Es difícil hablar de organización campesina en Colombia sin referirse a la que se constituyó en el valle del río Cimitarra. Una región del Magdalena Medio que padeció la guerra como pocas, al tiempo que fortaleció capacidades para resistir y permanecer en el territorio. Estamos en Puerto Matilde, una vereda a dos horas y media del puerto petrolero de Barrancabermeja, en el departamento de Santander. Para llegar allí se necesita recorrer una trocha enlodada que solo arreglan los campesinos. Por ella solo transitan camionetas altas y cuando llueve el acceso es imposible.
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Antes de llegar a este caserío se pasa por un predio donde resalta la bandera política del partido FARC, con su rosa roja, en la vereda San Francisco. Allí varios excombatientes de esta guerrilla, que firmó un Acuerdo de Paz con el Estado hace dos años, se agruparon para dejar las armas y no se movieron desde entonces. Son pocas casas, levantadas como cambuches, con palos, algunas tejas y plásticos verdes, A la entrada, en un letrero casi ilegible, se lee: “Venta de cachama a $4.000”, como prueba de su vida sin armas y de las dificultades que han tenido para sacar adelante otros proyectos productivos.
Un poco más allá se encuentra el puerto de Puerto Matilde. Para llegar a la finca bufalera se embarca por diez minutos el río Cimitarra en una chalupa o un motor (como llaman a las lanchas en la región). La finca bufalera es el centro de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, un área geográfica de producción campesina que cobija a más de 25.000 familias de los municipios de Yondó y Remedios, en Antioquia, y de Cantagallo y San Pablo, en Bolívar, que por medio de estrategias comunitarias han permanecido y subsistido, pese al conflicto armado.
La zona del Cimitarra fue aprobada en diciembre del 2002 por el Gobierno; pero después, cuando se recrudeció la guerra en la región, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, se suspendió. Solo hasta 2011 volvió a ser una zona de reserva campesina. Las zonas de reserva se crearon en el país a partir de la Ley 160 de 1994, conocida como de Desarrollo Rural, que buscó fomentar y estabilizar la economía campesina. Sin embargo, han pasado 23 años desde entonces y solo se han aprobado seis, y según estos campesinos esto se debe al estigma que tienen de ser cercanos a las guerrillas.
“Bueno, yo creo que los sueños de nosotras, las mujeres, acá en el valle del río Cimitarra, y como lo decimos desde la asociación campesina, es algún día vivir, primero que todo, en paz. Cambiar esa historia que siempre nos ha marcado, que ya pare esa persecución”.
La que habla es Irene, de cincuenta años, y como dice ella: “Me volví viejita y nunca viví en paz”. Hablar de guerra para ella significó “vivir bombardeos; tener un refugio humanitario, donde nos agrupábamos sesenta, setenta familias para resistir; dejar todo lo que teníamos en nuestras casitas”.
Irene es la representante legal de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), una asociación que desde los años 70 ha buscado vivir y trabajar de la tierra en esta región tan golpeada por el conflicto armado. Llegó ahí cuando la dirigencia campesina, en su mayoría compuesta por hombres, fue judicializada por su supuesta cercanía con la guerrilla de las Farc. Los procesos se cayeron por falta de pruebas, años después. Hoy, junto a las demás mujeres del Cimitarra, lucha porque las mujeres tengan tierra a su nombre, participen efectivamente en política y superen brechas de género como la no remuneración de las labores de las mujeres campesinas.
Participación campesina
En el Magdalena Medio, antes de que empezaran los diálogos de paz con las Farc, esta asociación campesina ya creía que la paz solo iba a ser posible si una gran movilización social y ciudadana la reclamaba como suya. Por eso en el 2011 la ACVC promovió el Encuentro por la Tierra y por la Paz, con una asistencia de más de 20.000 personas, y con la presencia de más de 700 organizaciones campesinas, populares, indígenas y afros.
Lo interesante es que, a partir del comienzo de los diálogos de paz con las Farc, en el Magdalena Medio se desataron ejercicios de participación política que respaldaron la salida negociada al conflicto armado, convencidos de que el diálogo era el único escenario definitivo para el fin de la guerra con las Farc y con el Eln. Además, fortalecieron su participación con el anhelo de tener inversiones sociales y respaldo estatal en temas de desarrollo agrario e infraestructura.
Por eso para estas redes campesinas el fin del conflicto no solo consistió en dejar de padecer los bombardeos y las fumigaciones con glifosato; tenía que ver, particularmente, con su participación en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), un instrumento que nació con el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, en el punto uno del acuerdo que busca reformar el campo colombiano, y tiene una vocación participativa de las comunidades, las autoridades territoriales y el Gobierno Nacional.
