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A la prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1448 de 2011, le faltan dos debates en el Senado para ser aprobada. Esto luego de que en diciembre del año pasado la Cámara de Representantes avalara el proyecto de ley que tiene como fin único extender por 10 años más la vigencia de dicha norma, es decir, hasta junio de 2031. La premisa, sobre la que ha habido consenso, es que a la fecha no se han cumplido todos los objetivos que se planteó esa norma y que se resume en garantizar los derechos y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Entre los desafíos aún pendientes está la restitución de tierras a todas las víctimas del despojo en el marco del conflicto que aún hoy no han vuelto a ser las dueñas reales de sus predios.
Y dentro de ese universo de comunidades que reclaman sus tierras, un rezago particular se registra con las comunidades afrodescendientes despojadas de sus territorios colectivos. Actualmente, esos pueblos (negros, afros, raizales y palenqueros) reclaman de forma colectiva 3’278.980 hectáreas de tierra en el país, de acuerdo con la información suministrada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Una cantidad de territorio agrupada en 117 casos sobre los que trabaja esa unidad.
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De esos, apenas 30 casos han sido llevados ante los jueces de restitución de tierras. Eso equivale a 1’402.730 hectáreas que ya están inscritas en el registro de tierras despojadas. Tierra que corresponde casi en su totalidad a la región del Pacífico y al Caribe, donde la guerra se ensañó contra las comunidades negras. Casi la mitad, 600 mil hectáreas, están ubicadas solo en Chocó. “Es evidente que en el marco del conflicto armado hubo un despojo de tierras con un impacto muy fuerte en el Urabá y que fue mayor con la población afrodescendiente”, sostiene Xiomara Balanta, vicepresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz e integrante de la comisión étnica. Dijo también que esa jurisdicción está cerca de establecer una estimación de cuánta tierra pudo habérseles despojado a las comunidades negras en el marco del conflicto.
Los otros 87 casos sobre los que trabaja la URT, es decir, el 74 % de los 117 territorios colectivos, aún se encuentran en etapa administrativa. Eso significa que la URT adelanta, entre otros asuntos, la caracterización de todas las afectaciones territoriales que le dejó el conflicto armado a cada una de esas comunidades. Asimismo, se lleva a cabo un proceso de concertación con los consejos comunitarios sobre las pretensiones de la demanda que será presentada ante un juez de restitución de tierras. Más complejos aún son los casos en los que las comunidades aún no cuentan con el título colectivo del territorio que reclaman, por lo que también se deben poner de acuerdo con la URT en la cantidad de tierra que se incluirá en la demanda. En esos casos, lo que buscan las comunidades que entran al proceso de restitución es la titulación colectiva de la tierra.
Un caso emblemático del camino largo y tortuoso que deben recorrer las comunidades en la lucha por la tierra cuando no tienen el título colectivo es el del consejo comunitario Eladio Ariza, ubicado entre San Jacinto y María La Baja, en los Montes de María. Una comunidad que en su mayoría salió desplazada a finales de los noventa y principios de la década 2000, en medio de la guerra entre guerrilleros, paramilitares y Fuerza Pública en esa región entre Bolívar y Sucre. En 2008 se conformaron como consejo comunitario y desde 2010 solicitaron al entonces Incoder la titulación colectiva del territorio que han habitado ancestralmente. Hasta hoy esa titulación no ha llegado.
Entretanto, iniciaron también el proceso de restitución de tierras en 2012, apenas un año después de que se emitiera la Ley de Víctimas y con ella el Decreto 4635, específico para las comunidades afros. Pero el trámite de ese proceso del consejo con la URT no ha sido fácil. De acuerdo con Johana Herrera, directora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana, ha habido por lo menos tres grandes dificultades con esa entidad. Por un lado, la comunidad no quedó satisfecha con la caracterización que se les hizo de su territorio, pues se excluyeron, por ejemplo, las áreas de uso comunitario, como los cuerpos de agua o el acceso a los playones, que para ellos es parte esencial de su territorio.
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Además, al tiempo que se promovía la restitución colectiva a la comunidad, se hacía lo mismo con la ruta individual para que familias presentaran solicitudes de restitución de manera aislada, lo que iba haciendo más complejo el caso. Y, por último, la comunidad quería que en la demanda quedara de manera explícita el daño ambiental que sufrió su territorio, por ejemplo sobre el bosque seco o las cuencas hidrográficas que perdieron: la URT no respaldó esta solicitud. “Para pensar en que la restitución le va a transformar la vida a la gente, no puede ser solo que le entrega la tierra, sino que el Estado se preocupe por volver a activar los ciclos ecológicos que permitan una vida digna en el territorio”, explica Herrera.
Ha sido tan compleja la ruta del proceso, que una primera demanda se radicó en noviembre de 2015 ante un juzgado de restitución de tierras de El Carmen de Bolívar, pero en julio de 2016 fue retirada, pues la URT no había cumplido algunos requisitos del juez. Tras un nuevo diálogo con la comunidad, la demanda de restitución por 1.848 hectáreas fue aceptada por el juzgado en octubre de 2017 y desde entonces están a la espera de una decisión. “La gran expectativa es que el fallo de restitución le ordene a la Agencia Nacional de Tierras titular colectivamente el territorio. Sería la primera sentencia en hacerlo”, sostiene Herrera. Mientras tanto, en el territorio del Eladio Ariza continúan los monocultivos de palma aceitera y, más recientemente, de piña, instalados allí por grandes empresarios que compraron tierra luego de la violencia en la zona.
