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El último hostigamiento del que fue víctima Armando Rodríguez Ibarra, conocido en la guerra como Daniel Reyes, se registró el pasado 12 de agosto. Ese día, dos hombres desconocidos y a bordo de una motocicleta merodearon los alrededores de la finca donde vive el excombatiente con su familia en la vereda Maracaibo de Vista Hermosa (Meta). En la zona preguntaron a una habitante de la vereda por el paradero “del negro de la moto que se la pasa con una niña”, haciendo referencia, al parecer, a Armando Rodríguez y a su hija de 11 años. Ese mismo día, justamente, en la audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la situación de los excombatientes en el oriente del país, los magistrados habían cuestionado a la Fiscalía sobre los avances investigativos en el caso de este exguerrillero que lleva reclamando protección desde hace más de siete meses.
Una batalla que creía ganada luego de que el pasado 3 de julio, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio fallara en segunda instancia una tutela presentada por él contra la Policía de Vista Hermosa, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección. El Tribunal revocó el fallo de primera instancia que había negado dicho recurso al excombatiente y, por el contrario, dijo que esas entidades habían vulnerado sus derechos y les ordenó protegerlo por el riesgo en que estaba su vida. Sin embargo, hoy el proceso judicial continúa porque las entidades no han tomado las medidas necesarias para dar por cumplida la orden del Tribunal y garantizar la seguridad del excombatiente.
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Rodríguez tuvo que recurrir a la acción de tutela luego de no obtener una respuesta efectiva de las autoridades tras denunciar desde enero pasado su vida corría peligro. El 22 de ese mes, dos militares vestidos de civil en una moto intentaron detenerlo y luego lo persiguieron por un paraje desolado de una vía de Vista Hermosa, al punto que el exguerrillero tuvo que abandonar su moto y escabullirse por el monte. Luego, integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres número 6 de Vista Hermosa se comunicaron con él y le dijeron que eran ellos quienes lo habían perseguido al confundirlo con un supuesto extorsionista. Le sugirieron “dejar así” y no denunciar lo que había ocurrido.
Además de ese hecho, Armando Rodríguez recibió amenazas de muerte a través de sus familiares y fue víctima de estigmatización por parte de un concejal del municipio de Vistahermosa quien aseguró que él sí era un extorsionista, aunque después dijo no tener pruebas para emprender una acción judicial contra él por ese delito. A raíz del episodio con los militares y los otros hechos, el exguerrillero interpuso la denuncia ante la Fiscalía y puso los hechos en conocimiento de la Defensoría del Pueblo regional del Meta, la Personería de Vista Hermosa y la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). Esta última, fue el canal para remitir la solicitud de protección ante la UNP desde ese momento. Igualmente, el excombatiente salió desplazado de Vista Hermosa desde mediados de febrero para protegerse.
Para el Tribunal de Villavicencio, según el fallo del 3 de julio pasado, la UNP vulneró los derechos de Rodríguez “ya que ha excedido con creces el término para analizar la evaluación de riesgo del actor, al haber transcurrido cinco meses de enviarse la solicitud por parte de la ARN”. Por eso, le ordenó a la UNP en esa decisión elaborar la evaluación del nivel de riesgo del excombatiente con la finalidad de adoptar las medidas de protección necesarias. Mientras eso ocurría, le ordenó a la Policía de Vista Hermosa darle medidas de seguridad que garantizaran su vida hasta que la UNP le diera la protección y a la Fiscalía 52 seccional de Vista Hermosa verificar que se cumplieran dichas medidas.
Desde que se conoció el fallo han pasado dos meses y hasta el momento la única entidad que habría cumplido la decisión es la Policía del municipio, dice el incidente de desacato que interpuso la abogada del excombatiente ante el juzgado el pasado 19 de agosto. Allí se detalla que la UNP, en respuesta al fallo, consideró que las medidas de protección adecuadas eran un apoyo económico temporal, un botón de apoyo y un celular. Sin embargo, cuando el exguerrillero intentó encender el teléfono, este no sirvió y hasta la fecha no ha prendido. El botón de apoyo nunca fue entregado. “Es decir, la UNP no solamente emitió un estudio de seguridad absurdo, sino que consideró que un teléfono celular es una medida adecuada de protección en atención a la grave situación de amenaza de los derechos humanos del excombatiente y para garantizar esta ilustre medida, entregó un teléfono celular dañado”, se lee en el documento.
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Como respuesta a ese recurso, el juez hizo un primer llamado el 20 de agosto a la Policía de Vista Hermosa, a la fiscal del municipio y al director de la UNP para que rindieran cuentas sobre las medidas ejecutadas en cumplimiento del fallo. No satisfecho con las respuestas de las entidades, el juez hizo un segundo llamado el 24 de agosto para que la fiscal y esta vez el subdirector especializado de Seguridad y Protección de la UNP, José Albeiro Rodríguez, explicaran cómo le dieron cumplimiento al fallo. En ese trámite, la UNP respondió que el 28 de agosto se realizaría la Mesa Técnica de Seguridad y Protección en la que se analizaría el caso y que allí se recomendaría implementarle un esquema de protección consistente en un vehículo convencional, dos agentes escoltas armados y un chaleco antibalas. Para verificar que la UNP efectivamente hubiera tomado esa decisión, el juez hizo un tercer llamado el pasado primero de septiembre para que la entidad diera a conocer lo que se decidió en la mesa técnica y así verificar que el fallo se habría finalmente cumplido.
Colombia2020 se comunicó con la UNP para consultar sobre este caso y la entidad respondió que “por el nivel de riesgo, y una vez surtidos los análisis que para el caso ejerció la Mesa Técnica de la Subdirección Especializada, al señor Armando Rodríguez Ibarra se le han otorgado nuevas medidas que están para implementación en razón a que los estudios de riesgo se surtieron el pasado 28 de agosto del año en curso”. No se detallaron esas medidas, pero de ser coherentes con lo que se expresó ante el juez, estas serían el vehículo convencional, los dos escoltas y el chaleco antibalas.
Lo cierto es que a la fecha Armando Rodríguez no ha sido notificado de nuevas medidas a su favor y, por consiguiente, continúa desprotegido. Tras el fallo de julio, el exguerrillero había regresado de nuevo a Vista Hermosa para continuar con su proyecto productivo de ganado aprobado por la ARN. Sin embargo, al no haberse cumplido el fallo y continuar sin protección, podría salir de nuevo desplazado del municipio.
“¿De qué sirve la formalidad de las acciones legales si en realidad estas no van a ser efectivas para salvaguardar los derechos fundamentales? Se entienden las dificultades que tiene la UNP, pero eso no puede recaer en el excombatiente”, sostuvo Ángela Pedreros, la abogada que ha presentado todos estos recursos para que protejan a Armando Rodríguez.