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Aunque los 14 guardianes del río Atrato denunciaron constantes amenazas por parte de grupos armados que quieren controlar el territorio, la Unidad Nacional de Protección (UNP) sólo les ha garantizado seguridad a tres de ellos en calidad de reclamantes de tierras, desconociendo sus liderazgos en la protección ambiental de este afluente.
La situación fue denunciada ante la entidad a finales del año pasado y esta semana tres guardianes le reiteraron a este medio que las amenazas continúan y que necesitan la protección del Estado.?
El mismo que no ha cumplido en su totalidad con la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, que por primera vez en el país le otorgó derechos a un río, en detalle al Atrato, y ordenó la creación de una comisión de guardianes que lo protejan.
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Pero las voces de resistencia de algunos de estos líderes ante la minería ilegal, la contaminación ambiental del afluente y los cultivos ilícitos los han convertido en objetivo para los grupos armados.
Alexánder Mena, Ingris Asprilla y Nixon Chamorro temen responder la pregunta de si han recibido amenazas por ser también líderes sociales. Sin embargo, tienen la valentía de decir que sí, que provienen de las disidencias de las Farc, el Eln y las bandas criminales, porque no renuncian a la defensa del territorio explotado por foráneos e ilegales
“No sólo está contaminado el río, sino también el territorio, porque están sembrando coca. La junta directiva del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia) tiene amenazas y le han dicho que van a matar a cuatro de los integrantes, porque muchos de los excombatientes de las Farc quieren que les demos tierra, pero los territorios colectivos de las comunidades afros están protegidos legalmente”, asevera Alexánder Mena, integrante de Cocomacia.
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Los tres también coinciden en que su papel como guardianes del río les ha generado más complicaciones. “Con el trabajo que hacemos, a raíz de la sentencia, tenemos miedo, porque se ha malinterpretado. Ahí no dice que hay que quemar las retroexcavadoras, pero si eso ocurre nos señalan a nosotros como los responsables”, afirma Ingris Asprilla, también miembro de Cocomacia y líder de 124 consejos comunitarios de Quidbó (Chocó)
Nixon Chamorro, guardián indígena de la comunidad embera-dóbida, manifiesta que están luchando contra foráneos que tienen el control de las minas de oro ilegal y el poder de las armas. “Detrás de esas personas hay grupos armados que están en las zonas. En este caso el Eln, que ocupa todo ese territorio. Sus intereses son los cultivos ilícitos y la minería. Por nuestra parte, seguiremos defendiendo nuestro territorio”.
Detrás de su faceta de guardianes del río está la de líderes sociales. Fueron elegidos a raíz de la sentencia, emitida hace un año por la Corte Constitucional, la cual busca proteger el afluente. Algunos de ellos pertenecen a las organizaciones sociales que interpusieron la acción de tutela en enero de 2015 por los niveles de contaminación ambiental y los impactos a la salud que eso está generando en los habitantes de la región del Pacífico.
La tutela demandó a 26 entidades del Estado por su omisión en la protección del caudal. Entre estas los ministerios de Ambiente, Defensa y del Interior, y los gobiernos locales. La sentencia les exigió crear en conjunto con la comisión de guardianes un plan para la restauración y conservación del río con un plazo de un año.
Durante las mesas de conversaciones para el diseño del plan con el Estado, los 14 líderes han manifestado su preocupación por los señalamientos y por las amenazas. No obstante, Norman Moreno, delegado del Ministerio de Ambiente para el cumplimiento de la orden del alto tribunal, asegura que las denuncias fueron llevadas al Ministerio de Defensa y de ahí pasaron a la Unidad Nacional de Protección. Esta última entidad se defiende aduciendo que no ha recibido la información de los 11 guardianes y líderes que no tienen protección y que por eso no han podido garantizarles la seguridad.
Demora para cumplirle al Atrato
Desde hace un año las entidades estatales tendrían que haber iniciado con el diseño del plan de recuperación del río Atrato. Así lo definió la Corte cuando también declaró que existía la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas que habitan en la cuenca.
En su paso por Bogotá, los tres guardianes denunciaron que el Ministerio de Ambiente, que encabeza el diseño del plan, les está “mintiendo” y “faltando al respeto”, porque no los ha involucrado activamente en la elaboración del proyecto. Les preocupa, además, que hasta el momento el Gobierno “no haya hecho absolutamente nada” para cumplir con la sentencia.
