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Catorce desplazamientos masivos en la costa pacífica nariñense; en Tumaco los muertos en lo que va del 2018 suman más de 200, un 40% más que el año anterior; combates entre múltiples grupos criminales han llevado a que población civil se arme en algunas zonas rurales para resistir el embate de la criminalidad; miles de hectáreas de hoja de coca; decenas de laboratorios de clorhidrato de cocaína, es lo que se vive en el día a día en la Costa Pacífica. El último de los hechos fue un desplazamiento masivo en el municipio de El Charco de cerca de 300 personas. El siguiente mapa muestra la complejidad:
Cuando se habla con los habitantes de la zona, ronda un sentimiento increíble: antes de que comenzara el proceso de paz, las comunidades recuerdan – y un poco añoran – la presencia armada y el control territorial de grupos que ya estaban consolidados y eran conocidos en los territorios, es decir, se conocían sus reglas, sus comandantes y enlaces. Durante muchos años esas zonas fueron dominadas por las Farc y el Eln. Pero desde la dejación de armas de las Farc, parece una guerra civil: grupos que llegan y otros que se van; que cambian de nombre; otros se fusionan o se separan; luego se sospechan alianzas y de repente nuevamente están en enfrentamientos.
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El diagnostico: Sur del chocó
En el sur del Chocó, desde 2014 cuando comenzaron los ceses unilaterales en el marco del proceso de paz en La Habana, el Eln inició un proceso de expansión a las zonas de control fariano, principalmente en aquellas donde hay minería ilegal. Esto ocurría mientras el Clan del Golfo exterminaba a Los Rastrojos, de tal manera que dicho fortalecimiento pasó casi desapercibido, pues la estela de violencia provenía de la disputa entre esos dos grupos criminales.
A esta guerra le siguió otra en 2016 con ocasión de la salida formal del Frente 30 de la región del Buenaventura y sur de Chocó: el Clan del Golfo o AGC comenzó una disputa por el territorio con el Eln, una confrontación que llegó a su fin a principios de 2018, con un arreglo respecto al control territorial y de las rentas ilegales entre esos dos grupos.
Todo esto, además de la confrontación entre el Eln y la Fuerza Pública, ha implicado una crisis humanitaria que en los últimos cuatro años ha dejado para esa región más de 35.000 casos de victimización, incluyendo amenazas, homicidios, desplazamiento, confinamiento, entre otros .
Hasta el momento ningún grupo posfarc tienen presencia en esta región, y esto se debe, entre otras cosas, a que el Frente 30 que actuaba en esa zona se desplazó en su totalidad hacia las zonas de concentración y el territorio fue temprana y totalmente copado por el Clan del Golfo y el Eln, mientras que en el resto del pacífico el copamiento se ha tardado más y la presencia de desertores de las Farcse dio desde hace más de 12 meses.
La situación es más complicada en Buenaventura, el pacífico caucano y el nariñense, pues en este vasto territorio se entrecruzan múltiples estructuras criminales, economías de guerra, tanto ilegales como legales, condiciones de vida precarias y, acción insuficiente o connivente con la criminalidad por parte de las instituciones del Estado.
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Buenaventura
En el Río Naya, a la altura del municipio de Buenaventura, el Frente 30 de las Farc tuvo presencia por más de 17 años. Tras la concentración de la tropa en las ZVTN, gran parte de las milicias continuó su accionar delictivo en la región ejerciendo la misma función sobre el narcotráfico y la minería autodenominándose “Los Renacientes”, por considerarse como una nueva etapa de las Farc y posteriormente se hicieron llamar “Frente Unido del Pacífico”, pero también se conocen como “Defensores del Pacífico”. Este grupo estaría al mando de alias Chumbi y El Loco y según fuentes locales, no superan los 50 hombres. Recientemente ha aparecido otra estructura que se autodenomina “Columna Móvil Jaime Martínez de las Farc” entró en disputa con el grupo Defensores del Pacífico.
Como se observa en el comunicado, “La Columna Móvil Jaime Martínez” le declaró la guerra a “Defensores del Pacífico” y acusa a sus miembros de ser responsables del secuestro y asesinato de los últimos cuatro desaparecidos del Naya: Obdulio Angulo Zamora, Hermes Angulo Zamora, Simeón Olave Angulo y el asesinato de Iber Angulo Zamora. Este último fue arrebatado de una misión humanitaria encabezada por la Defensoría del Pueblo y la Personería de Buenaventura el 5 de mayo, cuando intentaban sacarlo de la región en lancha por el Río Naya.
