En 2018 fueron asesinanadas 19 mujeres en Putumayo. En lo que va de 2019, ya se han presentado 13 casos de posibles feminicidios./ Cortesía Alianza Tejedoras de Vida

La médica Sonia Rosero, reconocida en Puerto Asís por manejar su propia IPS y porque estaba aspirando a la Alcaldía de este municipio, murió el 27 de febrero de 2019 después de luchar con las heridas que le causaron varios impactos de bala en el abdomen. Había sido víctima de un atentado tres días antes, mientras mantenía una reunión en su clínica. Dos hombres llegaron y le dispararon. No se sabe quiénes fueron y las razones detrás de su asesinato no son claras todavía. Sonia venía liderando la campaña “Yo elevo mi voz! ¡Ya basta! No más violencia contra la mujer” en Puerto Asís.

Su muerte llegó a los ojos de muchos colombianos por los medios de comunicación. Su nombre era el más reconocido entre el grupo de cinco mujeres que fueron asesinadas durante el fin de semana del 24 de febrero en Putumayo.

Detengámonos ahí: cinco mujeres asesinadas casi en dos días. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos para que mujeres sin relación alguna hayan sido asesinadas de forma violenta en tan poco tiempo? ¿Quiénes están detrás de sus muertes? El incremento de la violencia contra las mujeres en Putumayo es alarmante, según lo han asegurado organizaciones sociales locales como la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida y Sisma Mujer, organización feminista de carácter nacional.

Durante 2018, según la Policía Nacional, 19 mujeres fueron asesinadas en este departamento. Pero solo en los tres meses que han pasado de 2019, ya van 13 mujeres víctimas de posible feminicidio, lo que ha despertado el llamado urgente de estas organizaciones para que el Estado haga algo para prevenir más muertes, amenazas y ataques.

Según Medicina Legal, el aumento de los homicidios contra mujeres en Putumayo ha sido del 700 %, al pasar de una mujer asesinada en los dos primeros meses de 2018 a ocho homicidios en el mismo período de 2019. Y en el caso de la violencia sexual, el incremento de los ataques ha sido de un 52 %. Las muertes de las 13 mujeres se dieron prácticamente en un mes, desde mediados de febrero hasta mediados de marzo, siendo Puerto Asís y Valle de Guamuez los municipios donde ocurrieron más asesinatos: ocho y tres respectivamente.

Varias mujeres con las que habló Colombia 2020, y que prefirieron no revelar su identidad por seguridad, se preguntan cómo, si Puerto Asís es el municipio más militarizado del departamento, han ocurrido tantos asesinatos frente a las narices de la institucionalidad, que no ha hecho mayor cosa para prevenir que sigan ocurriendo, ni les ha dado celeridad a las 
investigaciones.

Al buscar las razones detrás de los asesinatos, se pudo evidenciar que no hay mayor información por parte de las autoridades sobre quiénes fueron los perpetradores ni las motivaciones que tenían. Lo que se sabe es que la mayoría murieron por arma blanca e impactos de bala y algunos de los cuerpos fueron abandonados en zonas rurales de estos municipios.

¿Por qué las matan?

Puerto Asís, por ejemplo, es el tercer municipio del país con más cultivos de coca después de Tumaco (Nariño) y Tibú (Norte de Santander). En el último monitoreo anual (2017) que hizo la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, se reportaron 9.665 hectáreas. Con la salida de las Farc tras el proceso de paz, y al igual que en muchas otras zonas del país, grupos armados y disidencias se disputan el control del territorio, la producción de coca y las rutas del narcotráfico.

En este departamento están las disidencias de los frentes primero, 62, 49 y 48 de las Farc, además de la banda criminal La Constru, reducto del paramilitarismo que trabaja en asocio con este último frente de disidencias, comandado por Obeiman Cortés, conocido como Sinaloa.

Habitantes del departamento manifiestan que uno de los autores de la muerte de Sonia Rosero pudo haber sido La Constru, por el cobro de vacunas a su clínica que ella no había accedido a pagar. Otros aseguran que su muerte tuvo que ver con su aspiración política y su visibilidad en el municipio, aunque oficialmente nada está claro.

El hecho es que en medio de la guerra, las dinámicas sociales son mucho más complejas. Son los hombres quienes principalmente se encargan del negocio del narcotráfico, de infundir violencia y esto profundiza relaciones de poder del hombre sobre la mujer, mediadas por el miedo o la dependencia económica.

Fátima Muriel, líder de las Tejedoras de Vida, explica que una de las razones detrás de estos asesinatos son las cercanías afectivas que hay entre algunas mujeres y actores armados: “La guerra dejó a las mujeres unidas con muchos actores, llámese paramilitares, de las Farc o del Ejército. Y el machismo se ha exacerbado porque la guerra volvió. Se unen el machismo, el narcotráfico y el poder. A veces las mujeres saben que el esposo está metido en el negocio de la droga, y ellos, a veces por liberarse, las matan”.

También señala que al Putumayo están volviendo exparamilitares que ya cumplieron sus penas por la Ley de Justicia y Paz y quieren retomar el control que tenían hace años. Este hecho, más las disidencias, ha provocado el aumento de las extorsiones, los asesinatos y hasta el reclutamiento de menores de edad.

