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La noticia por el reciente nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar como coordinador de víctimas del Ministerio del Interior ha causado malestar, después de que se conociera que el joven de 30 años es hijo de Rodrigo Tovar Pupo, conocido en la guerra como Jorge 40, excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien cometió graves crímenes en el marco del conflicto armado y hoy está condenado en Estados Unidos a 16 años de prisión por narcotráfico.
Según datos de la Fiscalía General de la Nación, revelados por Verdad Abierta, ese Bloque cometió 333 masacres entre 1996 y 2005, en los departamentos de Cesar, Magdalena, Atlántico y La Guajira, que dejaron un total de 1.573 víctimas y 768 personas desaparecidas. Sin embargo, Tovar Pupo no ha admitido haber cometido crímenes de lesa humanidad como secuestro, homicidios o reclutamiento de menores.
(Lea: Jorge Rodrigo Tovar, hijo de “Jorge 40”, es el nuevo coordinador de víctimas del Mininterior)
Sin verdad ni justicia para las víctimas del exjefeparamilitar, este nombramiento es un acto revictimizante. Además, expresaron su desacuerdo con las afirmaciones que realizó en su cuenta de Twitter, en 2017, en las que señala que su padre es un "preso político" en Estados Unidos y que "no ha habido pruebas en su contra" para ser condenado. Un discurso que va en contravía de lo que ha afirmado eventos sobre paz y reconociliación, como uno organizado por Colombia2020 en 2018, en el que pidió perdón en nombre de su padre y dijo estar comprometido con la paz de Colombia.
Jorge Freytter, hijo de Jorge Adolfo Freytter Romero, profesor de la Universidad del Atlántico que fue secuestrado, torturado y asesinado por el Bloque Norte en agosto del 2001, le dijo a El Espectador que "ese nombramiento dificulta la reconciliación, pues es un insulto a las victimas". Agregó que esta decisión podría representar "un alto riesgo de que nuestros crímenes queden en la impunidad".
Sobre la afirmación de que Jorge 40 es un preso político, señaló que se trata más bien de "un criminal de guerra que debe ser juzgado por las instancias colombianas, apenas finalice su extradición". También, afirmó que es una revictimización directa hacia ellos y que ahora temen que los procesos judiciales que las víctimas del Caribe han logrado contra los exintegrantes de las Auc se puedan entorpecer: "Su padre no ha dicho toda la verdad de las masacres, asesinatos y graves violaciones de derechos humanos cuando fue comandante del Bloque Norte, entonces no podemos aceptar a su hijo como representante de víctimas". En enero de este año, el asesinato de Jorge Adolfo Freytter fue declarado un delito de lesa humanidad.
(Vea también: Colombia solicitó en extradición al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso)
La misma opinión la comparte Rosa Osorio, esposa de Danilo Javier Carrera Aguancha, uno de los siete agentes del CTI desaparecidos en marzo del 2000 a manos del Bloque Norte de las Auc, quien dijo que la decisión se trata de "una burla". Fue enfática en que las víctimas están indignadas: "Nos oponemos a que se nombre al hijo del victimario de nuestros familiares, y quien no ha pagado por lo que nos hizo, como un coordinador de las víctimas".
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice) se pronunció a través de un comunicado y señaló que el nuevo coordinador, aunque ha tenido un discurso de paz en su trayectoria política, podría no ser objetivo frente a las decisiones que se tomen sobre los delitos perpetrados por el Bloque Norte. "Abierta y públicamente él lo ha defendido como un "preso político" y "héroe" (a Tovar Pupo). Además, consideramos que el mensaje de construcción de paz debe estar sustentando en las intenciones de su padre de aportar a la verdad y la reparación integral de las víctimas", agregó la organización.
También se refirieron a la falta de experiencia de Jorge Rodrigo para el cargo como coordinador del Grupo de Articulación Interna de la Política de Víctimas del Conflicto Armado del Ministerio del Interior, que tiene entre sus funciones "hacer seguimiento a obligaciones constitucionales y legales de los mandatarios territoriales en materia de atención y reparación a la población víctima de infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) o de las violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de los Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado".
Para el Movice, "no es posible que quieren estén dirigiendo las instituciones estataltes y ocupan cargos públicos directamente relacionados con la toma de decisiones para garantizar los derechos de las víctimas no cuenten con experiencia relacionada para ejercer sus funciones y lleguen a estos cargos valiéndose del capital político de sus familias".En ese sentido, exigió el retiro de Jorge Rodrigo Tovar y mencionó que el país necesita escuchar toda la verdad por parte del exjefe paramilitar, como un aporte a la reconociliación y al cumplimiento de sus obligaciones.
Adelaida Sarmiento, coordinadora de la comunidad indígena kankuama y también víctima del Bloque Norte, expresó también su inconformismo: "Nuestro pueblo históricamente sufrió muchas afectaciones por los paramilitares cuando él estaba al mando, entonces estamos muy sorprendidos de que el gobierno de Iván Duque lo haya nombrado a él, precisamente, en ese cargo".
Sarmiento también señaló que el negar los hechos victimizantes de su padre es un mal indicio. "Todavía hay una deuda grande con nosotros en materia de reparación, entonces tememos que el hijo de nuestro victimario, que es quien debe ahora garantizarnos la reparación integral como víctimas, no lo vaya hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo seguimos pidiendo justicia? ¿Todo va quedar en la impunidad?", son algunos de los interrogantes que se han hecho como comunidad tras conocer la noticia.
En enero de este año, se conoció que Tovar Pupo pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para ingresar como excombatiente bajo el argumento de contar toda la verdad sobre los hechos cometidos, pero la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le negó el ingreso el 24 de enero de este año, argumentando que no tenía competencia sobre los exintegrantes de grupos paramilitares ni de otros grupos armados, diferentes a la extinta guerrilla Farc-ep.
También, en su momento la JEP contestó que, como exparamilitar, se debió haber sometido a la Ley de Justicia y Paz y contar toda la verdad, pero no lo hizo. La única posibilidad que le dejó esta Jurisdicción fue entrar voluntariamente como tercero civil, por haber financiado estructuras paramilitares en el marco del conflicto armado.