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Días antes de que el país entrara en aislamiento obligatorio para prevenir el contagio de la pandemia del COVID-19 –que comenzó el pasado miércoles 25 de marzo– en el Bajo Putumayo los habitantes ya estaban confinados por el miedo. No a contraer el nuevo coronavirus, sino a toparse de frente con los controles y retenes armados que dos grupos ilegales vienen imponiendo en esta región fronteriza con Ecuador y Perú. Restricciones a la movilidad y normas sociales, cuyo cumplimiento vigilan hombres armados que recorren el territorio en motocicletas de alto cilindraje.
Desde que Marco Rivadeneira, un emblemático líder de sustitución de cultivos de coca, fuera asesinado, el jueves 19 de marzo, en Puerto Asís, la estela de sangre no se ha detenido. El domingo 29 de marzo se confirmó el asesinato de Mario Fernando Campaña, un labriego que había sido retenido por hombres armados desde el jueves 26 de marzo. Al día siguiente de que el cuerpo de ese campesino fuera encontrado en el Valle del Guamuez, el lunes 30, la comunidad denunció el asesinato de tres ciudadanos venezolanos (una mujer y dos hombres) en la vereda Brisas del Hong Kong, Puerto Asís. En este municipio había circulado días antes un panfleto que precisamente amenazaba a la población venezolana en el departamento. Ese mismo lunes se conoció también el homicidio de Juan Carlos Castillo, un excombatiente de las Farc que habitaba en el antiguo espacio de reincorporación de La Carmelita, en Puerto Asís.
Una serie de asesinatos que les han confirmado a los pobladores de esta zona que las normas que hoy les imponen los violentos hay que cumplirlas. En la Red de Derechos Humanos del Putumayo, que ha denunciado estos hechos, explican que desde comienzo de año la población está en el medio de una confrontación armada que no para de sumar víctimas mortales.
En San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís y Orito el control lo tiene una estructura que se autodenomina La Mafia, también conocidos como los Sinaloa. Se trataría de un grupo heredero del paramilitarismo que, además hoy, tendría integrantes disidentes del antiguo frente 48 de las Farc. Por su parte, en Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y parte de Puerto Leguízamo la presencia consolidada la tiene lo que se conoce como el frente Carolina Ramírez, disidente del frente primero de las antiguas Farc. “Hoy matan a alguien porque es ‘amigo’ del grupo Carolina Ramírez y mañana ese grupo mata a alguien ‘cercano’ a La Mafia”, cuenta Yuri Quintero, coordinadora de la Red.
Esa racha violenta en estos tres primeros meses del año ya suma alrededor de 30 víctimas mortales, según la Red. Pero entre esos han caído también líderes sociales, pues las cuentas ya hablan de 18 casos, desde el homicidio de Gloria Ocampo el 6 de enero en Puerto Guzmán hasta el asesinato de Marco Rivadeneira.
El caso de Mario Fernando Campaña ilustra para esta comunidad la manera de operar de estos grupos. El campesino vivía en una vereda del corregimiento Jardines de Sucumbíos, en Ipiales (Nariño), una zona que está más cercana al Putumayo que a su propio departamento, y allí fue retenido por hombres armados que lo sacaron de su casa el jueves 26 de marzo. Tres días después, el domingo, apareció baleado en la vereda El Rosal, del Valle del Guamuez. Pero, además, hace casi un año y medio su padre fue desaparecido (hasta hoy no se conoce su paradero) y hace nueve meses su esposa fue asesinada. “Tener que recoger el cuerpo de Mario Campaña después de que le desaparezcan a su papá y le maten a su esposa, sin que haya ningún seguimiento a esos casos, es bastante grave”, reclama con frustración Yuri Quintero.
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Casos como esos indican para los pobladores que la presencia de los grupos va más allá del narcotráfico y apunta también a consolidar un control social en el territorio. Si bien el cordón fronterizo –San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís y Puerto Leguízamo– es estratégico para el tráfico de droga y armas hacia Ecuador y Perú a través de vías fluviales, aunque también salga la droga hacia el interior del país, en los últimos días se han intensificado las normas sociales impuestas particularmente por La Mafia. En Valle del Guamuez y San Miguel, de manera visible, el grupo ha instalado retenes que impiden el paso. “Le dicen a la gente ‘¿para dónde va?, si va para su casa siga y se queda allá, no se mueva más, si no va para su casa, devuélvase porque no hay paso’”, cuentan los habitantes de la zona.
En estos municipios denuncian que ese control lo han venido imponiendo los grupos con tranquilidad, a pesar de la importante presencia que tiene allí la Fuerza Pública. El coronel Hugo Sandoval, comandante de la Brigada de Selva número XXVII, que opera en el territorio, asegura que sus hombres –4.200 desplegados en el departamento– tienen el control en la zona, pero reconoce que “es un terreno selvático y bastante lleno de ríos que obviamente dificulta mucho la acción de poder nosotros controlar con absoluta certeza todos los cursos de agua”.
Pero desde organizaciones humanitarias con presencia en la zona y desde la misma Red de Derechos Humanos han hablado no solo de la incapacidad de la Fuerza Pública de controlar el territorio, sino incluso de connivencia con los grupos armados, particularmente con La Mafia. Sobre ese punto, dijo el comandante de la brigada, “no tenemos denuncias particulares en este momento. Si hubiera connivencia, no habría erradicación de cultivos ilícitos, no habría destrucción de cristalizaderos (de pasta base de cocaína) que este año ya llevamos tres en el Bajo Putumayo, no habría capturas, no habría decomiso de alucinógenos como se ha hecho de marihuana, de pasta base y de clorhidrato. La invitación es a que las personas denuncien y nos colaboren”.
Para el coronel Sandoval, la relación entre esta racha violenta de las últimas semanas y las zonas con mayor presencia de cultivos de coca es muy estrecha. Por eso, están concentrados en las jornadas de erradicación forzada de los cultivos para “buscar que el combustible de la violencia, que es el narcotráfico, vaya disminuyendo”. Esas acciones acentúan aún más las tensiones con los campesinos que ven que cuando el Ejército aparece es para arrancarles sus matas de coca, aun cuando en el departamento unas 20.000 familias se comprometieron a sustituirlas voluntariamente desde julio de 2017. Sin embargo, ese programa de sustitución no ha avanzado en el territorio.
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“La gente tiene prohibido arrancar las matas de coca”: Red de DD. HH.
Mientras los operativos de erradicación forzada se intensifican por parte de la Fuerza Pública, las comunidades quedan contra la pared, pues por el otro lado los grupos armados en la zona los presionan para que no arranquen sus matas de coca. “Nos tienen casi que prohibido darle continuidad al programa de sustitución. La gente como tal tiene prohibido arrancar las matas. Hay zonas donde la cosa es tan tenaz, que a la gente la están orientando es a que tiene que ponerse a sembrar”, denuncian desde la Red de Derechos Humanos del Putumayo.
Otra organización humanitaria con presencia en el territorio dijo que la orden del grupo La Mafia no es solamentea a que la comunidad siembre coca, sino a que ese grupo debe ser su único comprador, los campesinos no la pueden vender a nadie más. Desacatar las instrucciones de los violentos es exponerse a la muerte.