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En Nariño se está viviendo una guerra desde todos los frentes. Las disputas entre paramilitares, disidentes de las Farc y la guerrilla del ELN han agudizado la violencia y los asesinatos selectivos no paran, los líderes sociales se están desplazando en silencio por temor a las represalias y los niños y jóvenes están en peligro de ser reclutados. Así lo advierte la Defensoría del Pueblo en su última alerta de riesgo inminente en la cordillera entre Nariño y Cauca, y así lo confirma la comunidad, que se encuentra en una encrucijada que desangra y aterroriza al departamento.
Muerte a cascadas y a cuenta gotas, haciendo alusión a las masacres, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos, es como define la situación de violencia un líder nariñense consultado por este diario y quien prefiere mantener su identidad oculta. Él asegura que la situación de violencia se viene agudizando desde 2019 y más recientemente con la incursión armada de disidentes de las Farc (según la Defensoría se trataría del frente “Carlos Patiño” del Comando Coordinador de Occidente) en un territorio donde se habían establecido la estructura Héroes de Cordillera de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), un grupo que surgió posterior a la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.
La situación de disputa por el territorio de estos grupos armados está detallada en la alerta temprana de la Defensoría AT Nº 036-2020. En el documento se asegura que cerca de 21.633 personas habitantes de los municipios de El Rosario y Leiva y por lo menos 300 familias de comunidades negras en el municipio de Sachamates se encuentran en inminente riesgo. Este puede derivar en “la materialización de graves violaciones a los derechos humanos” como por ejemplo, amenazas colectivas e individuales, ataques indiscriminados con explosivos, desapariciones y desplazamientos forzados.
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De acuerdo con testimonios, los habitantes están contra la pared y a la merced de los armados. “El resultado de las incursiones militares es que la gente se está condenando a los intereses de los grupos que están controlando las distintas áreas. Hace 15 días cuando estaban por acá las autodefensas, la gente tenía que rendirle cuenta a ellos. Ahora que llegan las disidencias, la gente le rinde cuentas es a ellos.”, asegura el líder nariñense.
Justamente, los civiles, ajenos a la guerra armada, han sido los más vulnerables y principales víctimas de la guerra. De acuerdo con cifras del Centro de Memoria Histórica, de los 262.197 muertos que dejó el conflicto en Colombia, 215.005 (es decir, el 82 %) de las víctimas mortales eran población civil.
Es, además, preocupante este escenario que relata otra fuente en el territorio: “Pese a que las disidencias ya se ingresaron a El Rosario y Leiva, en la última semana las Agc han amenazando a la comunidad, anunciando horas de salida, que el que salga se atenga y también que controlarán las vías porque van a retomar el territorio. Va a comenzar una oleada de represalias porque los grupos armados van a ir detrás de la población” advierte.
Esta dominación del desplazamiento de los habitantes por parte de grupos armados ilegales responde a que la vía de acceso para llegar a Leiva, a unos 140 kilómetros de Pasto, es un tramo destapado con condiciones deficientes de infraestructura y no presenta puntos de seguridad en al menos 24 kilómetros seguidos, según la Defensoría.
Este es el mapa que señala las zonas en riesgo:
Principales riesgos
La Defensoría y población de El Rosario, Leiva y Sachamites aseguran que el reclutamiento de jóvenes y menores es uno de los efectos de las disputas entre paramilitares y disidencias, esto se ha agudizado en los últimos meses debido a que no tienen acceso a internet, y debido a las restricciones por la pandemia, no tienen la posibilidad de adelantar sus estudios de manera remota.
De acuerdo con el documento, en el corregimiento de Santa Cruz, las Agc han “advertido a los jóvenes sobre el “deber” de estos de evidenciar el ingreso de otro grupo armado”, en este caso las facciones de las disidencias.
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De la misma forma, pobladores de la zona aseguran que, “como no existe una satisfacción de las necesidades básicas en la población, pues los grupos armados, pero no solo las Agc o las disidencias, sino también grupos de mafia se aprovechan pues el único sustento de muchas familias termina siendo la producción de hoja de coca y servir de mano de obra en actividades de explotación minera en el territorio”.
Además, se advierte sobre el desplazamiento silencioso de líderes sociales de la región. Según testimonios, estos estarían huyendo por temor a represalias y por advertencias que les han hecho grupos armados, por este motivo no denuncian. “En este momento, es el silencio y el temor es la bandera que de los líderes sociales de la cordillera para salvaguardar su integridad y la de su familia” asegura un poblador.
“Pese a que existen bases del Ejército y está la estación de la Policía, no se están desarrollando acciones efectivas para que la gente tenga la tranquilidad y la confianza para hacer público lo que está pasando. La realidad en el territorio es apremiando, el deficiente acceso a la justicia es lo que ha llevado a que la gente se someta a los designios de los grupos criminales antes de a la institucionalidad ante cualquier situación de riesgo”, asevera.
De igual forma, otra fuente consultada advirtió a este diario sobre los casos de desmembramiento y de desaparición en la zona. “Hay mucho subregistro uno mira las estadísticas y dice que no es grave, que en la cordillera no pasa nada, pero allá es muy común que a la gente se la llevan y nunca más aparece. Lo del desmembramiento no es algo que esté pasando únicamente entre grupos armados, también es una práctica que han empleado frente a la misma población civil, que solo entierra a sus muertos y deja las cosas quietas para evitar inconvenientes”.
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Los detalles de la situación de violencia que se agudiza en Nariño fueron remitidos a Alicia Arango, Ministra de Interior. Allí, la Defensoría le solicita con carácter de urgencia convocar un Consejo de Seguridad Nacional para atender esta situación. Asimismo, instó al Gobierno Nacional, departamento y a la Fuerza Pública para responder efectivamente ante las situaciones de riesgo en El Rosario, Sachamates y Leiva.
En este último municipio, hace dos semanas, hombres armados, pertenecientes a las Agc según testimonios de la comunidad, asesinaron a dos estudiantes de 15 y 18 años. En esta misma zona, se registró una matanza de cinco personas en la vereda El Palmar, el pasado 13 de marzo de 2020. Las víctimas aumentan, unos huyen pero quienes se quedan aseguran que “en Nariño no hay condiciones para que haya paz”.