Posteriormente, el Frente Unido del Pacífico, como se autodenominan, publicó un video en el cual aceptaron que retuvieron y ejecutaron a estas personas porque estaban “involucradas con actividades delincuenciales, específicamente con la creación de bandas criminales y nexos con paramilitares” .
Estos tres nuevos actores armados constituidos en principio por desertores de las Farc no son los únicos que se disputan el control de la zona rural del distrito. El Eln ha llegado desde el sur del Chocó con la intención de controlar las rutas que permiten la salida hacia el pacífico, la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito y otras zonas en que las Farc tuvo presencia. Allí también está el Clan del Golfo y el grupo criminal denominado La Empresa, que de vieja data son dueños de la maquinaria para la extracción de oro en esta región.
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Pacífico caucano
En el Pacífico Caucano la situación no es muy diferente. Se trata de una zona de alto valor estratégico para la ilegalidad, pues además de la riqueza aurífera se ha constituido como una ruta para la salida hacia el pacífico, especialmente Timbiquí y López de Micay de cargamentos de droga. Luego de la desmovilización de las Farc, el frente del Eln José María Becerra, en cabeza de alias “Marcos” y el Clan del Golfo han querido expandirse en el territorio y en los negocios. No obstante las dinámicas allí tienen matices diferentes con respecto a lo que ocurre en el sur de Chocó y Buenaventura, pues en esta región la expansión de estos dos grupos ha sido menos violenta. Esto especialmente en Guapi, donde ambos grupos ya tenían su presencia consolidada de tal manera que la expansión se ha hecho bajo los roles pactados: el Clan del Golfo es el dueño de maquinaria y controla la cadena del narcotráfico, mientras que el Eln cobra un impuesto por estas actividades y se encarga de los cultivos de uso ilícito. En el casco urbano ambos grupos tienen presencia.
La relación que tiene el Eln con la población de Guapi es hostil debido a los excesivos cobros de “vacunas” o extorsiones. Según un habitante del municipio “desde que el Eln está en la cabecera comenzó a pedir pagos exagerados…” adicionalmente, el grupo armado llegó con la promesa de pagar entre $1.800.000 y $2.500.000 a quienes se unieran al grupo, sin embargo, “esto sólo se cumplía por un período de dos o tres meses. Pasado este período, el pago que recibían bajaba entre doscientos mil y trescientos mil pesos, además de recibir amenazas contra su vida y la de su familia en caso de abandonar el grupo.” (Entrevista a persona en proceso de reincorporación de Guapi).
La situación es diferente en Timbiquí y López, pues allí quien tenía el control eran las Farc, y el vacío de poder que implicó su traslado hacia las ZVTN ha sido copado con más dificultad. El Eln no cuenta con la tropa suficiente pero ha intentado fortalecer y ampliar su presencia y el Clan del Golfo ha crecido.
La guerra civil de la costa pacífica nariñense
En la Costa Pacífica de Nariño, especialmente Tumaco, luego de la dejación de armas de las Farc se vive una guerra civil. Según fuentes locales, la zona rural desde Llorente, La Guayacana y hacia el sur atravesando el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera hasta el Río Mataje está dominada por el “Frente Óliver Sinisterra”, aunque en medios de comunicación se ha reiterado que está bajo el mando de alias Guacho, particularmente desde el señalamiento del Ministerio de Defensa como responsable de la masacre de El Tandil, lo cierto es que en Tumaco lo consideran un testaferro de narcotraficantes del Cartel de Sinaloa.
Si bien, el accionar violento del Frente Óliver Sinisterra muchas veces es impredecible, algunas acciones parecen tener altos grados de sofisticación, coordinación e inteligencia. Por ejemplo, el asesinato de los tres funcionarios del CTI a principios del mes de julio de 2018 en la vía a la altura de La Guayacana, parece indicar, según versiones en territorio, que el grupo armado había hecho labor de inteligencia y que sabía exactamente quiénes estaban en las camionetas, de hecho, se presume que el objetivo de esta emboscada era un Fiscal que estaba trabajando sobre investigaciones relacionadas con las acciones de esta estructura criminal.
Para el caso de la cabecera municipal de Tumaco, combos y pandillas se disputan el control de los barrios apoyados por grandes grupos armados ilegales como las AGC, Guerrillas Unidas del Pacífico y Gente de Orden, quienes se disputan el botín de guerra en la región. Según funcionarios locales, se han identificado sólo en Tumaco 14 estructuras armadas ilegales asociadas a la cadena de producción y distribución del narcotráfico y del microtráfico, siendo las mencionadas las que controlan más del 90% del negocio junto con el Óliver Sinisterra.