Los casos con sentencia
Tener el título colectivo sobre el territorio cuando se inicia el proceso de restitución de tierras tampoco es garantía de que vaya a ser fácil el proceso, y así lo demuestran los únicos dos casos de comunidades negras que a la fecha tienen una sentencia favorable de restitución de tierras de manera colectiva: el del consejo comunitario Renacer Negro, de Timbiquí (Cauca), y el de la cuenca del río Yurumanguí, en Buenaventura (Valle del Cauca). Entre los dos casos suman alrededor de 125 mil hectáreas de tierra restituidas jurídicamente. Eso significa que más de ocho años después de que se expidiera el Decreto 4635, en diciembre de 2011, se ha restituido por vía colectiva menos del 4 % de los más de tres millones de hectáreas que reclaman los pueblos afros.
La primera fue la de Renacer Negro, que llegó el 1° de julio de 2015, y su importancia la resume así Edward Herrera, su representante legal: “Esa sentencia fue una voz de esperanza, pese a que no debería ser que haya una orden para que el Estado garantice los derechos. Además de reconocernos como víctimas, la sentencia básicamente pretendía nivelar la comunidad, llevarla a donde debería estar”. Pero, hoy, agrega Herrera, “más que esperanza hay dolor. Antes al menos creíamos, ya hoy esa fe se ha ido perdiendo”.
Las afectaciones de esa comunidad reconocidas en la sentencia se concentraban básicamente en la violencia que trajo a su territorio la coca, y luego los efectos que les dejó la fumigación con glifosato para acabar esa planta. Asimismo, la irrupción en el territorio de las retroexcavadoras y las dragas de la minería, que desplazaron las prácticas ancestrales con las que esa comunidad había practicado la minería en su río.
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Según el representante legal, lo que se tiene hoy son avances muy puntuales en el marco del Plan Integral de Reparación Colectiva por parte de la Unidad de Víctimas, que también se ordenó en la sentencia. Por ejemplo, dotaciones para la granja integral que solicitó la comunidad, en materia de una unidad piscícola, un tractor, entre otras herramientas. Pero los temas de fondo siguen pendientes.
La sentencia prohibió las fumigaciones con glifosato en el territorio colectivo de esta comunidad, y para eliminar los cultivos de coca ordenó ejecutar planes de sustitución voluntaria con proyectos productivos. Un compromiso que no se ha cumplido. Como tampoco se ha resuelto el tema de la minería ancestral de esta comunidad, de la que han vivido históricamente. Lo que pretendía la comunidad era expulsar a las grandes mineras del territorio y formalizar a los mineros de la comunidad, para que puedan hacerlo de forma legal y sin estigmatización.
Pero, además, tampoco han retornado todos los que salieron desplazados por el conflicto. De las 11 comunidades que componen el consejo comunitario, cinco se fueron desplazadas masivamente y otras parcialmente. A hoy, de 2.700 familias que integran ese consejo, 1.500 continúan desplazadas en la cabecera municipal de Timbiquí, en Cali y en Buenaventura. El plan de retorno lo aprobaron el año pasado, pero aún no se ha ejecutado.
No es muy distinto lo que ha sucedido en la cuenca del río Yurumanguí, cuya sentencia es más reciente, de diciembre de 2017. Para el consejo comunitario fue de vital importancia el fallo, pues resolvió a favor de la comunidad un pleito con la empresa minera Pacific Mines, que reclamaba derechos de propiedad sobre algunos predios del territorio colectivo. Si bien les fueron restituidos sus derechos territoriales, hoy la comunidad teme que eso se quede en el papel.
Empezando porque no han retornado los desplazados que están principalmente en la cabecera de Buenaventura, más de mil personas, y otras 200 en Cali. Ese plan de retorno está dentro del Plan de Reparación Colectiva, que ha avanzado a media marcha, como cuenta Alber Jesús Arroyo, de la junta del consejo comunitario. “Se necesita una sincronización estatal que tenga un real impacto en la comunidad, porque hasta ahora lo que ha pasado es que las entidades llegan por separado a resolver necesidades puntuales”, explica.
Se refiere, por ejemplo, a un proyecto que está implementando en el territorio el Departamento de Prosperidad Social, que lleva por nombre Iraca, enfocado en seguridad alimentaria y en proyectos productivos, estos últimos con el objetivo de elevar la productividad en la cuenca del río Yurumanguí. O a talleres con los que ha llegado el Sena, que han tenido poco impacto. De nuevo, los temas de fondo que pretenden restituirse en el proceso para garantizar los derechos de la comunidad sobre su territorio siguen pendientes. Es el caso de la protección colectiva a sus comunidades, que también la ordenó la sentencia, pero no se ha cumplido, reclama el consejo. Mientras tanto, han sido víctimas de amenazas por oponerse a la presencia de cultivos de uso ilícito en su territorio y a la entrada de la maquinaria para la minería ilegal.
Esos casos, los únicos dos que cuentan ya con sentencia de restitución colectiva en todo el país, demuestran que si bien la sentencia es el primer paso y es fundamental para las comunidades que han dado la lucha por la tierra, los desafíos más grandes pueden venir después. Además de subsanar vacíos por la ausencia histórica del Estado, está también la necesidad de garantizar que poderosos empresarios que se hicieron con esas tierras despojadas en la época del conflicto van efectivamente a devolver los predios.
