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En Tierralta (Córdoba) recuerdan los años en los que el nombre de Salvatore Mancuso se mencionaba en conversaciones sobre tierras. No eran diálogos realmente, era el mismo Mancuso o sus mensajeros, como Álvaro Santana Cartagena, quienes iban a fincas para decirles a sus dueños que necesitaban la tierra, que esas fincas les gustaban, que les servían, y que, si no se las vendían, entonces igual iban a comprarlas más baratas o a invadirlas. A la gente le terminaron pagando el precio que ellos quisieron, entre $300.000 y un millón de pesos por hectárea. Por supuesto, sin derecho a protestar. Ellos estaban armados y era su ley la que valía.
Esta forma de despojo se repitió en Córdoba hasta el cansancio. En unos municipios, como Montería, fue Fidel Castaño y su fundación Funpazcor los que hicieron el despojo, y luego fue su hermano Carlos. Fue durante la década de los 90. Fidel Castaño hizo una falsa desmovilización y reforma agraria. Se les adjudicó tierras a los campesinos, pero no podían usufructuarlas y finalmente se les obligó a venderlas a precios irrisorios.
Así pasó en Valencia, Puerto Libertador, Montelíbano y otros municipios, especialmente del sur del departamento. A los paramilitares no les importó si la tierra era herencia familiar, si había sido entregada por el antiguo Incora a los campesinos o si había sido un negocio reciente. Todos tenían que salir.
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Una vez “vendida” la finca, pasaba a manos de testaferros. En Tierralta, por ejemplo, varios predios fueron puestos a nombre de Aram Assías, quien a su vez las trasladó a Benito Osorio Villadiego, exgobernador de Córdoba y exgerente del Fondo Ganadero del departamento. De hecho, Osorio llegó a este último cargo por disposición de los paramilitares, y ahí fue cuando se compró la mayor cantidad de tierras a precios bajísimos. Assías fue asesinado en 2008, y Osorio Villadiego fue condenado a 19 años de prisión, en 2015, por despojo de tierras y otros delitos.
El retorno a estas no ha sido fácil. En Córdoba se presentaron y aceptaron, a corte de junio de 2019, 3.388 solicitudes ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT). De estas, la mayoría, 3.077, están en despachos de jueces y magistrados. Solo 193 tienen una sentencia que les devuelva el territorio a sus dueños, y el resto están esperando por un fallo. Las 311 restantes están en trámites administrativos dentro de la URT. En total, se han restituido 10.213 hectáreas de tierra en los municipios de Valencia, Montería, Tierralta, Planeta Rica y Pueblo Nuevo.
En Tierralta la situación no es distinta. Existen 472 solicitudes de restitución y hay 20 sentencias proferidas. 427 están en despachos de jueces y magistrados. Sin embargo, la dificultad de la restitución no es solo la lentitud con la que se profieren sentencias, sino también las presiones sobre los reclamantes e incluso sobre los jueces.
Con la situación actual del sur de Córdoba, todo esto se complica. En días pasados, varios líderes denunciaron ante El Espectador que Tierralta estaba controlada por los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. También conocimos amenazas contra líderes de distintos sectores, entre esos, reclamantes de tierras que tuvieron que desplazarse del municipio.
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El riesgo es que la mayoría de estas tierras están en sectores rurales. De hecho, algunas de las restituidas quedan en corregimientos que fueron señalados por los líderes como unos de los que son transitados por las AGC, como el de Palmira. Este municipio es estratégico, pues comunica el Bajo Cauca con Córdoba y el Urabá antioqueño, teniendo cercana la salida al mar. Además, tiene en su territorio el nudo de Paramillo y el Parque Nacional Natural Paramillo.
La Defensoría del Pueblo alertó el año pasado, en la alerta temprana 083 del 25 de noviembre, que los líderes que más estaban en riesgo eran los dedicados a la reclamación de tierras, a la sustitución de cultivos de uso ilícito y a la política. Además, dijo que los municipios más peligrosos para ejercer estos liderazgos eran Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta y San José de Uré.
Pero el peligro de ser reclamante de tierras no es nuevo. En los primeros años de los 2000, Córdoba estaba enteramente controlada por las Autodefensas Unidades de Colombia. Ellos pusieron concejales, alcaldes, gobernadores y congresistas, en lo que se llama la “parapolítica”, habían despojado miles de hectáreas de tierras y desplazados a miles de personas. También eran quienes resolvían los problemas en las zonas rurales. Pero en 2003 se firmó el Acuerdo de Ralito, que fue un punto de partida para la desmovilización paramilitar, que se dio entre 2003 y 2006. Para entonces se empezó a gestar un mecanismo de justicia transicional, que terminó siendo la Ley 975 de 2005 o ley de Justicia y Paz.
En el marco de esta ley una mujer empezó a organizar a los campesinos para que reclamaran las tierras que les habían sido despojadas. Yolanda Izquierdo reclamaba especialmente su tierra en una finca llamada Santa Paula, en el corregimiento de Leticia, zona rural de Montería. Pero con ella había otros desplazados que también querían volver a sus territorios. Su reclamación terminó el 31 de enero de 2007, cuando fue asesinada.
Por este crimen fue condenada a 40 años a Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de Carlos Castaño Gil, por su participación en el homicidio. Así quedó claro que ellos seguían mandando. Y así acallaron a los campesinos que creyeron que, con la desmovilización, podrían retornar a los lugares de los que fueron echados.
No fue hasta 2011, con la entrada en vigor de la Ley 1448, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuando la gente volvió a reclamar. Sí fue complicado, hubo amenazas, asesinatos, pleitos con grandes empresas y con segundos ocupantes de los predios.
Pero la situación actual del sur de Córdoba vuelve a preocupar a los reclamantes y a las autoridades. “Todos los días llegan amenazas contra personas del sur de Córdoba. A los líderes de restitución los siguen amenazando”, dijo la defensora regional de Córdoba Ana Carolina Sánchez a este medio. La Defensoría ya había alertado que esto pasaría, precisamente en la alerta temprana ya mencionada.
Y no solo eso, sino que en este municipio hay 113 solicitudes de restitución que están esperando sentencia judicial. ¿Están todos en riesgo?