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En lo que va del 2021, seis jóvenes indígenas del norte del Cauca, entre los 15 y 21 años, han sido asesinados por grupos armados que se disputan el territorio y el control del narcotráfico en la zona. El caso más reciente ocurrió el pasado 4 de abril en la vía que comunica a los municipios de Caloto y Toribío, donde fue asesinado Fernando Esneyder Lozada, de treinta años, uno de los escoltas del coordinador del Proyecto Nasa.
Entre marzo y abril, solamente en este municipio, también asesinaron al defensor Ramiro Ascué Yule y al comunero Juan José Rojas Fernández. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) alertó que la situación de personas jóvenes de estos resguardos es cada vez más grave y que son ellos los que están en constante peligro por amenazas y atentados.
Jhoe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del CRIC, aseguró que “las razones de estos hechos criminales son, principalmente, porque ellos se oponen al reclutamiento de menores de edad, tienen posturas críticas, controlan la minería ilegal y buscan asumir las riendas de sus comunidades”.
En este departamento se disputan el territorio las disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln, un frente del Ejército Popular de Liberación, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y otros grupos paramilitares. Las columnas móviles de disidentes de las Farc, conocidas como Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, están asentadas en el norte y centro del Cauca y enfocan sus acciones en los municipios de Suárez, Miranda, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Corinto, Toribío, Caldono y Caloto, entre otros.
De hecho, el pasado 27 de marzo, frente a la Alcaldía de Corinto explotó un carro-bomba que dejó a 43 personas heridas. Hechos como ese hicieron resurgir el temor en la comunidad, que llevaba años sin presenciar actos terroristas. Un líder de Toribío, que prefirió no revelar su nombre por seguridad, explicó que la situación más crítica la están viviendo los resguardos del norte del Cauca y la región de Tierradentro (en los municipios de Belalcázar e Inzá), en donde el reclutamiento forzado y las intimidaciones han crecido notoriamente en los últimos años.
Pero la situación que más los tiene preocupados son los homicidios a jóvenes desde los trece hasta los treinta años que tienen roles de liderazgo en comunidades colectivas. Juan Manuel Camayo, jurídico del Tejido de Defensa a la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), aseguró que, en 2019, fueron asesinados 13 niños y jóvenes.
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El año más crítico fue el 2020, cuando, en medio del confinamiento por la pandemia, asesinaron a 31 personas entre los 13 y 25 años. “La mayoría de ellos ya eran parte de las guardias indígenas o trabajaban junto a sus padres en el control territorial de los resguardos. Esos homicidios tienen una trazabilidad también por los roles de liderazgo que históricamente ejercían sus padres y hermanos”, dijo el líder.
Uno de los casos más impactantes el año pasado fue el de Daniel Steven Medina, un joven de 19 años, hijo de un guardia indígena del municipio de Toribío, que fue asesinado en la vereda La Despensa el 8 de julio del año pasado. De acuerdo con Camayo, “a pesar de su edad, él también era parte de la guardia Kiwe Thegnas junto a sus padres y es por ese ejercicio que fue asesinado (…) Los padres de Daniel han mantenido en constante acompañamiento a los jóvenes, en aras de mantener y fortalecer la memoria de su hijo”.
La víctima menor edad en ese mismo año fue Yilber Andrés Tayacué Méndez, un niño de catorce años que murió el 15 de abril de 2020 en medio de combates entre la fuerza pública y la columna móvil Dagoberto Ramos en el resguardo de Tacueyó. De acuerdo con las fuentes consultadas, el menor de edad estaba comenzando a involucrarse en procesos territoriales.
En 2019, por ejemplo, se registraron trece homicidios a jóvenes entre los 17 y 28 años. Uno de los líderes juveniles asesinados fue Edwin Dagua, gobernador del resguardo Huellas, en el municipio de Caloto. Veinte días antes de los hechos había comenzado a liderar una iniciativa con la que buscaba aumentar la actividad de la guardia indígena para fortalecer el control territorial de las comunidades en lugares catalogados como “zona roja” a donde no llega el Estado. “También estaba liderando la sustitución de cultivos ilícitos y fue asesinado por defender todas esas causas”, mencionó Camayo.
Según el jurídico de la ACIN, “la juventud indígena es prometedora, y se están abriendo paso en procesos organizativos y políticos, locales y regionales que están recibiendo los mayores impactos de la guerra, porque ellos son el blanco de los grupos armados”. Explica que, así como las organizaciones étnicas buscan a los jóvenes por su vitalidad y facilidad de recorrer y acceder a los territorios, también los grupos armados quieren reclutarlos para que se sumen a sus filas y puedan ejercer actividades económicas ilícitas.
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De acuerdo con Sauca, del CRIC, la razón por la que los grupos armados están tras los jóvenes es que, de manera organizativa, la guardia indígena se está renovando con personas desde los catorce años que están siendo capacitadas para asumir roles de responsabilidad. “Además, eso con el fin de evitar el reclutamiento forzado, que también tiene el ojo encima puesto en ellos”, dijo.
Aunque son 21 comunidades en el norte del Cauca que se están viendo afectadas por este flagelo, en los municipios de Caldono, Toribío, Buenos Aires y Jambaló se han concentrado casi todos los hechos de violencia. A comienzos de este año, la columna móvil Jaime Martínez emitió un panfleto en el que amenazaba a toda la guardia indígena de Caldono —conformada en su mayoría por jóvenes— y a dos coordinadores de resguardos de la región (ver imagen del panfleto).
Este diario intentó comunicarse con el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, para saber qué información oficial hay del tema, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Justamente en esos municipios la Corte Constitucional emitió la sentencia T-30 de 2016, que ordenó proteger a los indígenas del norte del Cauca, luego de la medida cautelar que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de eso, y de que esta es una subregión priorizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde 2018, el Estado todavía no llega ni toma medidas de prevención a la población.
Según la JEP, en esta subregión hay 180.000 víctimas acreditadas que participan de la justicia transicional y esperan esclarecer los principales patrones de violencia que vivieron hasta 2016. Y aunque con las intimidaciones y homicidios los grupos armados buscan callar esos liderazgos, todas las fuentes consultadas por Colombia 2020 coincidieron en que se ha generado un efecto contrario y cada vez más jóvenes quieren asumir roles en sus resguardos.
De hecho, según un consejero del CRIC, hay un colectivo de jóvenes que están proponiendo crear el cargo de consejeros juveniles en las organizaciones zonales y regionales para llegar a esas estructuras donde están solo los mayores, y proponer nuevas ideas. Juan Manuel Camayo aseguró que, “a pesar de la situación tan compleja, ellos no se apartan de los procesos. Vemos jóvenes empoderados, arraigados al territorio y que siguen forjando sus planes de vida en esta causa, porque, como dice nuestro lema: si matan a uno, miles nacerán”.
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