Si bien el plazo para tener listo el plan es hasta el 5 junio de 2018, falta mes y medio para llegar a esa fecha y no hay nada establecido, dijeron los guardianes.
El Ministerio de Ambiente, por su parte, a través de Norman Moreno, explica lo que ha hecho esa entidad para cumplir con el fallo. “Hemos venido recogiendo las líneas de acción que las 26 entidades relacionadas en la sentencia quieren abordar para la recuperación del río. Por ejemplo, la descontaminación de las fuentes hídricas, el control a la deforestación, la gestión del riesgo y el fortalecimiento institucional”.
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El río Quito fue identificado como uno de los afluentes más afectados, explicó Moreno. Y por eso, desde hace algunas semanas, se vienen ejecutando tres proyectos de reforestación. La semana pasada se instaló un polímero para la eliminación del mercurio de las fuentes hídricas.
“Les hemos pedido que nos legitimen. Nos invitan a las reuniones, pero nunca llegan con propuestas claras. No hay una verdadera estructura ni un trabajo conjunto entre las entidades y nosotros, que somos los que conocemos el territorio. Además, este trabajo tiene que llevar implícito el enfoque étnico diferencial y territorial”, contó Alexánder Mena esta semana en la biblioteca Luis Ángel Arango, en el marco de las conferencias del programa La Paz se toma la palabra, del Banco de la República para hablar sobre la importancia de cuidar el río Atrato.
Como lo han venido denunciando estos líderes, el Ministerio de Ambiente le reconoció a este medio que no ha existido una reunión entre todas las entidades del Gobierno que están en la sentencia con los guardianes del río, pero que ya tienen programada una mesa de trabajo conjunta para principios de mayo de 2018. En esas reuniones, según informó Moreno, se van a recoger las propuestas de las comunidades
“Estamos dentro de los términos que indica la sentencia para presentar ese plan de acción y concertar con las comunidades. El objetivo es retroalimentar los planes de acción, mirar si es pertinente una segunda mesa y, finalmente, presentar el plan de acción a la Corte Constitucional y al comité de seguimiento”, ratificó el delegado de la entidad ambiental.
Además de la poca participación que han tenido, denunciaron la falta de articulación entre las entidades demandadas. Un ejemplo de ello es el caso de la Gobernación de Antioquia, que ha desarrollado programas para proteger el río, pero solamente con aplicabilidad en su territorio, explicó Mena. “Pero sucede que el río Atrato no está fraccionado, es uno solo y el agua que fluye va a contaminar lo que ya se ha intervenido”.
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La importancia del Atrato para la llamada región del Chocó biogeográfico es que recibe 300 quebradas y 15 ríos. Entre los principales se cuentan: el Andágueda, Baté, Bojayá, Buchadó, Cabí, Cacarica, Capá, Domingodó y otros afluentes del Pacífico. También es el río más caudaloso de Colombia y el tercero más navegable del país, después del río Magdalena y del río Cauca. Atraviesa el Parque Nacional Natural de Los Katíos, sirve de frontera entre Chocó y Antioquia y sus aguas desembocan en el golfo de Urabá.
La explotación minera mecanizada y a gran escala en el río Atrato se viene desarrollando desde finales de la década de los noventa “y afecta principalmente la cuenca alta y media del afluente, incluso su desembocadura en el golfo de Urabá, así como sus afluentes principales, en particular, el río Quito, el río Andágueda (territorio de Cocomopoca), el río Bebará y el río Bebaramá (territorio de Cocomacia)”, refirió la sentencia.
También señala que dicha minería se realiza con maquinaria pesada como dragas de succión, elevadores hidráulicos y retroexcavadoras, que a su paso destruyen el cauce del río y realizan vertimientos indiscriminados de mercurio y otras sustancias e insumos requeridos para la actividad aurífera.
Es tanta la preocupación por este fenómeno, que, según datos de la organización Codechocó (autoridad ambiental regional), en 2013 se estimó la presencia de 200 entables mineros y 54 dragas. Además, las fotografías presentadas en el fallo del alto tribunal retratan la magnitud del daño ambiental causado por las máquinas amarillas.
Es por eso que, por un lado, la sentencia sienta un precedente en la protección de los recursos hídricos del país por parte del Estado. Y, por otro lado, deja ver la vulnerabilidad de unos líderes sociales que luchan solos contra los que contaminan los ríos en busca de los metales preciosos.