Un espacio que las redes campesinas del Magdalena Medio se han tomado muy en serio. “El trabajo que se ha hecho en estos últimos treinta años en el Magdalena Medio ha generado muchas capacidades locales y eso se vio en los encuentros de participación. Los campesinos tienen una visión muy importante, respetan su hábitat, sus cuerpos de agua, su Serranía de San Lucas; no tienen una visión desarrollista que pueda afectar estos recursos de vida para el futuro”, sostiene Javier Pineda López, coordinador de la Agencia de Renovación del Territorio.
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Y así lo reafirma Andrés Gil, coordinador general de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y también miembro del Consejo Nacional de Paz: “Aquí nos entendemos y tenemos escenarios de diálogo con palmeros, ganaderos, excombatientes, campesinos... y aunque mantenemos nuestras diferencias, somos convencidos de que la política, y no las armas, puede permitir resolver los conflictos y las necesidades”.
De hecho, a finales del año pasado, en Yondó, se lanzó una red campesina que busca aterrizar y materializar las ventanas de participación política y desarrollo territorial que tiene el Acuerdo de Paz que se firmó entre el Gobierno y las Farc. Ese día, en el coliseo, se expresaron ideas de desarrollo territorial y preocupaciones sobre la voluntad del Gobierno Nacional en cumplir lo acordado, en términos políticos y económicos.
Javier Pineda López, coordinador de la Agencia de Renovación del Territorio, cree, en cambio, que “este nuevo Gobierno está ajustando varios temas, pero ha dado un buen espaldarazo con respecto a los PDET. Creemos que va haber una implementación que responda a esto”.
Deforestación y coca
Pese a que en el Magdalena Medio se viven días más tranquilos a los de la guerra, los desafíos siguen siendo enormes: hay presencia de actores que presionan a las comunidades para que cultiven coca, o hay quienes quieren hacer minería ilegal, en especial grandes inversores que buscan explotar minería a mediana y gran escala por encima de los acuerdos comunitarios de preservación ambiental.
Las amenazas también se ciernen sobre la Serranía de San Lucas ante los intereses económicos de las multinacionales y actores ilegales que buscan depredar la madera y explotar el oro de este imponente macizo de 110 km, cubierto por bosques tropicales y andinos. Un área trascendental para la vida de cientos de especies animales, como el oso de anteojos y el jaguar, así como para resguardar el agua que alimenta a las comunidades del Magdalena Medio.
Durante más de treinta años, las comunidades campesinas han preservado más de 80.000 hectáreas con figuras como la Línea Amarilla, acuerdos que delimitaron zonas y las resguardaron de la tala y la caza, incluso con la guerrilla de las Farc. Una situación que viene cambiando. En los puertos del río Cimitarra es hoy común ver troncos apilados de madera maciza, así como ver en las veredas mulas con cargas de madera a los lados.
A la pregunta ¿qué está disparando la deforestación?, los campesinos responden que han llegado nuevos actores y asentamientos a los territorios, a las selvas y cuencas hídricas del nordeste antioqueño y del sur de Bolívar que no respetan los acuerdos comunitarios. También que muchos de los campesinos, en especial en el sur de Bolívar, que vivían de cultivar coca y la arrancaron para ser parte del programa de sustitución voluntaria, que surgió con el Acuerdo de Paz, no han recibido a tiempo los pagos ni los incentivos de proyectos productivos de parte del Gobierno, y eso los ha llevado a buscar otras formas de sostenimiento de sus familias como la tala.
Aun así, los campesinos buscan alternativas. Francisco Javier Amaya, líder campesino de la ACVC, es uno de ellos. Nos guía en una lancha por el río Cimitarra hasta llegar a la hermosa ciénaga de San Lorenzo. En el recorrido habla de la riqueza ambiental que tiene, de las aves, el agua y los animales en riesgo de extinción. Así como relata los procesos de caracterización biológica que han hecho con ayuda de varias universidades y entidades. “Para que las multinacionales no intervengan estos territorios nos toca demostrarles con hechos qué especies hay y cuántas cuencas, humedales y ciénagas tenemos. Esa es la forma en la que hemos aprendido a defender nuestro territorio”, dice y comenta que sueña con que esta ruta, que un día estuvo atravesada por retenes paramilitares y guerrilleros, sea recorrida por viajeros ecológicos del país y del mundo.
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