, Pinta, coordinador del proyecto de ganadería, explica que, cada quince días, excombatientes y campesinos hacen un ‘convite’ y se van a arreglar la vía para tratar de mantenerla transitable. Además, casi a diario organizan partidos de futbol en la cancha de la vereda o en la del espacio territorial.
Sin condiciones de seguridad
Apenas 24 horas después de haber firmado el convenio de la tierra, habían perdido a uno de ellos. El asesinato de Manuel Antonio González confirmaba una de las principales preocupaciones de los excombatientes en Santa Lucía: su seguridad está en peligro.
Agustín Rivera es el coordinador político del espacio territorial y en la guerra fue comandante del frente 18 de las Farc. De acuerdo con él, a varios de los excombatientes que se reincorporan en Santa Lucía les han llegado amenazas e incluso a varios de ellos les ha tocado salir del territorio para salvaguardar su vida. “Por el relacionamiento con las autoridades, a uno le toca en este proceso trabajar con todas las instituciones, Policía, Ejército, Alcaldía, entonces eso lo pone a uno como en la mira de quien no comparte, que de pronto uno está es del otro lado, que no los está ayudando, que no comparte con lo que ellos están haciendo”.
Según Rivera, desde la dejación de armas han sido asesinados ocho exguerrilleros que se reincorporaban en este espacio territorial. Las amenazas a la seguridad han hecho que algunos excombatientes abandonen el proceso de reincorporación y hayan buscado integrar otros grupos armados. Este excomandante dice que en algunos videos que han circulado por redes sociales en los que aparece un grupo armado que se identifica como disidencia de las Farc, ha reconocido muchachos que antes estaban en el espacio.
Hoy la lucha de quienes continúan en Santa Lucía es sacar sus proyectos productivos adelante, para lo cual la tierra que recibieron les da un gran empujón. Sin embargo, mientras trabajan tendrán un ojo alerta porque saben que los violentos están al acecho.