Para el caso de la cordillera del departamento de Nariño, compuesta por los municipios de Policarpa, Cumbitara, El Rosario, Leiva y Taminango, la preocupación de los funcionarios consiste en el fortalecimiento de las AGC o Clan del golfo y la consolidación del “Frente Stiven González”, compuesto en gran medida por excombatientes de las extintas Farc. En Policarpa, por ejemplo, las AGC han venido fortaleciéndose de manera acelerada al mando de alias La Monja y El boquinche. De esta primera se dice que es muy reconocida en la región debido a que hizo parte de “Los Rastrojos”. Según fuentes institucionales, las AGC tienen cerca de 90 hombres armados y uniformados y también tienen redes de milicias y campaneros que ofrecen servicios de seguridad para el tráfico de pasta y de clorhidrato y asimismo para el control de la minería ilegal y el control de las dragas.
La reciente presencia de las AGC en el territorio ha generado un aumento vertiginoso en la extorsión, una persona entrevistada afirmó que “…al señor de las gallinas le piden 10 gallinas cada viaje…”, otra persona afirmó que las extorsiones eran tan altas y absurdas que el único propósito de realizarlas era que la gente abandonara sus tierras por no poderlas cumplir, lo cual recuerda en la población el accionar del paramilitarismo. Según un funcionario de la región, existe una especie de nostalgia por la salida de las Farc de estos municipios: “La gente pide que llegue las Farc para que los proteja… los que asesinaron tanto fueron los paramilitares, las Farc los protegía, desde que las Farc se fueron ya no respetan, una niña de 15 años fue violada, torturada y botada entre Policarpa y Cumbitara”, este hecho sucedió, según la persona entrevistada, hace poco más de un mes.
El Frente Stiven González, al mando de Andrés y Zábalo, quien hizo parte del proceso de reincorporación en la ZVTN de Madrigal, ha consolidado su presencia especialmente en Rosario y Leiva y el sur del Cauca hacia Patía. Según fuentes locales, este grupo tendría relaciones de subordinación con la denominada disidencia del Frente 7, bajo el mando de alias Gentil Duarte. En esta subregión también tiene presencia el Eln, sin embargo, todas las fuentes consultadas afirmaron que tenían un bajo perfil y que este grupo no estaba influyendo en el aumento de violaciones al DD. HH.
La connivencia de la Fuerza Pública y grupos armados ilegales es un elemento reiterativo y quizá el más preocupante. En Tumaco, las personas se preguntan de qué manera es posible que “Guacho” siga libre si, hasta junio de 2018 aseguraron “todos lo ven en Llorente, se emborracha y sus guardaespaldas lo sacan alzado”, es decir, según algunas personas es difícil comprender cómo todos conocían su paradero y su forma de actuar, menos la inteligencia militar y policial. Asimismo, se preguntan por qué razón pudieron asesinar a los funcionarios del CTI si previo a este evento estaban las caravanas y muchos hombres disparando al aire ¿no existía avanzada ni inteligencia para el desplazamiento de estos funcionarios?
Para el caso de Policarpa, subregión de la cordillera, las fuentes confirmaron que miembros de las AGC y del Ejército compartían espacios nocturnos, incluso, algunas personas aseguraron que las AGC repartían “coimas” a los miembros del Ejército. Adicionalmente, la situación ha sido tan compleja que ha obligado a realizar requerimientos de cambio de personal, sin embargo, estas medidas no han tenido ningún impacto sobre estas relaciones, por lo cual, se cree que funcionarios medios podrían tener relación con estos acontecimientos. A propósito de este asunto, algunas personas han manifestado que la presencia de pie de fuerza es insuficiente para contener la amenaza, por lo cual la única opción que tendrían los funcionarios de la Fuerza Pública sería aceptar las condiciones que imponen los grupos armados ilegales, en este caso las AGC.
Así las cosas, el Pacífico Sur se encuentra en una compleja situación de seguridad atravesada especialmente por el narcotráfico y por la posible connivencia entre institucionalidad y grupos armados ilegales, lo que impide que las acciones sean contundentes.
La extensión de cultivos de coca viene en aumento, según funcionarios el nuevo informe de SIMCI para el 2017, aún no publicado, registrará la alarmante cifra de 55.000 Hectáreas de coca para el departamento de Nariño y sólo el municipio de Tumaco tendría 30.000, 7.000 más que el año anterior. Adicionalmente, los cultivos de amapola han aumentado significativamente en los municipios de Túquerres y Cumbal, llegando a la cifra de 5.000 Hectáreas. En Buenaventura y el Pacifico caucano los cultivos de coca han crecido y se mantienen como zonas estratégicas para el desarrollo de otros eslabones del narcotráfico.
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