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“Yo no sé cómo estoy aquí, porque a mi hijo lo desaparecieron hace cinco días. A la magistrada le pido que encuentren a mi hijo”. Así comenzó su intervención Nury Guette en una audiencia en la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal de Cartagena el pasado 25 de septiembre. La diligencia estuvo a cargo de la magistrada Ada Patricia Lallemand, quien le hace seguimiento a la sentencia que les restituyó tierras a Guette y otras 57 mujeres desplazadas forzadamente por el accionar criminal de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, cuando comandaba el bloque Norte de las Autodefensas. Apenas una semana antes de que el exjefe paramilitar llegara al país, el hijo de una de sus víctimas fue secuestrado.
A Guette y otras mujeres que habitaban el sector de Oceanía, en Sabanas de San Ángel (Magdalena), paramilitares del bloque Norte les mataron a sus familias. Por eso las han llamado “las viudas de Jorge 40”, porque este sector, al sur de donde se firmó en 2001 el Pacto de Pivijay, se convirtió en un centro de operaciones para buena parte de los hombres de Tovar Pupo, que instauraron a plomo un control sobre las ventas de inmuebles como una técnica de despojo, según recogió la Unidad de Restitución de Tierras (URT), cuando ordenó en 2015 reintegrarles los predios a las familias desplazadas de la zona. Ahora, a Guette le secuestraron a su hijo, Fernando De la Hoz.
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“Le pido, de corazón, por si usted tiene hijos y sabe lo que se siente que a uno le desaparezcan un hijo. Porque a nosotros no nos han dado protección. Me sacaron a mi hijo. Mis hijos son sanos, están acostumbrados a trabajar. A la UNP (Unidad Nacional de Protección) le avisamos, vinieron, dijeron que no era peligroso y cómo no va a ser peligroso un enemigo tan grande”, dijo desde Fundación (Magdalena) Guette en la audiencia virtual que citó la magistrada Lallemand para evaluar la seguridad de los reclamantes de las tierras de Oceanía y sus abogados. Ya han vivido amenazas, les han quemado sus casas. Pero este es el primer secuestro.
El “enemigo” del que habla Guette es Carlos Antonio Londoño Acosta, un empresario vallecaucano que quedó con la titularidad -irregular, confirmó la justicia en 2018- de varios predios de Oceanía en los años en que la región era dominada por paramilitares. Londoño actúa como opositor en los procesos de restitución del sector y tiene varias denuncias en su contra por presuntas amenazas a los reclamantes. Incluso, en la audiencia del pasado viernes el abogado de Guette dijo, con Londoño presente: “Para nosotros es un peligro adicional exponer esto ante los opositores que están en esta audiencia, sobre todo frente a algunos que tienen nexos con grupos paramilitares”.
“La magistrada llamó al orden a todas las entidades involucradas en brindarles seguridad a los reclamantes: Fiscalía, Policía, Ejército, Alcaldía y UNP. “Nuestras solicitantes son mujeres, viudas, víctimas del conflicto armado que, hasta hoy, más de dos años después de la sentencia no han podido ver materializado su derecho a la restitución”, dijo Lallemand. Y remató: “Responsabilizo a cada uno de los entes aquí involucrados, que son los directamente encargados de brindar la seguridad a las mujeres de Oceanía, y que han sido requeridos y conminados en distintas instancias, de cualquier hecho que tenga lugar de hoy en adelante”.
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El Espectador habló con el otro hijo de Guette, Libardo De la Hoz, quien explicó que el Gaula de la Policía ya se encuentra investigando el secuestro de su hermano. Cuando le perdieron el rastro a Fernando, el pasado 19 de septiembre, pensaron que había sido desaparecido forzadamente y el número de contacto que habían puesto para cualquier información sobre el joven era el de Libardo, pero una mujer “con acento del interior” llamó a Nury Guette la semana pasada y le dijo: “Tienen al muchacho amarrado en el monte y lo van a matar”. Según dijo la magistrada Lallemand, lo sucedido “se inscribe en un contexto de amenaza permanente en el que se encuentran los solicitantes del predio Oceanía”.
