![Ellos son Cristian Caicedo (17 años) y Maicol Ibarra (15 años), quienes eran estudiantes de la escuela Santa Lucía en las faldas de la cordillera occidental.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/HZGC5RZAENAP5GXKM42EBPXUYI.jpg?auth=359c9bcaff6c0a8620c050ad591697c46f979b6cc38afc5fa119cd6b057496d3&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Lucila Caicedo se enteró a las 2 de la tarde del sábado 8 de agosto, un día después de que Iván Duque iniciara su tercer año en la Presidencia de la República, sobre el asesinato a mansalva de su hermano menor Cristian Caicedo. Tenía 17 años. Había salido a las 11 de la mañana de su casa, junto con su amigo Maicol Ibarra, de 15 años, a recoger las guías de sus compañeros de la vereda Santa Lucía para entregárselas a la profesora Margarita. Lo hicieron. Caminaron toda la vereda, buscaron a la docente, pero no la encontraron. Les dijeron que estaba en el municipio de Leiva (Nariño), a una hora por carretera destapada; un amigo les prestó una motocicleta y viajaron. A las 12 del día llegó Cristian con su amigo a este pueblo ubicado en las montañas de la cordillera occidental, entre el norte de Nariño y sur del Cauca, donde su hermana horas más tarde lo recogió sin vida, tirado en una carretera de tierra.
Lucila dice que ellos eran doce hermanos, ahora quedaron once; que ellos no le temen a la muerte, pero que esa muerte no se la merecía ni Cristian ni Maicol. Que viven en la vereda Papayal, en las faldas de las montañas de Balboa (Cauca), donde su padre cosecha limones, zapallos y sandías, y a veces se gana la vida jornaleando en fincas aledañas. Su madre, una ama de casa que vio partir a la mayoría de sus doce hijos, a medida que los fue criando, en busca de oportunidades en otras tierras. Lucila es ama de casa y tiene 27 años. Es desplazada por la violencia, y hace énfasis en que aparece en el registro de la Unidad de Víctimas, pero regresó a Papayal tras el confuso homicidio de su hermano. Ella fue la que recibió la noticia a las 2 de la tarde del sábado. Ese mismo día no pudo viajar, y eso le genera dolor e impotencia, porque les avisaron que si iban con su madre a recoger a Cristian a las dos las mataban.
(También lea: Ante la violencia, Samaniego acude a la resistencia social)
El domingo llegó a Leiva y mientras esperó que le practicaran las necropsias empezó a reconstruir los hechos que desembocaron en el homicidio de los dos estudiantes menores de edad. Supo que alcanzaron a recorrer una parte del casco urbano de Leiva (asentado en un nudo de montañas de la cordillera occidental) preguntando por la casa de la profesora Margarita; que finalmente la encontraron; que le entregaron las guías de las tareas al papá de la profesora y que inmediatamente arrancaron de la vivienda fueron interceptados por los dos hombres vestidos de civil y con pistolas en sus manos. Al ver las armas ambos soltaron la moto y al primero que le dieron fue a Maicol Ibarra, de 15 años. Quedó tendido cerca al centro del pueblo, mientras a Cristian lo encañonaron y lo pasearon por todo el pueblo, casi durante diez minutos, y aunque su hermano gritaba que lo ayudaran nadie hizo nada. “Lo mataron delante de la Policía y del pueblo y nadie dijo nada”, dice Lucila.
Una vez lo condujeron a las afueras del pueblo, los armados lo soltaron, al parecer, cuenta Lucila, pues todo indica que Cristian salió corriendo y luego le dispararon. “Nosotros no le tenemos miedo a la muerte, pero esa muerte así no se la merecía ni Cristian ni Maicol”, repite Lucila en medio del llanto continúo y los suspiros que la desahogan. Ni Cristian ni Maicol conocían la cabecera de Leiva, “si hubiésemos sabido que ese pueblo está controlado por un grupo armado ilegal mi papá no deja ir a Cristian”, dice Lucila. El alcalde Sánchez, por su parte, a quien este diario intentó contactar desde la semana pasada, denunció horas después del hecho que todo obedecía a la actuación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en su municipio.
La presencia de grupos armados ilegales es conocida en Leiva (Nariño). Solo días antes de este crimen los mismos sicarios mataron a Valery Bonilla, de 15 años, en un hecho calificado como un feminicidio porque la joven venía siendo asediada por uno de los hombres del mismo grupo armado ilegal.
En su defensa, posterior a la publicación de este reportaje y advirtiendo que sí se han hecho acciones contra la criminalidad, el alcalde Sánchez le escribió a este medio, a través de su jefe de prensa, y dijo que este año se han realizado seis consejos de seguridad municipales y uno departamental. Adicionalmente, “que se ha informado sobre las denuncias que los leivanos han realizado de manera informal a la Policía Nacional de Colombia, como autoridad competente; y se ha puesto en conocimiento oportuno al Personero Municipal”, enfatizó la comunicadora.
(También lea: “La violencia nos está consumiendo”: gobernador de Nariño)
El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, dijo que hasta el momento no hay avances en las investigaciones de por qué y quiénes asesinaron a estos menores que se dirigían a entregar sus tareas de sexto de bachillerato. Dijo que efectivamente hay un grupo armado paramilitar en la zona y que tras su reunión con el alcalde Sánchez éste le manifestó que teme por la vida. La Policía le aumentó su seguridad. Hermes Sánchez fue encarcelado en septiembre de 2019, un mes antes de su elección, por su supuesta colaboración con combustible y alimentos a los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en su primer mandato entre 2004 y 2007. Posteriormente, en octubre ganó las elecciones, estando detenido, y en marzo de este año, cuando la Fiscalía levantó su orden de captura y una juez lo dejó en libertad, Hermes Sánchez volvió al cargo. Sin embargo, su proceso judicial sigue vigente.
Lucila, por su parte, dice que su mamá hoy no tiene palabras; que no encuentra sosiego, que lo único que pide es que haya justicia, que la muerte de Cristian no quede impune; y que las palabras de sabiduría regresen a su padre y a su madre para hacer más soportable el dolor de la pérdida física de Cristian y Maicol.
*Nota de la editora: Luego de publicada esta historia, Lucila Caicedo pidió a este diario matizar sus declaraciones sobre el supuesto conocimiento que tendrían las autoridades en la situación de orden público del municipio, debido a que teme represalias contra ella y su familia.