Volver a esta realidad implica para las mujeres que han tomado la vocería en la lucha por los derechos humanos en sus comunidades ser más susceptibles a las amenazas y asesinatos. La Defensoría del Pueblo ha tenido que atender y reubicar a cuatro mujeres por su liderazgo social. Incluso otra persona nos contó del caso de una aspirante a la Alcaldía de otro municipio —que por razones de seguridad decidimos no revelar— que al hablar públicamente en contra de la violencia hacia las mujeres fue amenazada de muerte.

“Algunos casos tienen que ver con el ejercicio de liderazgo, pero más allá de eso es el control que se quiere tener sobre ellas. Al asesinar a una mujer nos mandan un mensaje a todas las que exigimos nuestros derechos. Hay una sensación de que quieren bajar nuestro ímpetu organizativo. Sin Estado y sin organizaciones sociales, los grupos armados tienen absoluto control”, asegura Valentina González, una de las fundadoras de Casa Amazonia.

Otro tema que ella analiza con respecto al control es que varias de las mujeres asesinadas tenían cierta independencia económica, ya sea porque tenían su clínica, su restaurante o recibían los subsidios del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos.

“La violencia contra defensoras y lideresas también es violencia de género. En ese acto de violencia hay dos razones: uno porque está defendiendo y eso acá es un riesgo, y la segunda es porque es mujer”, sostiene Claudia Mejía, directora de la Corporación Sisma Mujer, y agrega: “A las mujeres no les pasa lo mismo que a los hombres, los riesgos no son iguales. El efecto en la familia y en la comunidad no es igual al atacar a una defensora que a un defensor; por ende, el Estado tiene que atenderlas de manera diferente”.

“Todo asesinato contra las mujeres inicialmente se tipifica como un feminicidio y nos preocupa, porque no vemos una respuesta frente a su seguridad y protección. No vemos respuestas claras por parte de las instituciones que tienen ese papel y queda ahí la duda de que no se están esclareciendo sus muertes”, advierte Amanda Camilo, quien hasta hace muy poco fue la coordinadora regional de la Ruta Pacífica de las Mujeres en Putumayo.

Lamentablemente, hay un caso muy conocido en este departamento sobre la desaparición de una mujer. El próximo 2 de mayo se cumple un año desde que se perdió el rastro de Deyanira Guerrero, lideresa social de la vereda El Placer, en Valle del Guamuez (Putumayo). Doce meses están por cumplirse y aún no se sabe nada de su paradero, ni de quiénes la desaparecieron.

Si bien se desplegó un comité de búsqueda casi al momento en el que se supo del hecho, las Tejedoras de Vida han denunciado en varias ocasiones que las autoridades del departamento no dan ninguna información, lo que tiene a su familia y compañeras en una eterna espera.

En julio de 2018, durante la sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para Líderes Sociales que se realizó en Putumayo, y a raíz del caso de Deyanira, surgió la preocupación desde estas organizaciones sociales de crear un plan de protección específico para las mujeres del departamento.

La propuesta escaló al Ministerio del Interior y desde ese momento nació la primera Mesa Territorial de Garantías de Seguridad para Lideresas del país, un piloto para establecer mecanismos de protección elaborados y acordados entre las mujeres e instituciones como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía y el Ministerio del Interior, entre otros. El otro piloto se abrió en los Montes de María y se espera que las mesas funcionen para abrirlas en el resto del país.

La Mesa de Putumayo ha sesionado en tres ocasiones. El pasado 21 y 22 de marzo se llevó a cabo la tercera sesión en Mocoa. En estas mesas han participado representantes de las más de cien organizaciones de mujeres que hay en los 13 municipios de Putumayo, quienes establecieron un plan de acción que garantice su protección y no repetición de los crímenes.

Entre las peticiones consignadas en este plan está la realización de campañas que resalten el rol de las defensoras, el fortalecimiento por parte de la institucionalidad a las organizaciones sociales de mujeres, el mejoramiento del alumbrado público en sitios que son críticos, así como fortalecer las inspecciones de Policía, hacer jornadas de denuncias e incluso vincular a los hijos e hijas de estas mujeres en programas deportivos y de atención contra el consumo de sustancias psicoactivas.

En la última reunión, la Gobernación, por ejemplo, se comprometió a gestionar los recursos para apoyar las campañas de las mujeres. Otro de los compromisos también vino de parte del alcalde de Puerto Asís, Omar Guevara, quien aseguró que están en la creación de una Casa de la Mujer desde donde se dirija la implementación de este plan de acción.

“Allí viene otra discusión y es que para la gran mayoría de nosotras la seguridad no es solamente contar con escoltas, chalecos y carros blindados. Requerimos que haya seguridad real en los territorios, donde hombres y mujeres podamos habitar y hablar sin miedo”, resume Amanda Camilo.

Las expectativas en esta Mesa Territorial son grandes. Demuestra el poder organizativo de las mujeres que no se van a dejar afectar por el miedo que infunden actores armados. Al contrario, ante cada caso de violencia exclaman en coro: “Si se meten con una, se meten con todas”.