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El pasado 31 de enero, los 26 resguardos indígenas de zona rural de Dabeiba (Antioquia) volvieron a recibir una amenaza colectiva. Era un panfleto en el que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) les ordenaban no volver a desplazarse hacia los cultivos de pancoger, porque sus vidas estaban en riesgo. Según un integrante de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), esta es la primera vez que el territorio ancestral “está completamente cercado por minas antipersonales”. Y los más afectados con los artefactos y la presencia de los grupos armados han sido los niños y las niñas.
Mientras las escuelas permanecen cerradas por la pandemia del COVID-19, estos sitios se volvieron los centros de operaciones de varios grupos armados en los que se originan enfrentamientos y donde almacenan armas y explosivos, según denuncias de los indígenas. Incluso, ahora son lugares estratégicos en que los grupos armados instalan minas antipersonales o aprovechan para reclutar a los niños y las niñas. “Estamos hablando de que los lugares más concurridos por los niños, como las zonas comunes de las escuelas, son hoy los más peligrosos”, comentó un líder.
Y lo peor es que en estas comunidades no solamente se siente zozobra por el conflicto armado, sino también crece la preocupación por el hambre que están pasando al menos diez mil familias tras completar casi una semana sin poder abastecerse de los alimentos de sus cultivos. Les preocupa el alto riesgo de desnutrición, especialmente de los menores de edad y adultos mayores.
Antes del Acuerdo de Paz, esta zona era controlada por la guerrilla de las Farc, quienes tenían el control absoluto, lo que, según un líder del resguardo Amparradó, “eso hacía que no hubiera casi enfrentamientos con otros grupos armados, a excepción del Ejército, pero era un solo actor mandando. Acá tenemos un actor distinto en cada comunidad, lo que nos imposibilita movernos dentro de un resguardo”.
Con la dejación de armas de las Farc, guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), grupos posdesmovilización como las Agc y otros grupos armados criminales se han disputado el territorio por las rutas de narcotráfico y su cercanía con selva chocoana.
En marzo del año pasado, cuando la cuarentena apenas comenzaba en el país, una familia embera eyábida, conformada por el padre, la madre y dos hijos menores de edad del resguardo Amparradó, pisó una mina antipersonal. “Ellos estaban haciendo labores de campo y reclamando unas tareas a la escuela de los niños. En el camino cayeron en una mina”, contó un integrante de la OIA.
Los dos niños fallecieron y uno de los padres tuvo que ser amputado de sus piernas, en parte por la gravedad de las heridas, pero también por la dificultad para acceder a un servicio de salud de alta complejidad que, en el mejor de los casos, está a una distancia de tres días caminando.
Desde entonces, la OIA comenzó a alertar sobre la situación territorial que viven en la zona y los riesgos, especialmente de los niños, niñas, las mujeres y los adultos mayores. En 2020 hubo nueve indígenas afectados por estos explosivos en este municipio, tres de ellos menores de edad.
La Defensoría del Pueblo ya había emitido la alerta temprana 027 en junio de 2019, en la que reportaron “graves afectaciones a los derechos étnico-territoriales de sujetos de especial protección constitucional, como lo son la población indígena y afrocolombiana”.
Sin embargo, ante la omisión de acciones por parte del Gobierno Nacional, casi un año más tarde, en abril de 2020, la Defensoría emitió un oficio de consumación de riesgo de la alerta temprana, en el que reiteraban la falta de garantías de seguridad. “Si bien es cierto que se cuenta con pelotones del Ejército Nacional, estos no están garantizando la seguridad, puesto que se observa el tránsito regular de integrantes de las Agc por toda la zona, sin que se evidencie ningún tipo de acción en contra”.
Una lideresa de la zona, que pidió no revelar su nombre por seguridad, aseguró que una de las características de las familias de los resguardos es que la mayoría de los hogares están conformados por madres cabeza de familia, “porque muchos hombres han sido asesinados o llevados a la guerra” y, denunció que la situación de la niñez es una encrucijada para la comunidad: “Cuando iban a clases, el riesgo de pisar explosivos era muy alto, pero ahora que están confinados por la pandemia y por el conflicto los están utilizando como mensajeros entre las comunidades. Si un niño se niega a hacer lo que le piden, los amenazan de muerte”.
Otro consejero indígena aseguró que, según los registros extraoficiales de las comunidades, desde 2019 hasta enero de 2021 han reclutado alrededor de 300 menores de edad que, en muchas ocasiones, ejercen sus labores como informantes. “Vemos cómo hay niños y niñas con radios y con revólveres trabajando para grupos armados. Prácticamente tenemos los enemigos en nuestra propia comunidad”. La Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) tiene reporte de 16 eventos de reclutamiento que dejaron a más de cien menores de edad víctimas en Antioquia en 2020; sin embargo, aclararon que no es fácil acceder a todas las denuncias y que “la cifra que da la OIA no es descabellada”.
Otra de las dificultades es acceder a conectividad que permita informar en tiempo real sobre las acciones de los grupos armados, pues casi todos los sitios con señal están ubicados a tres días de camino. De hecho, esa es la razón por la que la posibilidad de hacer denuncias formales ante los entes institucionales es casi nula. Colombia 2020 consultó al alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego, para conocer qué registros tiene sobre las denuncias y aseguró que “por ahora todos son comentarios, no hemos ido a la zona a verificar directamente qué está pasando”.
El alcalde señaló que han intentado concertar jornadas de desminado militar, pero los líderes consultados por este diario dijeron que “pensarlo solamente sería un absurdo. No podemos tener un actor armado más en esta comunidad porque eso nos pondría más en riesgo”.
El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, le dijo a este diario que desde noviembre del año pasado los municipios de Dabeiba y Murindó fueron priorizados por la instancia nacional de desminado humanitario para comenzar las labores de eliminación de minas durante este 2021.
La entidad encargada de esta labor será la Campaña Colombiana Contra Minas, que realizará las jornadas como actores civiles, “porque son una organización con mucha experiencia en esta zona y para no delegar esta función en las Fuerzas Militares”. En este momento las acciones por el desminado en estos municipios están en fase inicial de concertación con la Organización Indígena de Antioquia para delimitar el área de sospecha y comenzar con el trabajo en terreno, en alianza con la CCM.
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