“De hecho, en una alerta temprana que se leyó en la audiencia, la Defensoría del Pueblo le advirtió al Ministerio del Interior —donde trabaja Jorge Tovar, hijo de Jorge 40— sobre el posible retorno de la violencia a esta región del Magdalena, que limita con Cesar. “Es previsible la ocurrencia de atentados contra la vida, la libertad y la integridad personal que se pueden materializar en homicidios selectivos o múltiples”, leyó el abogado de una de las víctimas en el documento. Y agregó: “Hoy no tuviéramos las lágrimas de la señora Nury Guette si las autoridades hubieran hecho caso a esta alerta”.
No es la primera vez que las víctimas de Jorge 40 son ignoradas. Una y otra vez desde 2018, cuando la justicia ordenó restituirles, las entidades encargadas de hacerlo han eludido su labor. Ahora el Tribunal de Cartagena decidió abrirles incidentes de desacato a la UNP, Unidad de Víctimas y a los ministerios de Agricultura y Vivienda. La magistrada anunció que lo haría con la Fiscalía y que le abriría incidente de desacato al propio fiscal general Francisco Barbosa si no se priorizan las más de 44 denuncias por hostigamientos que han interpuesto las mujeres de Oceanía. “Me niego a pensar que en la zona hay opositores tan poderosos que cooptan la institucionalidad”, dijo la togada.
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Sin embargo, tras un exhaustivo examen al despojo perpetrado en la región, la URT concluyó en 2015: “El dominio de facto de Jorge 40 se alcanzó no por la ausencia del Estado colombiano, sino gracias a la forma como históricamente este se ha desarrollado en sus ámbitos territoriales menos integrados, donde la institucionalidad política ha sido relativamente incapaz de regular la vida social y se ha intrincado hasta convertirse en un abigarrado sistema de alianzas y de arreglos políticos entre funcionarios públicos, políticos locales, gamonales y poderes de facto (legales e ilegales)”. Otro interrogante para el recién llegado exjefe paramilitar.
El regreso de “Jorge 40”
El exjefe paramilitar, que por años dominó con terror los departamentos del Cesar, Magdalena, La Guajira, Atlántico y Bolívar, llegó a Colombia el pasado 28 de septiembre proveniente de Estados Unidos, donde purgaba una pena por narcotráfico. Apenas se bajó del avión, oficiales de la Interpol lo entregaron a funcionarios de Migración Colombia quienes, a su vez, lo pusieron a disposición de la Fiscalía. De inmediato fue trasladado al búnker del ente investigador en Bogotá y comenzó a hacerse efectiva su detención por las más de 1.450 investigaciones, 35 órdenes de capturas y 38 medidas de aseguramiento que hay en su contra.
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Jorge 40, como contó este diario, no se reconoce a sí mismo como un traficante de drogas y pasó la última década en EE.UU. (a donde fue extraditado en 2008) intentando anular su sentencia 16 años en prisión, de los cuales pagó 12. Por una actitud similar, en 2015 fue expulsado de Justicia y Paz, el sistema creado para juzgar a los paramilitares tras su desmovilización, pues a pesar de que abundaban las versiones en su contra, Tovar Pupo nunca aceptó su participación en crímenes de reclutamiento forzado de menores, violencia de género y secuestro, ni reparó a las víctimas. Pidió pista también en la JEP y lo rechazaron, aunque la posibilidad de que entre como tercero civil no está del todo descartada.
A escasos kilómetros al norte de Sabanas de San Ángel, en el municipio vecino de Pivijay en noviembre de 2001, Jorge 40 firmó un pacto con una decena de políticos de la región. Ya un año antes había firmado un pacto similar en Chivolo. Y ambos tenían características similares: eran convenciones políticas con personalidades de la zona que se comprometían a respaldar la causa de las Autodefensas a cambio del apoyo militar que brindaban sus hombres. Mientras tanto a decenas de familias campesinas, como las que habitaban Oceanía les incendiaban las casas, les robaban el ganado y los obligaban a salir del territorio. Esas familias, casi dos décadas después, no han podido regresar a sus tierras.